La creación de una Cámara Gesell móvil que permitirá asistir a víctimas que se encuentren en Quebrada y Puna y la modificación del Código Procesal Penal fueron los puntos destacados.
La reunión, que se llevó a cabo en el salón Marcos Paz de la Legislatura, estuvo presidida por el vicepresidente primero de la Cámara, a cargo de la Presidencia, Carlos Amaya; y contó con la presencia de los presidentes de bloque y algunos diputados.
El Fiscal General puso en conocimiento de los diputados que el MPA obtuvo un subsidio por la iniciativa Spotlight que es una alianza global y plurianual puesta en marcha por la Unión Europea y las Naciones Unidas orientada a eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. Asimismo informó acerca de la donación que realizó la empresa de transporte jujeña, Balut. “La iniciativa Spotlight nos dio un subsidio de 22.500 dólares y fueron aplicados a comprar insumos informáticos y de logística para reacondicionar el colectivo y poner en funcionamiento la Cámara Gesell móvil. Esto facilitará la tarea de llegar al territorio en donde haya víctimas de violencia de género, mayormente niños, en quebrada y puna”, explicó Lello Sánchez.
En la ocasión, el Fiscal General hizo hincapié en la modificación del Código Procesal Penal, que se encuentra en la Legislatura para su análisis: “la modificación haría que haya una justicia más expeditiva, más eficaz a través de la oralidad, de otros dispositivos que actualmente no están en vigencia porque seguimos con un sistema escriturario a pesar de que tenemos un código procesal acusatorio. Por eso hace falta adaptar un nuevo Código a estos tiempos que impliquen mayor celeridad, rapidez y eficacia en las investigaciones y en los enjuiciamientos de delitos”.
Por otra parte, Lello Sánchez detalló cuáles son los tres ejes de acción institucional más importantes del MPA. Primero, representar a la sociedad en la persecución penal de delitos. Luego, proveer a la autocomposición de los protagonistas en aquellos delitos pocos graves, a través de la mediación, la conciliación y la reparación a cargo de la oficina de Resolución alternativa de conflictos; es decir la alternativa al ejercicio del poder punitivo. Y por último, el funcionamiento del Centro de Asistencia a la Víctima que atiende a las víctimas: “es realmente una preocupación muy grande ante el crecimiento exponencial de delitos vinculados a problemáticas de violencia de género. La idea es optimizar la gestión y llegar a todos lados”, afirmó el Fiscal General
Al finalizar, Lello Sánchez explicó que el año pasado se rediseñó el funcionamiento del MPA debido a la pandemia: se instalaron salas para audiencias virtuales o remotas. Recordó que en el 2019 fueron casi mil las causas remitidas a juicios y comentó que en el 2020 fueron alrededor de setecientas. “Se resolvieron alrededor de 200 a través de juicios abreviados y también alrededor de 200 que fueron resultas con alternativas de conflicto. Es decir, hubo alrededor de 1000 causas con resolución del conflicto, a través de cualquiera de las vías. Dentro de las 28 mil causas que entraron al sistema, sólo 9000 tuvieron imputación y alrededor del 10% se terminaron con una sentencia o un acuerdo abreviado o resolución alternativa del conflicto. Un porcentaje importante si tenemos en cuenta las dificultades propias de la pandemia”, concluyó el Fiscal General.
A su turno, el diputado Carlos Amaya manifestó que el punto más destacado del informe fue la creación de la Cámara Gesell móvil: “estará en la ciudad de Humahuaca como base, para que se pueda trasladar a distintas localidad alejadas de quebrada y puna. Será para que se pueda asistir a las víctimas en su lugar de residencia y no tener que sufrir el traslado con las complicaciones que eso implica”.
Amaya también destacó la inauguración de fiscalías en diferentes puntos de la Provincia: “Es alarmante el porcentaje de violencia de género. Un 30% de todos los casos que maneja el MPA se refiere a ello. Es un tema que alarma y preocupa. Con las leyes que hacemos no se detiene el tema. Seguiremos trabajando para lograr bajar estos índices que sufren las mujeres de nuestra sociedad”.
Respecto de la modificación del Código Procesal Penal, Amaya afirmó que el Fiscal General le solicitó a la Cámara que lo trate lo antes posible para generar más agilidad, rapidez y menos burocracia en la justicia.
