La Corte, a punto de voltear el Consejo de la Magistratura que Cristina Kirchner diseñó en 2006

El final está cantado, y durante los últimos cinco años sólo se especuló cuándo ocurriría: ahora la Corte Suprema de Justicia estaría a punto de declarar inconstitucional la ley que en 2006 reformó la integración del Consejo de la Magistratura.

Es un organismo clave que concursa y selecciona a los candidatos para jueces y que también puede juzgar y apartar por mal desempeño a los magistrados.

Con esa reforma, impulsada personalmente por la entonces senadora Cristina Kirchner, el Consejo redujo la cantidad de miembros de 20 a 13, y los representantes de la política -legisladores y Poder Ejecutivo- lograron una proporción suficiente para vetar cualquier resolución. Es decir que desde entonces el oficialismo de turno puede paralizar la designación en una terna de cualquier candidato que no quiera, y también evitar el juicio político de un magistrado al que desee proteger.

El Consejo de la Magistratura fue instituido en la Constitución de 1994 para reemplazar las opacas negociaciones que se hacían en la Comisión de Acuerdos del Senado, donde se cocinaban las designaciones de jueces en base a afinidades y loteos políticos.

Esa prescripción constitucional se tradujo en una ley según la cual el flamante consejo estaría integrado por 20 miembros: 4 jueces (20%), 4 abogados (20%), 4 legisladores por la mayoría (20%), 4 legisladores por la minoría (20%), 2 académicos (10%), un representante del Poder Ejecutivo (5%) y el presidente de la Corte (5%), que también conduciría el Consejo.

Pero en febrero de 2006, la ley 26.080 redujo a 13 la cantidad de consejeros, y modificó aquellos equilibrios. La integración, que se mantiene hasta hoy, quedó de la siguiente manera: 3 jueces (23,08%), 2 abogados (15,38%), 4 legisladores por la mayoría (30,76%), 2 legisladores por la minoría (15,38%), 1 académico (7,69%) y un representante del Poder Ejecutivo (7,69%). El crecimiento del peso de «la política» en la proporción de consejeros es evidente, y fue cuestionado de inmediato.

Más alla de los pataleos mediáticos, el planteo de inconstitucionalidad de aquella ley llegó a la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal por una denuncia del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. En 2013, un juzgado de primera instancia declaró inconstitucional la ley de 2006, el 19 de noviembre de 2015 la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó esa decisión, y una nueva apelación del gobierno llevó el caso a la Corte, donde el expediente permanece dormido desde entonces.

Parte de este tiempo transcurrió por una gestión que el ex jefe de Gabinete Marcos Peña hizo ante el tribunal, anunciando que el gobierno de Mauricio Macri enviaría al Congreso un proyecto de ley para restituir el equilibrio perdido en la Magistratura. Esa ley, entonces, tornaría abstracto el planteo pendiente de resolución por el máximo tribunal.

Pero esa ley no se aprobó, y Macri tampoco retiró el recurso extraordinario que Cristina había llevado a la Corte, lo que hubiera dejado firme el fallo de la Cámara que ratificó la inconstitucionalidad de la reforma de 2006.

Con esas piezas, el tribunal que ahora conduce Horacio Rosatti debe resolver un rompecabezas que convirtió al caso en uno de los de mayor trascendencia institucional de los que tiene entre manos, y que los jueces estarían dispuestos a ponerle punto final antes de fin de año, incluso este mismo martes 16 o el jueves 18.

La sensibilidad política respecto de la cuestión es extrema: desde la «reforma Kirchner», y con la radicalización que el gobierno de Cristina tuvo desde 2008, el Consejo fue elevando al Ejecutivo ternas de candidatos a jueces mayoritariamente vinculados con la agrupación K Justicia Legítima, más allá de sus méritos o deméritos profesionales. Esa arbitrariedad -que solo pudo ser morigerada con la paralización del organismo, ya que la oposición se negó a votar decenas de ternas- repercutió de inmediato en los tribunales, ya sea por la matriz política de muchos fallos como por las masivas vacancias en juzgados y cámaras, que tuvieron que subsanarse con magistrados subrogantes, es decir suplentes.

Así pasaron los años, a través de los cuales esa deriva fue teniendo consecuencias. Dos de las últimas y más sonoras fueron el desplazamiento de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi de la Cámara Federal porteña, votado en el Consejo -que antes había aprobado su traslado allí- y ratificado parcialmente por la Corte: ahora la ONU está pidiendo información sobre qué se hizo con esos jueces, con cuestionario muy incómodo para el gobierno y que causó alarma en Cancillería.

El otro caso que terminó de convencer a los ministros de la Corte de que había que desempolvar la carpeta con el planteo sobre la Magistratura fue el controvertido fallo del Tribunal Oral Federal 5 que sobreseyó a Cristina y sus hijos en los casos Hotesur y Los Sauces sin que se haga el juicio oral. La resolución, contranatura para un tribunal que justamente debe encargarse de hacer ese juicio fue posible con el voto de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg, un subrogante que apoyó a Justicia Legítima, y que firmó esa sentencia 72 horas antes de abandonar su suplencia.

Apenas trascendió que la Corte analizaba pronunciarse sobre el Consejo, el gobierno desató una copiosa lluvia ácida sobre el tribunal, con acusaciones de todo tipo y la intrigante visita del ministro de Justicia, Martín Soria, para presionar a los magistrados y reiterar que se envió un nuevo proyecto de ley al Congreso para modificar la integración del organismo. Una secuela de la variante Peña de 2017, que la Corte no volverá a aceptar.

En el quinto piso del palacio de Tribunales optaron por un silencio absoluto, que en estas semanas apenas se rompió para advertir que no tocarían el tema mientras no concluyera el proceso electoral en la Asociación de Magistrados, de donde salen los cuatro jueces que integran el Consejo. Con esa elección terminada -un ajustado triunfo de la lista Bordó sobre la Celeste más cercana al kirchnerismo- sí llegó el momento de pronunciarse, para que el mensaje de que el máximo tribunal está preocupado por lo que viene ocurriendo en la justicia llegue con claridad y antes de la feria estival.

Claudio Savoia (Clarín)