La Coalición Cívica presentó un proyecto para evitar que, al igual que Amado Boudou, funcionarios públicos condenados reciban privilegios del Estado.
Por Laura Serra.– El bloque de la Coalición Cívica de la Cámara de Diputados presentó un proyecto que propone modificar la ley de jubilaciones y pensiones con el propósito de evitar que se repita la polémica con el caso de Amado Boudou quien, pese a estar condenado, reclamó el pago de una pensión vitalicia como vicepresidente .
La iniciativa, elaborada por la diputada María Lucila Lehman , establece una modificación del artículo 29 de la ley 24.018 para que las personas condenadas por uno o más delitos contra la administración pública dejen de percibir el beneficio «por el doble del tiempo de la condena». La norma actual sólo impide el cobro del beneficio cuando el funcionario haya sido separado de su cargo por mal desempeño en sus funciones por medio de un sumario o de un proceso de juicio político.
«La actual redacción de la norma sólo dispone la privación de los privilegios en caso de remoción por juicio político y sumario -fundamentó Lehman-. Tal posibilidad no abarca todas las circunstancias fácticas, ya que, como la experiencia nos ha demostrado, suele comprobarse la actitud criminal mucho más tarde del tiempo de finalización del mandato.
El proyecto de la Coalición Cívica surgió tras la polémica que desató el reclamo, por parte de Boudou, del pago retroactivo de su pensión vitalicia como vicepresidente. Si la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) resuelve el trámite a su favor, Boudou cobraría un monto aproximado de 17 millones de pesos. Por de pronto, el exvicepresidente cuenta con el aval del procurador del Tesoro, Carlos Zannini , quien la semana pasada emitió un dictamen a favor de que Boudou reciba esa pensión con el argumento de que Boudou nunca fue sometido a juicio político.
Con su proyecto, la diputada Lehman pretende devolver el «correcto encuadre ético» las norma. «Resulta moralmente reprochable que el funcionario que fue condenado por delitos contra el Estado, perciba de este mismo Estado beneficios de privilegio en razón de su función, cuando fue precisamente por ella que cometió un delito contra la administración», reprochó la diputada Lehman.
