Corrían los últimos días de la feria judicial de enero cuando Karina Moyano, hija del líder del gremio de Camioneros, se presentó ante la Justicia federal de Lomas de Zamora con el abogado más cercano a Hugo Moyano, Daniel Llermanos.
Pidió que le devolvieran casi medio millón de dólares que se encontraban congelados en una causa por narcotráfico. Y, para eso, sostuvo que el origen de ese dinero es su propia familia y su abogado.
Primero, el expediente. Karina Moyano terminó envuelta en una investigación penal sobre una red de narcotráfico porque en el documento de identidad de una mujer detenida e indagada en esa causa, Macarena Acevey, figuraba su domicilio en la calle Inclán al 3700, de la ciudad de Buenos Aires.
El entonces juez federal a cargo de esa investigación, Federico Villena, ordenó allanar ese domicilio, donde se determinó que allí residía el padre de Acevey y quien por entonces era su pareja, Karina Moyano, y donde se encontraron US$ 436.670 y $ 600.000 -equivalentes a unos US$ 15.000 al tipo de cambio entonces vigente-, que quedaron a disposición de la Justicia.
En las semanas que siguieron, Karina Moyano intentó recuperar ese dinero, pero el nuevo juez a cargo de la investigación, Juan Pablo Augé, rechazó esa solicitud, que no apeló la hija del líder del gremio de Camioneros
Veintiocho meses después de aquel decomiso, sin embargo, cuando el juez Augé se encontraba de vacaciones, Karina Moyano se presentó en plena feria judicial para pedir que la sobreseyeran y le devolvieran ese dinero, aun cuando continuaba sujeto a una investigación para determinar su origen y legalidad.
Según explicó Moyano en uno de los varios escritos sucesivos que presentó en cuestión de horas ante el juez a cargo del expediente durante la feria, Federico Villena, ese dinero «responde a causas de absoluta legitimidad y buena fe». Según explicó, era fruto de «préstamos e incluso donaciones de mis padres y hermanos durante un tiempo extenso que no puedo precisar con exactitud, pero tengo la certeza de que esa conducta solidaria se inició antes del comienzo de 2016».
Psicóloga social y secretaria de Género en el gremio de Camioneros, en uno de los escritos precisó que «el objetivo de la ayuda económica consistía en conformar una sociedad con aquel [por su pareja, padre de la detenida], una empresa familiar de logística destinada fundamentalmente al rubro fletes».
Ante la Justicia, cabe precisar, Karina Moyano, de 47 años, no acompañó constancias registrales sobre esa empresa o sociedad, ni otra documentación respaldatoria de sus dichos, como así tampoco ninguna declaración jurada de su padre, madre o hermanos en la que constara que contaban con esa disponibilidad de dinero en efectivo.
La hija de Moyano sí añadió, en cambio, que el abogado que firmó con ella uno de esos escritos, Daniel Llermanos, letrado histórico de su padre, le había «aportado» US$ 80.000, sin precisar si lo hizo en concepto de donación o préstamo. «Me patrocina y es amigo y abogado nuestro desde hace muchísimos años», indicó, sin tampoco acompañar constancias.
Por el contrario, Karina Moyano sí ahondó en los motivos por los que no le reclamó ese dinero a lo largo de 2019 al juez de Lomas de Zamora a cargo de la investigación, Juan Pablo Augé, pero sí se decidió a hacerlo en plena feria judicial, cuando por unos días firmaba otro magistrado, Federico Villena.
«No reclamé con antelación la devolución de los importes aludidos -limitándome a reclamar celulares y otras cosas- porque cada acción de mi familia era tomada por la prensa como hechos irregulares que se difundían en los medios hegemónicos de manera masiva en la búsqueda política de aniquilar nuestra imagen pública y no quise -en medio del enorme lawfare que sufrían mi padre y mi hermano Pablo- añadir otra cuestión que pudiera perjudicarlos».
«Tomé ahora la decisión de reclamar la restitución [de los fondos]», abundó, «porque al haberme separado de mi pareja necesito con urgencia recuperar el dinero para adquirir un inmueble para vivienda familiar», además de sostener que no se encontraba «imputada por la comisión o participación en ningún ilícito».
Hija del primer matrimonio de Hugo Moyano con Olga Beatriz Mariani. Karina es hermana de Pablo -número dos del gremio- y de Paola Maria Isabel, quien está casada con el actual titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, y de Emiliano, quien falleció y por quien crearon la Fundación «Emito».
En los registros oficiales, Karina figuró como empleada de la Dirección General de Escuelas bonaerense, la Fundación «Emito» y la Obra Social del Gremio de Camioneros, mantiene un crédito menor con el Banco Santander Río y un cheque rechazado por cerca de $ 50.000 en los últimos años.
Por: Hugo Alconada Mon
