Son magistrados de San Isidro, Bahía Blanca y Lomas de Zamora. Es porque no cumplieron con la ley que obliga a informar a las víctimas.
Con el impulso del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el próximo martes el Observatorio de Víctimas de Delitos hará una presentación ante el Consejo de la Magistratura bonaerense pidiendo el juicio político de tres jueces que liberaron presos por el coronavirus. Es por no cumplir con la ley que obliga a los magistrados a informar y escuchar a las víctimas antes de poner en libertad a un detenido.
El Observatorio, que está presidido por Sandra Rossi, ya acumuló pruebas sobre magistrados que pertenecen a tres departamentos judiciales: San Isidro, Bahía Blanca y Lomas de Zamora. Sus nombres no trascendieron todavía. Además del juicio pedirán su suspensión preventiva.
La decisión de ir contra los jueces se comenzó a gestar luego del masivo cacerolazo que se dio el jueves en distintos puntos del país. Massa sacó una resolución en la que dio instrucción al Observatorio de Víctimas de Delitos, que depende del Congreso, para que en caso de que los jueces no cumplieran en dar vista a la víctima, le iniciaran juicio político. «Estamos viendo que en algunos lugares algunos jueces están actuando de manera irresponsable», había enfatizado Massa días atrás.
A partir de los comentarios de las víctimas, el organismo comenzó a recopilar información sobre los liberados con arresto domiciliario y a detectar en qué juzgados se habían producido. En la mayoría de los casos, no se había cumplido con la norma que indica informar a las víctimas cuando se produce una liberación o se informaba de manera incompleta. Además, la ley obliga a que la Justicia escuche la posición de la víctima antes de dejar en libertad al delincuente.
La ministra de Justicia bonaerense, Marcela Losardo, había señalado con respecto a la liberación de los presos que era «injusto que hagan cargo al Poder Ejecutivo de cosas con la que no tiene que ver» y había asegurado que «deberán explicar aquellos que tomaron esas medidas, cada uno es responsable de sus actos, y para eso está la división de poderes».
El presidente Alberto Fernández había negado el miércoles que su gestión prepare una “liberación masiva” de presos por la pandemia del coronavirus y aseguró que “la solución a este problema está en manos de los tribunales”.
