Un grupo de financistas y empleados bancarios deberá ir a juicio oral por haber ayudado a lavar 60 millones de dólares del empresario santacruceño Lázaro Báez en el exterior.
Báez, procesado junto a la ex presidente Cristina Kirchner en las causas por la obra pública y por Hotesur, ya está enfrentando un juicio junto a sus hijos y el valijero «arrepentido» Leonardo Fariña, entre otros, por la llamada ruta del dinero K.
Pero en el curso de esa investigación se descubrieron maniobras que describieron un mecanismo de operaciones financieras que hasta salpicó los nombres de futbolistas como Carlos Tevez y Gustavo Heinze y que no llegaron a ser elevadas a juicio con el tramo principal del expediente.
Según la resolución a la que accedió Infobae, el juez federal Sebastián Casanello culminó ahora con esa investigación y decidió enviar a juicio oral a los financistas procesados José Alex Ariel Fallas, José Sebastián Jabbaz, Mariano Andrés Rubinowicz y Jorge Horacio Ruiz –directivos de la firma Provalor Sociedad de Bolsa-; y a Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis -un ex empleado del banco Lombard Odier y su jefe-.
Todos ellos están acusados de ser coautores del delito de lavado de dinero y el juez los había embargados por cifras que iban de 144 millones a 716 millones de pesos. Es por haber «intervenido en la conformación de una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero para la canalización, conversión, transferencia, administración, venta, disimulo y/o puesta en circulación en el mercado, de fondos de Lázaro Antonio Báez de procedencia ilícita, en pos de cortar todo lazo con los hechos que los originaron y, posteriormente, convertirlos e integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud».
De acuerdo con la resolución, la maniobra se llevó a cabo «mediante complejos procedimientos financieros para expatriar, cuanto menos y tomando en cuenta el período 2010-2011, una suma cercana a los 60 millones de dólares, para su posterior reintroducción en el mercado local mediante operaciones financieras, entre las que se destaca la transacción de bonos de deuda pública Argentina y su posterior liquidación en el Mercado de Valores de Rosario, activos que terminaron en las arcas de Austral Construcciones S.A».
El dinero tenía origen, dijo el fiscal Guillermo Marijuan, «en la ganancia ilegítimamente obtenida por el grupo empresario de Lázaro Báez en el marco de un amplio escenario de corrupción institucional» en la causa de la obra pública. Es la causa por la que la ex presidente, el ex ministro de Planificacion Julio De Vido, el ex secretario José López y el propio Báez tienen fecha de juicio oral el próximo 26 de febrero.
Desde Provalor, «se remitieron al exterior fondos de procedencia ilícita a través de un servicio de intermediación financiera comúnmente denominado ‘compensación’ o ‘cables’ ofrecidos en esa entidad. Y a través de ese mecanismo, se expatrió la suma de U$S 1.500.000″, explicó el juez. Para asumir la titularidad de ese dinero, se procedió a registrar en el país de Belice una filial de la firma panameña Teegan Inc. Según Casanello, los financistas pusieron su estructura financiera a disposición de los Báez y además le suministraron «el contacto con el representante del banco Lombard Odier, una gestión con el fin de obtener la firma Teegan Inc. Belice, a favor de Martín Báez, y los servicios de remisión de dinero al exterior a través de mecanismos fuera de la normativa y de cualquier organismo de control».
En la causa se sostuvo que Teegan carecía de actividad real pero fue utilizada para abrir la cuenta bancaria n° 509755 en el banco suizo Lombard Odier, con sede en la ciudad de Ginebra, cuyo empleado Martín Andrés Eraso a pedido de su jefe en esa entidad, Juan Alberto De Rasis, fue presentado por los directivos de Provalor a Jorge Leonardo Fariña». Fariña actuó en representación de la familia Báez y Martín Antonio Báez firmó los correspondientes formularios de apertura.
Con esa sociedad a disposición, los imputados abrieron la cuenta n° 511656 en el Lombard Odier, para lo cual sus representantes panameños firmaron los formularios respectivos con fecha 9 de septiembre de 2011. Allí se indica que los cuatro hijos de Lázaro Báez son los beneficiarios finales de la cuenta y que poseen facultad como firmantes Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco. «A lo largo del año en que estuvo activa, cada débito se realizaba de manera inmediata luego de percibir un ingreso para mantener un saldo muy cercano a cero, evidenciando ello la hipótesis de tratarse de una cuenta puente. En cuanto al origen de los fondos, tal como ya se mencionó, los depósitos superaron los U$S 42 millones en el término de un año», dijo el juez.
«Se observa que la mitad corresponde a ‘money market’ son retornos de previas salidas de dinero hacia la búsqueda de rentas en un fondo de inversión del banco. Más de un 20%, casi U$S 9 millones, se identifican como fondos provenientes de la panameña SGI Argentina SA, del mismo grupo offshore. Son 15 depósitos que en promedio significaron ingresos de U$S 583 miles cada uno y siempre desde el Bank of Nova Scotia Panamá vía JP Morgan Chase Bank of New York y el banco de inversiones suizo Piguet Galland & Cíe. Buena parte del resto corresponde a ingresos fraccionados provenientes de personas físicas y jurídicas varias -12 y 15 transferencias respectivamente-, entre los que se encuentran Gabriel Heinze (U$S 180 miles en fecha 16 de febrero de 2012) y Carlos Alberto Tevez (U$S 550 miles en fecha 16 de febrero de 2012)», se sostuvo.
«Detrás de estas transferencias, de acuerdo a los testimonios incorporados, actuó como intermediario la Sociedad de Bolsa Provalor», se señaló. Mariano Aguilar, representante de Heinze y Tevez, relató que esas transferencias tenían que ver «con el año 2012 donde había un montón de restricciones para repatriar fondos».
