Con la última intervención del abogado Miguel Arce Aggeo, defensor de dos ex presidentes de Vialidad Provincial de Santa Cruz, concluyó este lunes la etapa de alegatos en el juicio por corrupción en la obra pública vial de esa provincia durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, quien afronta un pedido de doce años de cárcel como supuesta jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado con la atribución de 51 contratos para las empresas de Lázaro Báez por un total de 46.000 millones de pesos,que según la acusación estuvieron viciados por sobreprecios, direccionamientos, falta de controles, pagos indebidos y preferencias únicas. Pese a una objeción de varios acusados, la fiscalía podrá replicar a los defensores desde el 14 de noviembre.
“Si esta sentencia fuese condenatoria, entrega carta blanca a la persecución política sin restricciones”, dijo el abogado defensor del expresidente de la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz (AGVP), Juan Carlos Villafañe.
Según el letrado, Villafañe -a quien los fiscales acusaron de administración fraudulenta y pidieron para él seis años de prisión- expresó que la pena de encierro se le impondría “por ser un ferviente peronista, pero no por haberse quedado con un peso de los argentinos”.
Luego del cierre de esa defensa de contenido político, el abogado de otro de los acusados tomó la palabra para formular un plateo que de inmediato fue acompañado por otros cinco de sus colegas defensores: el doctor Mariano Fragueiro Frías, letrado de Héctor Garro, le pidió al Tribunal Oral Federal 2 que le impida a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola replicar a los alegatos.
“Las vistas significarían una prolongación de los alegatos y violarían el derecho de defensa”, dijo Fragueiro en un planteo singular, al que adhirieron los defensores de Nelson Periotti (Federico Paruolo), Lázaro Báez (Juan Martín Villanueva) y Julio De Vido (Gabriel Palmeiro), Carlos Santiago Kirchner (Nicolás Guzmán) y Raúl Pavesi (Oscar Vignale).
“El tribunal está en condiciones de decidir lo que corresponda sin necesidad de escuchar a nadie más”, afirmó Fragueiro Frías, luego de suponer que «el fiscal debe tener ganas de contestar un montón de cosas y que probablemente lo haga en el momento de las vistas, pero eso implicaría desnaturalizar los alegatos”.
Pero luego de un breve cuarto intermedio dispuesto por el tribunal, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu rechazaron el pedido: “omitir la opinión de la contraparte violaría el principio de bilateralidad y contradicción que hace al debido proceso legal de un juicio adversarial”, dijo Gorini en su rol de presidente del tribunal. Y dispuso que la fiscalía pueda formular sus «vistas» -aclaraciones respecto de las exposiciones de las defensas- a partir del 14 de noviembre.
Sin embargo, y pese al hermetismo con que la fiscalía condujo todo el proceso, en el entorno de los doctores Luciani y Mola consideraban que «los alegatos de los imputados no pudieron cuestionar ni una sola de las acusaciones. Apelaron a las maniobras habituales para tratar de mejorar su posición, pero nada más». El sentimiento predominante en esa oficina era de satisfacción.
En cualquier caso, el juicio entrará en su recta final, y se cumplirán las previsiones del TOF 2 para concluirlo antes de fin de año.
