Juez prohíbe dar de baja planes sociales a manifestantes; el Gobierno apelará la medida

El juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, dictó una medida cautelar que impide al Gobierno dar de baja los planes sociales a quienes participen en manifestaciones y actos violentos.
Acampes piqueteros
Un fallo judicial le prohíbe al Gobierno dar de baja a planes sociales a activistas y piqueteros que realizan actos violentos

La decisión responde a un amparo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), entidad liderada por Alejandro Gramajo, del Movimiento Evita.

Desde la Casa Rosada, se anunció que el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, apelará la resolución. Funcionarios del Gobierno sostienen que la medida judicial favorece «extorsiones y aprovechamientos espurios» de ciertos sectores.

Alcance del fallo

El fallo suspende parcialmente la aplicación de la Resolución 84/2024 del Ministerio de Capital Humano, que establecía las causales de egreso de los programas sociales «Volver al Trabajo» y «Acompañamiento Social». Entre los motivos de exclusión figuraban:

Impedir, estorbar o interrumpir el normal funcionamiento del transporte o la libre circulación.

Participar en actos de violencia que alteren el orden público.

Ser prófugo de la justicia.

Poseer más de un bien inmueble o un automóvil con menos de diez años de antigüedad.

Percibir jubilaciones, pensiones o subsidios por desempleo.

Viajar al exterior por un tiempo incompatible con la contraprestación exigida.

El magistrado consideró que la aplicación de estas disposiciones «revisten indicios de ilegitimidad», argumentando que la exclusión inmediata vulnera el derecho de defensa de los beneficiarios. También cuestionó la falta de criterios claros en la disposición que impide a los beneficiarios viajar al exterior y la incompatibilidad con el uso de tarjetas de crédito o billeteras virtuales, al considerar que fomenta la informalidad económica.

Respuesta del Gobierno

Desde el Ministerio de Capital Humano, se manifestó un fuerte rechazo a la medida y se argumentó que:

El derecho a ser oído no está afectado, ya que las bajas se aplican a quienes incumplen las condiciones establecidas en los programas sociales.

La condición de vulnerabilidad económica no debe justificar la participación en actos de violencia o bloqueos.

La decisión judicial podría interpretarse como un favor a ciertas organizaciones sociales que movilizan a beneficiarios de planes.

El Gobierno reafirmó su intención de evitar el uso de los programas sociales con fines extorsivos y anunció que presentará una apelación para revertir la medida judicial.

Modificaciones en los planes sociales

Los programas «Volver al Trabajo» y «Acompañamiento Social» fueron creados por la administración de Javier Milei para reemplazar «Potenciar Trabajo», con el objetivo de reformular la asistencia social. Sin embargo, diversas organizaciones han denunciado que las nuevas condiciones han reducido la cantidad de beneficiarios y disminuido los montos otorgados.

La Resolución 84/2024 formalizó la eliminación de «Potenciar Trabajo» y su reemplazo por los nuevos programas. El debate en torno a estas políticas sigue generando tensiones entre el Gobierno y las organizaciones sociales, en un contexto de crecientes reclamos por la asistencia estatal.

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