Especialistas consultados por Infobae señalaron que las personas que reciban un aumento menor al previsto en la suspendida ley de movilidad tienen listos los reclamos para ir a la Justicia
Por Daniel Blanco Gómez
Luego del anuncio de Gobierno sobre el aumento por decreto a las jubilaciones en el segundo trimestre del año –será del 2,3% más una suma fija de $1500- abogados previsionales consultados por Infobae señalaron que si bien quienes cobran el haber mínimo tendrán un alza de 13%, el resto de los jubilados tendrán fuertes quitas, de entre 5% y 7%, por lo que ya preparan reclamos en la Justicia.
Si bien con la medida el 86,8% de los beneficiarios del sistema de seguridad social (lo que además de jubilaciones y pensiones incluye perceptores de la Asignación Universal por Hijo y otros planes sociales), unos 13,6 millones de personas, recibirán un incremento en su haber que superará el 11,56% que hubiesen percibido con la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada en 2017, el resto de los jubilados verán disminuido su haber respecto a lo que surgía del sistema anterior.
“Con este aumento que anunció el Gobierno para las jubilaciones, un haber de 50.000 pesos pierde cerca de 3000 pesos. Y una jubilación de 100.000 pesos pierde cerca de 7600 pesos. Esas personas van a ir a reclamar a la Justicia sin lugar a dudas. Son los que más acceso a abogados tienen”, remarcó Andrea Falcone, abogada previsionalista del estudio jurídico Jubilarnos.com.
En ese sentido, agregó que muchos de ellos tienen juicios en curso por lo cual tienen acceso a letrados que van a reclamar. “En mi caso tengo la primera demanda lista para presentar el lunes”, afirmó.
Con este aumento que anunció el Gobierno para las jubilaciones, un haber de 50.000 pesos pierde cerca de 3000 pesos. Y una jubilación de 100.000 pesos pierde cerca de 7600 pesos. Esas personas van a ir a reclamar a la Justicia sin lugar a dudas. Son los que más acceso a abogados tienen (Andrea Falcone, abogada previsionalista).
A su turno, el abogado previsionalista Adrián Troccoli, del estudio homónimo, advirtió que el aumento es menos de un 4% para las jubilaciones más altas. “En el caso de las más bajas no les recupera lo perdido siquiera el año pasado. Mucho menos los 20 puntos que le había prometido en campaña el Gobierno”, indicó.
Y añadió: “Lo más preocupante es que esto tenga carácter permanente. Lo que significa que no es que mientras que dure la emergencia económica les van a quitar este porcentaje y después nada. Digo bajar porque los jubilados tenían previsto un aumento de 11,56% según la ley de movilidad. Les van a estar dando una suba entre el 4 y el 6% si hablamos de las escalas medias. Y eso es muy poco”.
Troccoli sostuvo además que su estudio jurídico ya inició el reclamo en muchos casos por el retraso actual en los haberes luego de una pérdida de casi 20 puntos en los últimos cuatro años”.
En tanto, insistió con que con esta actualización vía decreto los jubilados que no cobran la mínima “tienen una pérdida que se acumula a la que ya había reconocido el mismo presidente Alberto Fernández”.
o no solo no soluciona nada sino que al 75% de los que sí aportaron para jubilarse les produce una quita cuando ya venían con un atraso”, destacó.
Federico Bobrovsky, abogado del estudio Bobrovsky, consideró que si bien con esta actualización abarcan a la enorme mayoría de los beneficiarios, “siguen las incógnitas de cómo va a impactar esto en aquellos que tienen la capacidad de hacer juicio”.
“No creo que se genere inmediatamente una catarata de juicios pero hay que ver lo que pasa con la ley de movilidad que terminen presentando la actual gestión”, señaló.
En ese marco, agregó que el Gobierno se ampara en la declaración de Emergencia pero remarcó que el sistema previsional no es redistributivo. “Esto tiene un sabor agridulce. Se celebra que cobren un aumento superior al previsto los que menos cobran pero no a costa del resto. Las jubilaciones están previstas para que cada jubilado cobre un haber similar al que tenía cuando estaba en actividad”, detalló.
Por último, consideró que hay que ir hacia una formula jubilatoria que sea sustentable en el tiempo pero que no sea a costa de perder derechos. “El sistema de seguridad no es asistencialismo. Eso no es así”, sentenció.
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