Luego de que el Senado aprobara la ley sobre la nueva movilidad jubilatoria, el presidente Javier Milei vetó completamente el proyecto. El decreto, firmado el viernes por la noche, se publicó esta madrugada en el Boletín Oficial, haciendo efectiva la decisión. A la par, el Ejecutivo oficializó un nuevo bono de $70 mil para los jubilados, en el marco del sistema de actualizaciones vigente.
Aunque aún no se ha definido, se está considerando un aumento adicional que podría rondar el 8%, condicionado por la respuesta de la oposición al veto.
El presidente tomó esta decisión tras reunirse con diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) y con aliados de la Cámara baja.
El decreto 782/2024 argumenta que la iniciativa aprobada por el Congreso es «manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente, ya que no contempla el impacto fiscal ni determina la fuente de su financiamiento». Este ha sido el principal argumento sostenido por el Ejecutivo desde la sanción de la ley. Además, señalaron que el proyecto «presenta graves deficiencias técnicas y operativas que evidencian su irrazonabilidad y las serias dificultades para su implementación».
El Ejecutivo instó al Poder Legislativo a «actuar con sensatez institucional y de manera responsable, evitando emitir disposiciones que puedan afectar negativamente las cuentas públicas o contradecir las proyecciones presupuestarias». Subrayaron que la administración de los recursos públicos debe realizarse de manera responsable y orientada al bien común.
El Gobierno también advirtió que la iniciativa complicaría la recuperación del sistema previsional al prever futuros incumplimientos y deudas con los beneficiarios, debido a la falta de especificación de la fuente de financiamiento.
Como ejemplo, el Ejecutivo mencionó que el impacto estimado de la medida sería de $6,16 billones para 2024, y de $15,43 billones para el próximo año. Estos montos equivalen al 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI) estimado para el año en curso, y al 1,64% del PBI proyectado para 2025.
En cuanto al gasto previsional para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), se estima que estos importes representarían un aumento del 18,5% en 2024 y del 29,2% en 2025. Además, indicaron que si estos gastos se relacionaran con el gasto primario de la Administración Nacional, la medida implicaría un aumento aproximado del 8% del presupuesto vigente en términos anuales.
El Gobierno reiteró su objetivo de eliminar la emisión monetaria para combatir la inflación que afecta el poder adquisitivo de los argentinos. Argumentaron que la aplicación de esta ley «dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas», lo que obligaría a recurrir a financiamiento extraordinario mediante deuda pública o aumento de impuestos.
Tras el veto, el Congreso puede insistir en la nueva fórmula, pero necesitaría el apoyo de dos tercios de los miembros presentes en ambas Cámaras. Primero se tratará en Diputados y luego en el Senado.
Desde la aprobación en el Congreso, el Gobierno se enfocó en fortalecer sus lazos con legisladores aliados del PRO y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). El viernes se reunió con sus principales dirigentes para explicar por qué la medida no sería promulgada.
En este contexto, el PRO se comprometió a apoyar la decisión del Ejecutivo, a pesar de que sus legisladores habían votado a favor de la actualización de las jubilaciones.
La legislación vetada proponía una actualización mensual basada en el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC), similar al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente. Además, incluía una compensación extra del 8,1% debido a que el 12,5% otorgado por el Gobierno no cubría la inflación del 20,6% registrada en enero.
Poco después de la sanción, la Oficina del Presidente emitió un comunicado calificando el proyecto de ley como «populista, irresponsable, ilegal e inconstitucional», argumentando que establecía gastos exorbitantes sin la correspondiente partida presupuestaria, lo que obligaría al Gobierno a recurrir a la emisión monetaria, aumento de impuestos o endeudamiento, prácticas que consideran han fracasado en el pasado.
El bono extraordinario para jubilados
Mientras tanto, el Ejecutivo oficializó un nuevo bono extraordinario de $70 mil para los titulares de prestaciones previsionales a cargo de la ANSES, incluyendo a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, y demás pensiones no contributivas y graciables, cuyo pago está a cargo del organismo de seguridad social.
El decreto 783/2024, publicado esta madrugada, establece que para aquellos titulares que perciban un importe superior al haber mínimo previsional garantizado, el bono será igual al monto necesario para alcanzar el tope del haber mínimo más el monto máximo del bono extraordinario.
«En el caso de beneficios de pensión, independientemente de la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a efectos de percibir el Bono Extraordinario Previsional», dispone el decreto.
