Ya preparado para un fallo adverso a la caja de la ANSeS, el Gobierno busca mostrarse con “prudencia” para estimar el impacto económico y concentra las expectativas en un alcance acotado de la decisión de la Corte Suprema.
Si el máximo tribunal se pronunciara sin limitaciones por el índice más favorable a los jubilados, la Casa Rosada haría lo posible por dilatar el pago para la próxima administración, aun cuando podría seguir a cargo del propio Mauricio Macri que ya largó su intento de reelección con su discurso del jueves en el CCK.
En medio de las internas y la desconfianza entre los miembros de la Corte, el Gobierno se movió para mantener como cálculo para las indemnizaciones y pagos de retroactivos a jubilados el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), menos favorable a los demandantes. A las gestiones de integrantes de la llamada mesa judicial del macrismo para torcer la decisión le siguió una resolución para ratificar esa fórmula y argumentar que la de los Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC) “atenta” contra la sustentabilidad del sistema.
Esos contactos no lograron los objetivos de máxima del Gobierno, que lo atribuyó a las pujas desatadas luego de que Carlos Rosenkrantz le arrebatara la presidencia a Ricardo Lorenzetti. Los pases de factura provocaron un nuevo escenario con mayor imprevisibilidad y hermetismo entre los miembros de la Corte por los recelos a las filtraciones, aunque en la Casa Rosada estimaron que la llamada “mayoría peronista” le dará la razón al reclamo del jubilado Luis Orlando Blanco: a Lorenzetti se sumarían Juan Carlos Maqueda -con antecedentes a favor del índice ISBIC- y Horacio Rosatti, el único constitucionalista del cuerpo. Rosenkrantz quedaría en minoría como con la aplicación del 2×1 a los delitos de lesa humanidad y el voto de Elena Highton genera incertidumbre.
Acaso con el objetivo de quitarle dramatismo al fallo en contra -y mayor tensión a la economía-, en las horas previas funcionarios pendientes del caso desestimaron un impacto inmediato en las arcas de la ANSeS. La Corte se pronunciará por el reclamo Blanco, pero en el máximo tribunal se acumulan más de 11 mil expedientes y a su vez la decisión podría alcanzar otras 150.000 causas en todo el país. Aun así en el Gobierno se mostraron con la expectativa en que no tendrá efecto automático sobre el resto sino que el cuerpo presidido por Rosenkrantz se inclinaría por un llamado al Congreso para que intervenga, con el argumento de que no es su competencia resolver el índice jubilatorio. El Ejecutivo también espera algún límite de la Corte para no habilitar las demandas de jubilados que ya aceptaron la Reparación Histórica.
En el peor de los casos para el Gobierno, es decir un fallo con amplio alcance, la estrategia oficial sería estirar los pagos. En el Presupuesto 2019 el gasto estimado de la ANSeS para cambios de haberes por Reparación Histórica es de $114.611 millones y de $34.538 millones para retroactivos (unos 40.000 casos). En la Casa Rosada consideraron que no sería necesaria una reasignación de fondos por los plazos de ejecución habituales de los juicios, entre uno y dos años, pese a la exigencia de liquidar las sentencias firmes en 120 días. “Si el fallo tiene efecto automático el problema es financiero y la discusión sería en cuánto tiempo se paga. Va a formar parte del debate del Presupuesto 2020 y es algo que deberán resolver los tres poderes. El sistema previsional está quebrado”, adelantó una fuente encima del conflicto que tendrá afrontar el Gobierno. Aun con las explicaciones técnicas preparadas, el pronunciamiento de la Corte puede implicar otra dificultad para el macrismo en el inicio de la disputa electoral.
