El capítulo laboral de la “ley ómnibus” sería más light de lo anunciado y tampoco se prevé un recorte fuerte de planes sociales
Nicolás Balinotti
“El 11 de diciembre le sacan la sábana al fantasma”. Con esa ocurrencia, Sergio Palazzo ironizó esta semana sobre la irrupción de lo supuestamente desconocido. Entre la broma y la preocupación, el dirigente bancario y diputado nacional, que es uno de los interlocutores sindicales favoritos de Cristina Kirchner, se refirió así a la asunción de Javier Milei.
Tres días después de esta declaración en FM Millenium, Palazzo le dedicó una suerte de carta abierta al presidente electo con rechazos al plan de ajuste, a las privatizaciones de empresas públicas, a la dolarización y a una eventual reforma de la legislación laboral. “Dentro de la Constitución, todo; fuera de la Constitución, nada”, tituló un extenso comunicado, que incluyó citas de los artículos 14 y 14 bis, claves en la protección de derechos de los trabajadores.
Fue una advertencia, aunque también una respuesta al discurso victorioso del libertario en la noche del balotaje, cuando dijo que no tolerará protestas violentas de quienes se opongan a sus políticas. “Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada. Vamos a ser implacables con quienes quiera usar la fuerza para mantener sus privilegios”, lanzó Milei en uno de sus primeros mensajes como presidente electo, pasadas las 22 de ese domingo histórico, en el que un antisistema se cargó al peronismo unido.
La carta abierta de Palazzo a Milei fue dos días después del relanzamiento de la alianza entre las tres centrales obreras y los movimientos sociales, escenificada en un salón de la CGT como la postal de la resistencia. Detrás de ese amontonamiento de sindicalistas, piqueteros y cooperativistas, se mantienen diferencias históricas que hacen hoy improbable una unidad en la acción. Por ahora fue solo una foto fugaz, similar a la que había obtenido Massa en señal de apoyo electoral. La CGT, a pesar del salto estadístico de la informalidad laboral y la pobreza, es la que conserva el poder y funciona como pieza cohesionadora de ese extraño rompecabezas.
Surge, sin embargo, un interrogante sobre cómo se relacionarán estos actores políticos y sociales a partir de mañana con el gobierno de Milei, quien en su primer discurso presidencial incluiría más referencias a la herencia y a cómo desactivar la bomba económica que a la política de la motosierra, según tres fuentes confiables de La Libertad Avanza.
El sector más dialoguista de la CGT, que lo integran “los Gordos” y los autodenominados “independientes”, se cortó solo y ya abrió un canal de negociación con los libertarios. Incluso, hasta se generó un intercambio directo con el presidente electo, según aseguraron dirigentes de ambas orillas. El próximo paso sería intentar concretar el primer encuentro institucional de la CGT con el nuevo jefe del Estado. La intención de los gremialistas es que suceda antes de la Navidad. Los asesores laborales de Milei, en cambio, desaconsejaron la formalidad y sugirieron encuentros sectoriales. No distinguen que haya algo que el presidente electo pueda capitalizar de ese apretón de manos con la casta sindical.
A través de sus futuros ministros Guillermo Francos y Guillermo Ferraro, principalmente, pero también mediante dos diputados nacionales con nexos gremiales, Milei les habría hecho llegar un mensaje conciliador al ala dialoguista de la CGT: la reforma laboral será más light de lo planificado; no habría una poda inmediata en los planes sociales sino una puesta en marcha de una auditoría; los contratos de obra pública vigentes se mantendrían al igual que el plan Procrear, y no se tocarían las obras sociales sindicales, cuya administración estará bajo la órbita de Enrique Rodríguez Chiantore, un hombre de Pro que responde a Patricia Bullrich. Señales de bandera blanca. Un gatito mimoso, ironizaría la trotskista Myriam Bregman.
El capítulo laboral de la ley “ómnibus” que enviaría Milei la semana próxima al Congreso sería bastante menos pretencioso entonces que el que había ideado Miguel Ángel Punte, exnúmero dos de Jorge Triaca en el Ministerio de Trabajo de la gestión de Cambiemos y exgerente de Recursos Humanos de Ternium, del Grupo Techint. Incluiría el fondo de cese laboral al estilo Uocra en reemplazo de la indeminización, aunque sería voluntario y se negociaría por convenio colectivo de cada actividad. También se buscaría bajar la litigiosidad con modificaciones a la ley 2403 y dar un primer paso para transferir la Justicia laboral al ámbito porteño, uno de los desvelos de Mauricio Macri en su histórica pelea contra lo que él denomina “la industria del juicio”.
Pero no habría iniciativas que afecten directamente al poder gremial, como desligar a los empleadores de su rol de “agente de retención” de los importes de la cuota sindical o de algunas contribuciones que son hoy obligatorias. También está en duda que se avance contra el concepto de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo (CCT). La ultraactividad implica que todos los CCT tienen un tiempo de duración y si no hay nuevos convenios, se mantiene el actual. Esto está hoy consagrado en el artículo 6 de la ley 14.250. Dante Sica, el asesor para temas laborales de Patricia Bullrich, propuso suspenderlos temporalmente. “Es pragmatismo, ¿para qué vamos a chocar?”, justifican la estrategia de Milei algunos de sus asesores que ven innecesario forzar anticipadamente una confrontación con los gremios peronistas.
Ajuste y salarios
El ministerio de Trabajo bajará a rango de secretaría y será absorbido por el superministerio de Capital Humano, que liderará Sandra Pettovello. La secretaría de Trabajo quedará a cargo de Omar Yasin, un abogado laboralista vinculado a Pro que también se desempeñó en la gestión de Cambiemos como director del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria bajo las órdenes de Triaca. Uno de los primeros desafíos de Yasin sería convocar antes de fin de año al Consejo del Salario para actualizar el salario mínimo, vital y móvil, que es hoy de $156.000. Una de las estrategias del nuevo funcionario quizás sea pisar la actualización para que de esa manera no se indexen las paritarias. Un problema: el salario mínimo es una referencia para el monto de los planes sociales, haberes jubilatorios y para el seguro de desempleo. Con los salarios podría suceder lo mismo que con los indicadores de la ley de presupuesto: que se los devore la inflación. ¿Se viene entonces un congelamiento de las paritarias? “La gestión tendrá un ADN desregulatorio. El problema no son los salarios sino la adecuación de los precios”, opinó un asesor de Yasin.
A Yasin lo rodearán otros exfuncionarios macristas que conocen los resortes de un organismo cruzado de intereses empresariales y sindicales. Horacio Pitrau (subsecretario de Trabajo), Gustavo Morón (Superintendencia de Riesgos del Trabajo) y Karina Palacios (Asociaciones Sindicales) volverán a la gestión tras su experiencia como laderos de Triaca. A ellos se les incorpora un libertario con pasado macrista: Luis Palomino, que asumiría como subsecretario de Empleo y que su desafío será reconvertir planes sociales en empleo genuino. Un renovado “plan empalme” que tuvo pocos resultados tanto con Macri como con Sergio Massa, que tomó la misma idea que había trazado Pro en 2016. En lo inmediato, la intención es cruzar datos de los beneficiarios y crear una agencia que supervise la política de asistencia social. Pablo De la Torre, un dirigente del conurbano con estrechos vínculos con la Iglesia, será el secretario de Desarrollo Social, un área también absorbida por Pettovello. Ya se habrían activado nexos con Fernando “Chino” Navarro, del Movimiento Evita, y Emilio Pérsico, aunque ambos dirigentes lo niegan.
En las negociaciones que se abrieron entre los libertario y el ala dialoguista de la CGT no se habría abordado un eventual ajuste en la administración pública, que parece inevitable de acuerdo a las declaraciones públicas de Milei y a lo que fueron los intercambios en la transición de diferentes áreas.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que tiene peso en las dos vertientes de la CTA, activará protestas callejeras desde pasado mañana de manera preventiva. “Hay unos 64.000 empleados estatales que están en peligro. Hubo un incumplimiento de la gestión actual en la regularización de muchas personas”, denunció Rodolfo Aguiar, jefe de ATE. Su reclamo fue antes de las jugadas de Agustín Rossi y Carla Vizzotti de pasar a planta permanente casi en tiempo de descuento a ciento de empleados de la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Salud, respectivamente.
La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) se diferenció de ATE y adoptó una postura más cauta y espera a tener el primer contacto cara a cara con Milei o con su delegado. El jefe de UPCN es Andrés Rodríguez, número tres de la CGT e integrante del sector dialoguista, que entre sus aliados cuenta con otros dirigentes que rodearon a Carlos Menem en los 90, como Gerardo Martínez, Rodolfo Daer, Armando Cavalieri y José Luis Lingeri.
En algunos organismos públicos el temor a una barrida de empleados es alarmante. En el PAMI, por ejemplo, uno de los cinco gremios afilió a empleados de manera masiva después de las elecciones del 22 de octubre. “La gente está desesperada y comenzó a afiliarse por miedo, para que los defendamos”, justificó el jefe de Utera, Rubén Grimaldi, quien diez días después del balotaje habría promocionado a unos 400 afiliados a la categoría de delegado gremial para blindarlos en caso de un eventual despido. Por el PAMI, justamente, es una de las áreas por las que se interesó Luis Barrionuevo en sus charlas de reconciliación con el universo libertario. El desembarco de Esteban Leguizamo como director ejecutivo de la obra social de los jubilados es una buena noticia para el gastronómico. También para La Cámpora, que aspira a conservar algunos beneficios a pesar de que el nuevo titular ya fue denunciado en la Justicia por parte de Graciela Ocaña y Luis Petri por el supuesto reparto irregular de fondos. Conflictos que salen a la luz de una gestión que todavía ni siquiera puso primera.
Nicolás Balinotti
