El presidente Javier Milei salió a cruzar una declaración de Pablo Moyano, el titular del sindicato de Camioneros, quien había admitido que tiene entre sus objetivos “voltear el DNU” que firmó el jefe de Estado con el objetivo de desregular la Economía y alcanzar así metas de crecimiento para el país.
“Acá tienen a los enemigos de la reforma. Los que quieren voltear la ley para que nada cambie. Para mantener sus privilegios. Fíjense quien está a favor del cambio y quien está en contra. Los que están a favor defienden a los argentinos de bien. Los que están en contra defienden sus privilegios”, escribió Milei en un posteo de X (ex Twitter), red social en la que se muestra activo.
El presidente citó una declaración del dirigente camionero en la que este ratificaba la movilización prevista para el miércoles 24 de enero, día en que la Confederación General del Trabajo (CGT) realizará el primer paro nacional contra el gobierno, a menos de dos meses de su llegada.
“Los argentinos elegimos un cambio. No van a poder con nosotros”, agregó el mandatario nacional, sin ocultar su malestar por la declaración del sindicalista, a quien señaló sin dudar entre los que ponen obstáculos a su gestión “para mantener privilegios”.
Milei ha dado muestras de seguir de cerca el debate por la Ley Ómnibus y el tratamiento legislativo que seguirá al Decreto de Necesidad y Urgencia N°70, ambas iniciativas que el gobierno a diseñado como plan para la etapa inicial de su gobierno. El presidente afirmó durante la mañana que tiene confianza en que, pese a las críticas recibidas, la ley será sancionada por la Cámara de Diputados y la de Senadores, en tanto que el DNU no sufrirá objeciones que interrumpan su vigencia. “Están los números, creemos que va a salir todo”, declaró en Radio La Red.
En esa línea, el líder libertario mantiene su estrategia de asentar sus primeros días de gestión sobre esas dos iniciativas, que han recibido objeciones por el amplio abanico de reformas que implican. Pese a ello, la hipótesis del gobierno radica en que todas las modificaciones, anulaciones de leyes y desregulaciones apuntan a crear un contexto que permitirá la llegada de inversiones.
Así, según la mirada oficial, será posible contrarrestar el ajuste en el Estado que, en paralelo, viene realizando la gestión Milei, y detener la aceleración de la inflación, registrada en el último mes.
La oposición troncal a ese proyecto ha encontrado a la CGT como uno de los actores principales. La central obrera no sólo convocó al primer paro nacional a menos de dos meses de iniciada la gestión, si no que realizó presentaciones judiciales con el objetivo de frenar las iniciativas.
Parte de ello tuvo acogida en la Justicia, que suspendió la aplicación del DNU en el plano laboral, dejando en suspenso así las reformas en ese aspecto.
“Lo importante es que desde hace muchos años la CGT está más unida que nunca, más allá de las diferencias que podamos tener. Hoy el objetivo es voltear el DNU, la Ley Ómnibus, movilizar el 24 y estar presente en cada conflicto de los que se van a ir generalizando en las distintas actividades”, había afirmado en declaraciones a Radio 10 el referente de camioneros.
En el marco de esa disputa, este jueves se conoció que el gobierno intimó a los sindicatos que participaron de la primera movilización masiva contra el nuevo gobierno, frente al palacio de Tribunales de la calle Talcahuano, en la Ciudad de Buenos Aires. En efecto, intimó al Sindicato de Camioneros – y otros que movilizaron – a que pague 40 millones de pesos por los gastos del operativo desplegado durante la jornada del 27 de diciembre.
La carta de documento fue enviada desde el Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich
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