La medida se adoptó debido a la falta de tratamiento de sus pliegos en el Senado y estará vigente hasta la finalización del próximo período legislativo.
Según el comunicado oficial, la decisión busca «normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial del país», que actualmente opera con solo tres ministros. «Durante este plazo, la administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos», indicó el Gobierno.
Asimismo, el Ejecutivo argumentó que «en ningún caso el Senado tiene la potestad de rechazar los candidatos en base a preferencias personales o políticas», y señaló que «la politización de la Justicia es una de las principales causas por las que los argentinos no cuentan con un servicio judicial eficiente».
Antecedentes y proceso legislativo
El 20 de marzo de 2024, el Ejecutivo envió al Senado los pliegos de Lijo y García Mansilla. Posteriormente, el 15 de abril, sus antecedentes fueron publicados en el Boletín Oficial, activando los procedimientos de consulta y participación ciudadana. Luego de cumplirse las instancias requeridas, el 27 de mayo se solicitó su aprobación en la Cámara Alta.
Las audiencias públicas se realizaron el 21 y 28 de agosto, quedando ambos candidatos en condiciones de ser sometidos a votación. Sin embargo, sus pliegos no fueron tratados durante el período ordinario de sesiones. Ante la falta de avances, el presidente incluyó el tema en las sesiones extraordinarias, pero el Senado tampoco lo abordó.
Fundamento legal de la designación en comisión
El Gobierno justificó la medida en el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, que permite al presidente realizar nombramientos transitorios en caso de vacantes durante el receso legislativo. La administración Milei recordó que «una notable mayoría del arco político respaldó tanto a Néstor Kirchner como a Mauricio Macri en la designación temprana de jueces para la Corte Suprema», y acusó a la oposición de «evadir su responsabilidad y perjudicar el normal funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado».
En 2015, Macri designó en comisión a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti a solo cuatro días de asumir la Presidencia, medida que fue cuestionada por la oposición. No obstante, ambos magistrados esperaron la aprobación del Senado antes de jurar en sus cargos.
Con la decisión de Milei, Lijo y García Mansilla ejercerán como jueces de la Corte hasta la finalización del próximo período legislativo, a la espera de la confirmación definitiva por parte del Congreso.
