El fiscal federal Guillermo Marijuán inició una investigación de oficio (llamada preliminar) para saber por qué la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunció que dará de baja sólo 2243 planes Potenciar Trabajo cuando un informe de la Agencia Federal de Ingresos públicos (AFIP) había detectado más de 250.000 casos de beneficiaros que presentaban irregularidades y no deberían acceder al beneficio social.
Marijúan había iniciado una investigación preliminar luego de que Infobae revelara la existencia de una auditoría encargada por Desarrollo Social (durante la gestión de Juan Zabaleta) en la que se detectaron miles de irregularidades en la asignación del programa Potenciar Trabajo.
Luego de analizar la información recibida, el fiscal formalizó una denuncia penal para que se investigue a las personas que se anotaron en el Potenciar Trabajo a pesar de que no cumplían con alguno de los requisitos solicitados.
La denuncia -presentada hace diez días por Marijuán- señalaba que el informe de la AFIP había analizado1.382.279 casos y había detectado las siguientes irregularidades.
– 44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.
– 52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, etc.
– 10.477 registran un automotor de menos de un año de antigüedad.
– 835 pertenecen al régimen simplificado (Monotributo) categoría C o superior.
– 63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.
– 253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales,
– 8.019 son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros
– 209 poseen medicina prepaga o cobertura social
– 35.398 percibieron divisas en el mercado de cambios dentro de los seis meses de percibir la asignación.
– 39.874 son titulares de establecimientos comerciales abiertos al público o explotación agrícola o ganadera.
– 2.870 perciben el subsidio a pesar de encontrarse fallecidos.
Eso se transformó en una causa judicial que, para Marijuán no tiene relación con la nueva investigación que abrió esta semana.
El fiscal quiere saber por qué Tolosa Paz solo dará de baja solo 2243 planes como anunció la semana pasada. La ministra había dicho que el informe de la AFIP se trató de una “mala interpretación periodística” ya que era información “estadística”. Y aclaró que los datos que reveló el viernes pasado son “nominales”.
La ministra había señalado que sólo el 0,3% de los beneficiarios presentó irregularidades como compra de dólar ahorro y/o realizaron gastos con tarjeta de crédito Según detalló, hubo 145 personas que realizaron compras con tarjeta de crédito desde 100 dólares mensuales hasta 50.000 dólares acumulados durante los 26 meses analizados, totalizando consumos por 1.108.107. “No hay duda alguna de que es una condición para la baja inmediata de estos casos”, dijo. “A partir de este cruce de información, realizado sobre 1.362.579 titulares efectivos del programa, detectamos un 0.3% de casos que incumplieron las normas. Con esas personas, este ministerio va a ser inflexible. Potenciar Trabajo no es incompatible con ser propietario o propietaria de un inmueble, ni con tener una moto o un auto de más de 10 años de antigüedad. Pero sí es incompatible con la compra de divisas”, había explicado.
Luego de esas declaraciones Marijuán decidió abrir la investigación preliminar para determinar si la ministra cometió delito al limitar solo a unos pocos casos la baja de los beneficiarios de Potenciar Trabajo que se habían inscripto irregularmente. Para el fiscal la ministra se apartó de lo indicado por la AFIP y eso podría analizarse bajo la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el fiscal citó a declarar a varios testigos para hoy por la mañana. Entre los citados están Carlos Castagneto, quien encabeza la AFIP. También deberán declarar a la titular de la Dirección
Nacional del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTYS) y quien encabeza la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Social. Una vez reunida la información el fiscal puede cerrar la investigación preliminar o presentar una denuncia para que el caso se investigue en Comodoro Py.
