Con la reciente transformación de la ex AFIP en la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Gobierno ha redoblado los esfuerzos para fiscalizar grandes contribuyentes.
En este contexto, las irregularidades detectadas en Tabacalera Sarandí se posicionan como el principal desafío del organismo.
La deuda, estimada en $200.000 millones entre 2018 y mediados de 2024, está en el centro de una disputa judicial impulsada por medidas cautelares solicitadas por la empresa. Las autoridades aseguran que el caso va más allá del monto adeudado, destacando la gravedad de las prácticas evasivas.
Cambios en la DGI para acelerar las investigaciones
Desde su designación, Vázquez impulsó una serie de cambios clave en la estructura del organismo. Entre las medidas, desplazó a altos funcionarios y nombró a especialistas con amplia experiencia para liderar las áreas de fiscalización. Esto ha generado preocupación en Otero, quien recientemente rompió su silencio con una extensa entrevista radial.
Los ejes del caso
Las investigaciones se centran en dos áreas:
Controles en las plantas tabacaleras: Inspecciones físicas y revisión de estampillas fiscales, ahora con criterios más estrictos y componentes digitales que anteriormente habrían sido manipulados.
Fiscalización de impuestos internos: Se auditan las ventas para identificar omisiones tributarias. La DGI sostiene que entre 2018 y 2024 se acumuló una deuda multimillonaria por incumplimientos.
Un mercado polémico
Tabacalera Sarandí, cuya marca principal es Red Point, produce alrededor de 40 millones de atados mensuales. Las autoridades denuncian que la empresa vende sus productos a precios que duplican los valores declarados, obteniendo ventajas competitivas desleales frente a otras firmas del sector.
Además, el empresario enfrenta cuestionamientos por resistirse judicialmente al impuesto interno, que pasó del 70% al 73% en 2024. Esto le permitió aumentar su participación en el mercado tabacalero de un 5% a un 40% en una década.
Avances y desafíos judiciales
Aunque parte de la deuda se encuentra judicializada, la DGI mantiene su determinación de avanzar con la investigación. Mientras tanto, la Corte Suprema tiene pendiente resolver si el esquema impositivo en cuestión es inconstitucional, lo que podría definir el futuro del caso.
En paralelo, Tabacalera Sarandí blanqueó USD 60 millones bajo el programa promovido por el Ministerio de Economía, monto que podría cubrir parte de la deuda acumulada hasta 2023, aunque se estima que las cifras de 2024 son significativamente mayores.
El Gobierno asegura que no cederá ante la «indisciplina fiscal» y promete continuar con una fiscalización rigurosa para garantizar el cumplimiento de las normas tributarias.
