El informe destacó los avances significativos en el funcionamiento y la gestión institucional-presupuestaria del Ministerio Público de la Acusación durante el año pasado.
Tras ocho años de existencia, se han evidenciado mejoras impulsadas en gran medida por las recientes modificaciones normativas, entre ellas el nuevo Código Procesal Penal (Ley 6.259 y sus modificatorias) y la nueva ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación. Específicamente, se mencionó la reforma constitucional de junio de 2023, que ha modificado profundamente las instituciones en la provincia.
La posición institucional del Ministerio Público de la Acusación adquirió un nuevo rango constitucional en el sistema de administración de justicia, acompañada de la creación de nuevas instituciones dentro de su estructura orgánica, como el Procurador General y el Procurador General Adjunto. Estos cambios han marcado un contexto de actuación novedoso, proyectando numerosos cambios y un salto cualitativo en la gestión.
En materia penal, se observó un crecimiento en delitos como la violencia de género, la violencia sexual y la violencia intrafamiliar. Además, se comenzó a estandarizar la gestión del fuero narcomenudeo, enfrentando así nuevas necesidades que requirieron el diseño de estrategias para brindar respuestas rápidas y eficaces.
El Ministerio Público de la Acusación también continuó con la descentralización de servicios y trabajó en colaboración con diversas instituciones, incluyendo la policía provincial y los servicios de salud pública, así como con la sociedad civil.
Se destacó la implementación de un sistema de buzones para el depósito de denuncias anónimas de delitos, especialmente en casos de narcomenudeo, ubicados estratégicamente en Centros Vecinales para facilitar la recopilación de información ciudadana.
Además, se promovieron modificaciones en las prácticas institucionales para lograr una mayor eficacia y simplificación de procedimientos, lo que se tradujo en una reconfiguración del sistema de gestión informático de causas, así como en la implementación de la ley 6.242 y sus modificatorias para subastar bienes decomisados y acceder a recursos propios.
No obstante estos avances, se señaló la necesidad de cubrir vacantes en cargos de fiscales especializados y no especializados, así como la identificación de demanda en causas no penales que aún requieren atención institucional.
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