El anuncio del Gobierno de presentar un proyecto de ley para ampliar la Corte Suprema de Justicia a 25 jueces y que cada uno de ellos sea elegido por el gobernador de cada provincia, fue recibido en el máximo tribunal con mezcla de hilaridad e indiferencia.
Estiman que la idea es una medida ante todo política, dirigida a intentar sellar la grita entre kirchnerismo y albertismo, a corto plazo, de intentar controlar políticamente no solo el Poder Ejecutivo, sino el Judicial a largo plazo.
Los jueces de la Corte no hablaron en público ni en privado sobre el anuncio del jueves pasado. En el fondo confían en que la iniciativa nunca pasará el filtro del Congreso, especialmente en Diputados, donde la oposición ya demostró que tiene el número para obturar iniciativas.
Pero abogados, constitucionalistas y fuentes que frecuentan los tribunales dijeron a LA NACION que la única explicación es política y no jurídica y que en última instancia, lo que busca el Gobierno es constituir un senado político, revestido de contenido jurídico para tener control sobre dos poderes del Estado.
La representación federal en la elección de los jueces de la Corte se da en el Senado donde los representantes de cada gobernador discuten darle el acuerdo a esos jueces.
La iniciativa le dio al Presidente el respaldo político de 16 gobernadores, lo que no es poco ante las críticas que recibe de su propia tropa y de paso cierra filas contra la Corte, que es el discurso preferido del kirchnerismo.
En apariencia todo es en función de ponerle presión a la Corte Suprema de Justicia por el fallo que debe dictar para definir la disputa por los fondos que le sacó la Nación a la ciudad de Buenos Aires. Ya avisó que primero resolverá la cautelar, es decir, si interrumpe el recorte sistemático que aplica la Casa Rosada a los recursos que llegaban a la Capital Federal hasta que defina el tema de fondo. Los gobernadores peronistas, convencidos de que el máximo tribunal favorecerá a la administración de Horacio Rodríguez Larreta, se anticiparon con este proyecto para modificar la integración del máximo tribunal y llevarla a 25 miembros.
Al mismo tiempo esta jugada, donde Eduardo “Wado” de Pedro juntó las cabezas de los mandatarios provinciales, es funcional al Presidente para conseguir oxigeno político en su gestión asediada por la inflación y acercarse a Cristina Kirchner, dándole la herramienta que necesita para construir una Corte que le evite problemas judiciales a ella y a los funcionarios del Gobierno tras este mandato. Lo sinceró el ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi: “Si perdemos, algunos vamos a ir presos y otros a dar clases a las universidades”, dijo.
Si la misión de este proyecto de ley, presentado por Alberto Fernández con la presencia del kirchnerista Juan Martín Mena, es volver a acercar a la fórmula presidencial, fue el preludio del acto de ayer por el centenario de YPF donde Alberto Fernández y Cristina Kirchner compartieron escenario. Como si nada.
El proyecto es viejo y de cuño albertista. Estaba en manos del kirchnerismo desde diciembre pasado, dijeron a LA NACION fuentes oficiales, que entienden que el proyecto de ley lo que abre es un enfrentamiento político entre oficialismo y oposición, donde la Corte queda afuera expectante.
Una Corte federal y sensible, reclaman los gobernadores. En la Corte recuerdan que este tribunal está integrado por cuatro jueces del interior del país: dos santafesinos (Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti), un cordobés, (Juan Carlos Maqueda) y un correntino (Carlos Rosenkrantz). Incluso esta Corte tiene una firme doctrina que viene profundizando en defensa del federalismo y la autonomías locales. Inclusos en temas penales, reconociendo el papel de los tribunales provinciales en los que casos que le llegan a estudio.
En la Corte rescataron las manifestaciones de Roberto Lavagna tras el anuncio de este proyecto de ley: “Esta extraña idea de provincializar la Justicia, en sus más altos niveles, abre la puerta a un mercado de favores y contraprestaciones y al juego de votaciones basadas en la política y no en la Justicia”, dijo el ex ministro. En esa lógica advirtieron, por ejemplo, que los gobernadores con reelección y los gobernadores sin reelección pretenderán cambiar las reglas locales con el aval de sus jueces en la Corte para perpetuarse en el poder.
La discusión en este aspecto no es coyuntural, no pone en juego el fallo por la coparticipación federal y nada más, sino que oculta un asunto mas profundo; una Corte no es una estructura que se articula sobre la lógica del reparto del poder provincial, no se trata de un senado jurídico, sino de un tribunal que vela por la Constitución Nacional e interviene en conflictos de las provincias, entre las propias provincias y entre la Nación y las provincias.
En esos términos es que advierten algunos constitucionalistas, que se da la posibilidad de controlar la cabeza de dos de los poderes del Estado: el Ejecutivo y el Judicial, con el consiguiente desequilibro que provoca en el funcionamiento constitucional.
Hilaridad es la manera educada de decir que la iniciativa provoca risa en los tribunales, aunque allí especulan con que pasará sin problemas por el Senado para naufragar en la Cámara de Diputados, en los mismos arrecifes donde quedaron varados todos los proyectos de reforma judicial que ensayó el Gobierno.
Los constitucionalistas , hasta los sintonizados con la necesidad de cambiar la Corte, cuestionan esta iniciativa. “Hace falta una reforma integral de la Corte y es un dato político que 16 gobernadores lo pidan, pero la estrategia no es razonable ni constitucional”, dijo el abogado Andrés Gil Dominguez, que no suele coincidir con la mayoría de la Corte. Desde una posición diferente, también el constitucionalista Roberto Gargarella se expresó en contra del proyecto de los gobernadores.
El letrado, que integró un comité de expertos para la reforma judicial indicó que 25 jueces es un número tan disfuncional como el actual. Asimismo indicó que la elección a propuesta de los gobernadores de un juez por provincia es inconstitucional porque quiebra el principio de igualdad, pues deja fuera de la Corte a otros magistrado igualmente capaz.
Las razones de la política pesaron más que las constitucionales, al menos hasta ahora donde del proyecto solo se conoce la foto, del momento del anuncio.
Hernán Cappiello
