El fiscal federal Ramiro González imputó este viernes a la intendenta Mayra Mendoza por el manejo irregular de unos $535 millones que la Municipalidad de Quilmes abonaba a cooperativas de trabajo.
También se imputó a otras personas, entre ellos a dos ex funcionarios que estarían vinculados a las cooperativas. La fiscalía solicitó una serie de medidas de prueba para avanzar con la investigación, según indicaron a Infobae fuentes judiciales.
La investigación no solo apunta a Mendoza, una de las referentes de La Cámpora, sino también al ex subsecretario de Hábitat del municipio Sebastián Raspa, que estaría vinculado a la Cooperativa La Estrella y a la Federación de Cooperativas de Trabajo 1 de Mayo Ltda. Fueron imputados también Martín Bordalejo, un abogado y ex funcionario de Quilmes que sería titular de sociedades y cuentas off shore; José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler. “Ello, no obsta a que con el devenir de la investigación se logre identificar a otros sujetos que participen en el hecho denunciado”, dijo el fiscal González.
La causa se inició por la denuncia del abogado Santiago Dupuy de Lomé a raíz de una publicación en el medio El Disenso que aseguraba que “fondos nacionales que se le entregan al municipio de Quilmes se utilizan para pagarle a cooperativas cuyos titulares son Raspa y Cangelosi”.
Según la denuncia, Raspa había sido Subsecretario de hábitat del referido municipio, mientras que Cangelosi -quien sería su pareja- era funcionaria de la misma intendencia. Relató que a los nombrados se les habría pagado la suma de $535.000.000, destacando además que Raspa tendría tres offshore en Miami, donde derivaría el dinero público, en las cuales figuraría como Director Bordalejo, quien también sería funcionario municipal, socio y amigo de Raspa. Asimismo, indicó que “las siete cooperativas de Raspa han obtenido una gran cantidad de contratos a raíz de su amistad con Mendoza que a sabiendas de eso le autorizó los contratos descuidando los fondos públicos que debe administrar”, manifestando que tales fondos no sólo eran direccionados hacia las referidas offshore, sino que también eran “para hacer caja para su agrupación política La Cámpora”.
La denuncia añadió que “la gente que prestaría funciones haciendo los trabajos que le son conferidos a Raspa recibían planes sociales otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sin concedérsele remuneración alguna”, motivo por el cual “todos los fondos públicos van a parar a las arcas personales de Raspa y los demás con la venia de la intendente Mendoza y sus funcionarios”.
En base a la denuncia, el fiscal González le notificó al juez federal Ariel Lijo el impulso de la causa y solicitó llevar adelante una serie de medidas de prueba que incluye la compulsa del padrón de entidades del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, en donde están registradas todas las cooperativas, informes al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y los datos sobre las cooperativas denunciadas en este caso. También se pidió informes a la Inspección General de Justicia y a la Dirección Provincial de Personas Jurídica.
El fiscal busca saber además “toda la normativa y/o acto administrativo que dé cuenta si Sebastián Raspa, Romina Cangelosi y Martín Bordalejo se han desempeñado en el Municipio de Quilmes, y en su caso, se recaben las constancias pertinentes que indiquen los cargos que ocupan y/u ocuparon, con sus respectivos períodos de tiempo de ejercicio”. La investigación quiere recabar también datos de la AFIP, el Banco Central, al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y un exhorto a Miami en busca de datos para corroborar las supuestas offshore.
Según la hipótesis de la causa, hay tres cooperativas bajo la lupa: la Federación de Cooperativas de Trabajo 1 de Mayo Limitada, la Unión de Azul, Progreso y La Estrella. A través de decenas de contrataciones provenientes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública de Quilmes, y que llevan la firma de Mendoza, estas tres entidades habrían recibido fondos del municipio por aproximadamente 535 millones de pesos, entre diciembre de 2020 y febrero de 2022. Las cooperativas fueron contratadas para brindar los servicios de “recolección de residuos”, “puesta en valor y embellecimiento de los espacios públicos”, “fumigación y control de plagas”, “adquisición de plantas ornamentales”, y “mantenimiento de plazas”, entre otros.
