Ganancias: a propuesta de los gremios, el oficialismo incorpora cambios al proyecto

Las dudas se concentran en el alcance que tendrá el alivio fiscal; el sindicalismo, representado por una docena de diputados del sector, presentó una lista de propuestas para ampliar el universo de exenciones al impuesto, a las que Massa, autor del proyecto, se comprometió a evaluar.

Todo indica que la iniciativa original finalmente será modificada, pero con límites para no provocar desequilibrios en la recaudación tributaria que profundicen el rojo fiscal. «Estamos dispuestos a escuchar y discutir todas las propuestas que mejoren el proyecto, pero en la medida en que esas mejoras puedan ser financiadas y no afecten las metas tributarias previstas para este año», indicaron a LA NACION fuentes de la cúspide del oficialismo.

La delegación de diputados sindicales, encabezados por Vanesa Siley -presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo- y Facundo Moyano celebraron el proyecto de Massa aunque, durante la reunión que mantuvieron con el presidente de la Cámara baja reclamaron ampliar el listado de exenciones y deducciones del impuesto. En concreto, proponen eximir de Ganancias las horas extra; el plus por desarraigo; horas nocturnas; feriados y días no laborables trabajados; adicionales por productividad; adicionales por trabajos penosos, peligrosos o insalubres; indemnizaciones legales o convencionales; antigüedad; y turnos rotativos.

Y en cuanto a las deducciones, Moyano propone sumar una doble deducción para hogares monoparentales. «Sería un gran gesto para las mujeres solas con hijos», sostiene el legislador.

El debate del proyecto aún no tiene fecha, pero Massa confirmó que será girado a la Comisión de Legislación del Trabajo, que preside Siley, junto a la de Presupuesto y Hacienda, que será la cabecera. «Como diputados de origen sindical que somos nuestra intención es realizar aportes que mejoren la iniciativa, siempre considerando su costo fiscal -sostuvo Siley-. Esta modificación del impuesto a las ganancias no tiene sólo un objetivo fiscal, sino que apunta a revitalizar el consumo y, así, generar un círculo virtuoso en la economía».

«Hoy ese impuesto es una reducción salarial para una amplia porción de los asalariados. Debemos avanzar con celeridad en su aprobación pero teniendo en cuenta las diversas situaciones de modo de no reproducir injusticias al interior de la clase trabajadora. Eso va a permitir que las modificaciones de la ley tengan una vigencia en el tiempo que no tuvieron reformas anteriores», sostuvo, por su parte, el gremialista Hugo Yasky

El diputado Moyano -hijo del líder camionero Hugo Moyano- pretende ir más allá y propuso, además, atar la actualización del mínimo no imponible del impuesto a la inflación que releve el Indec en caso de que el ajuste en base a la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que es el parámetro que se toma actualmente, quede por debajo de la inflación. En una idea similar trabajan los diputados de Juntos por el Cambio quienes, además, también insistirán en incluir en el proyecto a los trabajadores autónomos, un universo de casi 400.000 personas, por ahora excluidas.

En líneas generales, la iniciativa que elaboró Massa y que cuenta con el aval de la Casa Rosada propone subir el piso, a partir de una deducción especial, para eximir del pago del impuesto a las ganancias a quienes tengan un salario bruto mensual de hasta $150.000 ($124.000 netos). Esta cifra se actualizaría cada año según la variación Ripte.

Asimismo, la iniciativa prevé otorgarle al Poder Ejecutivo facultades para adecuar las deducciones en el caso de quienes tengan remuneraciones brutas de entre $150.000 y $173.000. En el caso de los jubilados se sigue el criterio instrumentado en 2017, que dispone que el piso sea móvil y equivalente a una cierta cantidad de veces el haber mínimo. En este proyecto, la referencia se eleva de 6 a 8 jubilaciones mínimas, por lo que en marzo esto arrojará una suma superior a los $160.000.

En suma, la ley dispondría en forma directa un beneficio para el grupo de los trabajadores dependientes hoy alcanzados por el impuesto y que tienen un salario inferior a los $124.500 netos. Asimismo, le otorgará facultades al Poder Ejecutivo para que disponga una rebaja del impuesto para las remuneraciones de entre ese monto y $173.000 brutos ($143.590 netos): el objetivo, sostienen en el entorno de Massa, es evitar saltos bruscos y suavizar el peso de la carga fiscal para este sector de asalariados. Para los sueldos superiores a los $173.000, en tanto, no se prevén cambios y quedarán plenamente alcanzados por el impuesto.

Debate intenso

Pese a que la oposición anticipó su apoyo en general al proyecto oficialista, se anticipa un debate caliente en la Cámara de Diputados. En el arranque del año electoral, el oficialismo le achacará a Juntos por el Cambio que, al finalizar el gobierno de Mauricio Macri, el 25,6% de los trabajadores resultaron alcanzados por el impuesto a las ganancias pese a que el líder de Pro había prometido, durante su campaña presidencial, que ningún trabajador pagaría el tributo.

«Con este nuevo piso que proponemos dejarían de pagar el impuesto 1.267.000 de trabajadores y jubilados, y sólo el 10% de los asalariados quedaría alcanzado», insisten en el oficialismo.

Desde Juntos por el Cambio pretenden doblarle la apuesta al oficialismo con una serie de retoques al proyecto de Massa. Además de incorporar a los autónomos dentro del beneficio -Massa prometió una ley aparte para ese sector-, los diputados opositores insistirán en que el piso para eximir del pago del impuesto sea actualizado de manera semestral y por el índice de precios al consumidor (IPC), para evitar que la inflación termine licuando el umbral.

Massa no está de acuerdo con este planteo. «El Ripte es un parámetro razonable para ajustar cuestiones vinculadas al impuesto a las ganancias de los trabajadores. Si accedemos a ajustar las deducciones por IPC debemos pensar en las consecuencias que se generarían respecto de los millonarios juicios en contra del Estado por los cuales las grandes empresas, bancos, mineras, cerealeras, piden aplicar el IPC para ajustar por inflación sus balances del impuesto a las ganancias», advirtió Massa, quien recordó que la actualización del piso de Ganancias por medio del índice Ripte fue introducida durante el gobierno de Cambiemos.

Otro frente de conflicto con Juntos por el Cambio tiene que ver con el proyecto que, en paralelo, propone el Poder Ejecutivo para amortiguar el impacto fiscal que tendrá la suba del piso del impuesto. Según cálculos del propio oficialismo, el costo fiscal de la ley, una vez aprobada, será de $40.000 millones; el Gobierno calcula que podrá compensar en parte esta pérdida con la mayor recaudación que se generará cuando el trabajador vuelque al consumo lo que no pagó del impuesto.

En simultáneo, el Gobierno pretende que durante este año las empresas sigan pagando el 30% del impuesto a las ganancias cuando, según la reforma impositiva de 2017 -es decir, durante el gobierno de Macri- se establecía que esa alícuota debía bajar al 25% durante 2021. A tal efecto, el Poder Ejecutivo presentó en diciembre pasado un proyecto para suspender esa baja y preserva la alícuota al 30% que aplicó entre 2018 y 2020 para todas las empresas. Si bien se mantiene la carga respecto al año pasado, significa un aumento respecto a la ley hoy vigente.

Difícilmente en Juntos por el Cambio avalen esta suspensión. Además, plantearán que el proyecto de Massa, lejos de ser una reforma que devuelve progresividad al impuesto a las ganancias, es un parche para el corto plazo y con tufillo electoralista. De todas maneras, anticiparon que votarán a favor en general por el alivio tributario que significará para un vasto sector de la clase media. En el mismo sentido votarán los diputados del interbloque Federal y de las demás bancadas.

«Nosotros vamos a apoyar el proyecto aunque sabemos que este impuesto merece un abordaje integral que implica una nueva estructura de alícuotas según tramo y una rediscusión sobre las escalas y las deducciones del impuesto», enfatizó Jorge Sarghini, de Consenso Federal.

Por: Laura Serra