En el documento que distribuyó este martes la CGT -tras su reunión presencial, en el edificio de la calle Azopardo- se respira un fuerte aroma a fastidio con la administración de Alberto Fernández.
Sobre el final del texto, por ejemplo, advierten sobre la nueva fórmula de ajuste en las jubilaciones que propone el Poder Ejecutivo y que no contemplará la inflación.
«Hoy, con la pandemia en curso, con la economía empezando a moverse, con muchos sectores de actividad todavía impedidos de funcionar y con las secuelas económicas y sociales a costa, no es posible desarmar el andamiaje social y económico construido con tanto esfuerzo y garantizar que el cambio de formula de actualización jubilatoria no perjudique a los beneficiarios del sistema previsional», planteó la central sindical peronista en su comunicado, titulado «La pandemia no terminó».
Ya el primer párrafo del texto arranca con cierto tono belicoso: «El Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, expresa su preocupación ante la difusión pública de medidas gubernamentales que exteriorizarían restricciones presupuestarias en relación a los programas sociales, ayudas económicas a los sectores productivos afectados por la crisis sanitaria y el apoyo al sostenimiento de los ingresos laborales».
Las referencias son a la próxima limitación de los programas IFE y ATP y a la demora del Gobierno en enviar fondos en auxilio de las obras sociales sindicales.
El malestar que destila el documento fue directamente palpable en la reunión del Consejo Directivo cegetista. Ahí se repitieron las quejas y la bronca, en algunos casos furia, contra las políticas de la Casa Rosada y la falta de total consulta a la central sindical en todas las áreas.
Consultado por Clarín, un sindicalista que participó de la reunión describió: «La CGT se pintó la cara», en referencia a qué se prepara para ir al combate.
Llamó la atención que incluso dirigentes que habitualmente se muestran moderados está vez dieron discursos enérgicos. El metalúrgico Antonio Caló, por ejemplo, propuso marchar a Plaza de Mayo el 17 de noviembre, Día de la Militancia. No era para apoyar a la actual gestión.
El jefe de un sindicato fue aplaudido cuando dijo que si el Gobierno no se ponía al frente «de los reclamos de los trabajadores, vamos a ir a paro y movilización», según reconstruyó Clarín de dirigentes que participaron del encuentro.
El docente Sergio Romero, titular de UDA, fue más concreto: señaló que si los maestros no tienen una mejora salarial, si en las escuelas no se garantizan los protocolos sanitarios y no se contemplan las condiciones laborales «vamos a ir directamente a un paro nacional y el ciclo lectivo no va a arrancar».
En la noche de esta martes, un importante dirigente que integra la mesa más chiquita de a CGT quiso mostrarse más cauto, aunque solo a medias. Descartó la posibilidad de que la central vaya a un paro por ahora, pero enseguida aclaró: «Capacidad para reaccionar tenemos».
La tensión entre la CGT y Alberto Fernández crece cuando el presidente aún no alcanzó su primer año de gestión.
Una de las mayores calenturas cegetistas es que se enteran de todas las decisiones oficiales a través de la prensa. «Toman medidas y no te consultan una. Es una locura», se ofuscó un dirigente.
Se quedó en que le pedirán reunirse de forma urgente a los ministros de Producción, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni, y a la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca. En caso de no obtener respuesta, buscarán un cara a cara con Alberto Fernández.
De la reunión de este martes participaron, además de Caló y Romero, los cosecretarios generales Héctor Daer y Carlos Acuña; Gerardo Martínez (UOCRA); Andrés Rodríguez (UPCN); Armando Cavalieri (Comercio); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); y Amadeo Genta (Municipales), entre otros. Todos los grandes gremios, menos Camioneros. Los Moyano tienen su propio juego con el Gobierno.
En la CGT hacen otra crítica a la administración de Fernández. Es ideológica: «Este gobierno no es peronista. Pone en agenda cuestiones como el aborto y la reforma judicial y no las necesidades de los trabajadores. Eso no es peronismo».
Carlos Galván
