La fiscalía general de Cuentas de Panamá entregó la medalla institucional a la presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), senadora Silvia Giacoppo, resaltando los méritos y servicios prestados al combate de la corrupción, las acciones a favor de la transparencia, rendición de cuentas y protección de bienes públicos.
La distinción fue otorgada a la senadora Giacoppo por la fiscal de Cuentas, Waleska Hormechea, durante la presentación del informe de gestión 2022-2023 de esa institución panameña.
La titular del Parlatino con sede Panamá, destacó que para el organismo legislativo “la lucha contra la corrupción es un tema central. Y no queremos que esta pelea sea solo retórica. Estamos decididos a trabajar para desarrollar mecanismos que permitan enfrentar este enorme desafío”.
La senadora argentina señaló que para eso “hemos encontrado en la Fiscalía de Cuentas de Panamá una gran aliada que como primera iniciativa juntos nos permitió desarrollar el proyecto de ley modelo para la investigación y juzgamiento de las afectaciones al erario por parte de los empleados y agentes de manejo de fondos y bienes públicos”.
Manifestó que la iniciativa será sometida al análisis por parte de las comisiones permanentes del Parlatino, esperando que pueda ser aprobada en la próxima Asamblea Ordinaria del organismo.
Giacoppo añadió que la ley modelo se constituirá en una normativa de vanguardia y guía para los parlamentos nacionales de los 23 países miembros sobre la fiscalización del gasto público, la cultura de la legalidad, la rendición de cuentas y transparencia en la administración gubernamental.
La parlamentaria citó cifras de Transparencia Internacional que indican que el costo económico de la corrupción es del 5% del PIB mundial, lo que equivaldría en América Latina a más de 280 mil millones de dólares, una cifra que si se recuperara podría solucionar la pobreza extrema en la región.
El proyecto de ley modelo fue redactado por una comisión relatora conformada por la Fiscalía, Gral. de Cuentas, el Tribunal de Cuentas, la Contraloría General y la Dirección General de Ingresos (DGI) de Panamá.
Por su parte, la fiscal Hormechea expresó las metas alcanzadas por la fiscalía general de Cuentas de Panamá, y los nuevos retos a favor de una “efectiva y pronta recuperación de las lesiones patrimoniales causadas al Estado” panameño por malos manejos de bienes y otros fondos públicos por empleados y agentes.
