Fiscalía acusa a Cristina por 913 hechos de corrupción

Cuadernos de las coimas: la Fiscalía acusó a Cristina Kirchner por 913 hechos de corrupción.

Lo hicieron los fiscales Stornelli y Rívolo al apelar el fallo del juez Bonadio. Debe resolver la Cámara Federal. Además pidieron la detención de más empresarios

Los fiscales federales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo requirieron hoy que la ex presidente Cristina Kirchner sea acusada por 913 hechos de corrupción al mismo tiempo que pidieron la detención de empresarios que fueron procesados por el juez Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos de la corrupción kirchnerista.

Así lo sostuvieron en la apelación que presentaron hoy y que será revisada por la Cámara Federal. En su presentación, la Fiscalía también requirió que más empresarios sean procesados, que se agrave la calificación legal a otros y que la investigación se profundice sobre el resto de los imputados en el caso de las coimas, informaron a Infobae fuentes judiciales.

El juez Bonadio procesó la semana pasada a unas 40 personas entre ex funcionarios y empresarios. El expediente es por el pago de coimas que empresarios de la obra pública le hacían a funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para quedarse con las obras. El magistrado los procesó por los delitos de asociación ilícita, dádivas y cohecho en base a las anotaciones que hizo en un cuaderno el chofer Oscar Centeno más las declaraciones de 20 arrepentidos.

Las defensas ya apelaron los procesamientos y hoy fue el turno de los fiscales Stornelli y Rívolo. En primer lugar solicitaron cambiar el delito de dádivas por el de cohecho, es decir coimas.

Sobre la ex presidente, el fiscal requirió que su procesamiento sea por 913 hechos de coimas. Cristina Kirchner está procesada por 22 casos de dádivas y cinco de cohecho. Pero como jefa de la asociación ilícita, la Fiscalía entendió que debe estar procesada por todos los hechos de corrupción del caso que van desde los anotados por Centeno como por todos los que relataron los arrepentidos, entre ellos el financista Ernesto Clarens, quien entregó un listado de licitaciones arregladas.

Los fiscales también solicitaron que Clarens, los empresarios Carlos Wagner y Gerardo Ferreyra y el ex secretario de Obras Públicas José López sean considerados como organizadores de la asociación ilícita junto con el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex funcionario Roberto Baratta, quienes están procesados en ese rol. Para la Fiscalía, Clarens, López, Wagner y Ferreyra fueron organizadores porque realizaron tareas dentro de la estructura de la asociación ilícita.

Además le pidió a la Cámara que procese a los empresarios que recibieron una falta de mérito. Se trata de Jorge Guillermo Neira, Héctor Javier Sánchez Caballero, Rodolfo Armando Poblete, Héctor Alberto Zabaleta, Francisco Rubén Valenti y Osvaldo Antenor Acosta. Todos ellos eran los segundos de sus empresarios pero sus jefes se hicieron cargo del pago de sobornos y dijeron que los hicieron por orden de ellos.

Pero para la Fiscalía igual cometieron delito y deben ser procesados con prisión preventiva, aunque no se hará efectiva por las excarcelaciones que recibieron –varios de ellos estuvieron presos– y las exenciones de prisión.

Otro punto que requirieron los fiscales fue la detención de cuatro empresarios procesados en la causa: Alejandro Pedro Ivanissevich, Manuel Santos Uribelarrea, Hugo Alberto Dragonetti y Hugo Antranik Eurnekian. También para Jorge Juan Mauricio Balan, Benjamín Gabriel Romero, Enrique Menotti Pescarmona y Clarens, pero no irán a la cárcel porque son arrepentidos.

Los fiscales también requirieron que sean procesados el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y su secretario Martín Larraburu como miembros de una asociación ilícita y 28 casos de coimas. También del Miguel Marconi, de Supercemento, por asociación ilícita y coimas.

Por último, para la Fiscalía la causa se debe profundizar. Stornelli y Rívolo señalaron que hay que investigar los dichos de Wagner, López y Clarens. Los tres como arrepentidos aportaron los nombres de empresarios y compañías vinculadas a la cartelización de la obra pública para lo cual pagaban coimas. Por eso los fiscales señalaron que se deben citar a indagatoria a nuevos acusados y sumaron un nuevo delito para investigar: lavado de dinero.

Ahora todas las apelaciones irán a la Cámara Federal. La Sala I del tribunal deberá fijar una audiencia con las partes y luego resolver las presentaciones de las partes.

Fuente: Infobae.