Las pesquisas judiciales apuntan hacia dirigentes del Polo Obrero y otras organizaciones, quienes supuestamente habrían presionado a los beneficiarios de planes sociales para que participaran en protestas callejeras y vendieran productos distribuidos por programas del ex Ministerio de Desarrollo Social.
Según información obtenida por Infobae de fuentes oficiales, se han ordenado 27 allanamientos y detenciones preventivas para que los acusados declaren ante las autoridades. Entre los implicados se encuentran Jeremías Canteros, Elizabeth Palma y otros tres dirigentes identificados por los apellidos Puppo, Delgado y Vásquez, pertenecientes al Polo Obrero y otros grupos piqueteros que gestionaban comedores populares.
La investigación, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, ha reunido suficientes pruebas para convocar a 28 personas y llevar a cabo los allanamientos. Se busca recolectar evidencia como registros de asistencia a manifestaciones, dispositivos electrónicos y documentación relacionada con la presunta actividad delictiva.
La Justicia ha destacado la importancia de incautar dispositivos electrónicos propiedad de los acusados, ya que muchos de los actos de extorsión se habrían llevado a cabo a través de estos medios. Asimismo, se busca obtener información sobre posibles transacciones financieras relacionadas con los delitos investigados.
Estas acciones judiciales se producen en un contexto de conflicto entre el Gobierno y las organizaciones sociales, que han llevado a cabo manifestaciones sin lograr cambios en la política gubernamental respecto a la distribución de ayuda social y la gestión de los planes.
