El Gobierno apura la recuperación de los bienes que provienen de delitos graves como la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas. Un día después de que el presidente Mauricio Macri anunciara la firma del decreto de necesidad y urgencia (DNU) sobre la extinción de dominio la norma fue publicada en el Boletín Oficial, por lo que ya entró en vigencia. La oposición criticó la medida.
Se trata del Decreto 62/2019, que está pendiente de aprobación en el Congreso. La resolución determina la recuperación del patrimonio que se presume que proviene de la comisión de delitos graves como corrupción, narcotráfico, trata de personas, secuestro y terrorismo, entre otros, cuyos responsables no puedan probar su origen lícito.
Desde el Gobierno indicaron que la normativa apunta a cortar el sistema de financiación de las organizaciones delictivas nacionales e internacionales. Además de Macri firmaron el DNU el jefe de Gabinete Marcos Peña y los ministros Rogelio Frigerio (Interior), Guillermo Dietrich (Transporte), Nicolás Dujovne (Hacienda) Patricia Bullrich (Seguridad), Germán Garavano (Justicia), Oscar Aguad (Defensa), Jorge Faurie (Producción), Dante Sica (Producción y Trabajo), Carolina Stanley (Desarrollo Social y Salud) y Alejandro Finocchiaro (Educación).
El decreto habilita la creación de una procuraduría de extinción de dominio a favor del Estado Nacional (PEDEN) que funcionará dentro de la estructura de la Procuración General de la Nación. Este organismo impulsará las investigaciones preliminares junto con los fiscales, presentará las demandas e impulsará las acciones.
Los bienes alcanzados por la nueva acción civil son todos aquellos susceptibles de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, registrable o no, los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten propiedad y otros derechos o cualquier otro activo susceptible de apreciación pecuniaria. Incluye los ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los bienes mencionados.
Los delitos abarcados por el régimen de extinción son los de la ley 23 737 de estupefacientes, el contrabando de estupefacientes, precursores químicos y de armas, el amedrentamiento coactivo a particulares, gobiernos u organismos internacionales, la corrupción de menores, el proxenetismo, la distribución de pornografía infantil, la trata de personas y el secuestro extorsivo.
Incluye el fraude a la administración pública de un funcionario, el cohecho y la malversación de caudales públicos, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, las exacciones Ilegales y el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.
Serán alcanzados además delitos como el encubrimiento, los balances e informes falsos agravados, los delitos contra el orden económico y financiero y ciertas asociaciones ilícitas. Durante el proceso la administración de los bienes estará a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) mientras que el dinero en efectivo será administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Con esta medida la Argentina cumple con obligaciones internacionales asumidas en las convenciones Internacionales contra la Delincuencia Organizada Transnacional y de las Naciones Unidas, e interamericanas contra el Terrorismo y contra la Corrupción.
«En la Argentina hoy el que las hace, las paga»
En el anuncio en Casa Rosada, el Presidente dijo que «no da lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas por fuera de la ley» y que «los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente». «Que sepan que en la Argentina hoy el que las hace, las paga», afirmó.
Macri dijo que el DNU permitirá «avanzar con la extinción de dominio y que la Justicia pueda recuperar más rápido y de forma trasparente los bienes que el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas y la corrupción se robaron».
«Los mafiosos y corruptos no tienen límites. Estamos dando esta lucha fuerte y permanente para terminar con esto», dijo Macri, que explicó que el objetivo es que los bienes incautados «se puedan subastar para destinarlos a políticas públicas fundamentales».
«La mafias, las redes de narcotráfico, de crimen organizado y de la corrupción se llevaron plata que es de todos los argentinos. Es plata que necesitamos para seguir combatiendo la inseguridad, para seguir construyendo escuelas, jardines, espacios de primera infancia, rutas más seguras, obras para inundaciones y también llevar obra y cloacas a todas las familias», dijo.
Macri indicó que actualmente «la justicia penal tiene instrumentos para avanzar sobre estos bienes pero son muy lentos» y que por eso este DNU será «un paso adelante para que la justicia pueda avanzar más rápido en recuperar esos bienes». «No alcanza con condenar a quienes lideran bandas criminales porque mientras tengan recursos van a seguir operando. Por esto, también hay que atacar su poder económico», argumentó.
Críticas de la oposición
Diputados de distintos partidos de la oposición expresaron su rechazo y calificaron de «inconstitucional» el DNU anunciado por el Presidente. «El DNU de extinción de dominio es inconstitucional, es más un acto de campaña que de gobierno, ya que los DNU están vedados para materia penal. Por eso, lo anunciado por Mauricio Macri involucra directamente cuestiones penales», expresó el bloque de diputados nacionales del FPV-PJ a través de un comunicado.
«Curiosamente, en el día que el FMI anuncia mayor contracción económica para la Argentina, el Gobierno de Cambiemos intenta tapar una nueva mala noticia con un mamarracho que viola la Constitución Nacional», cuestionaron. «Corrupción es también generar desigualdad, beneficiando a unos pocos y perjudicando a una mayoría, hecho que viene llevando adelante Cambiemos desde su asunción», cuestionaron los diputados peronistas.
Desde el Frente de Izquierda la diputada del PTS, Myriam Bregman, apuntó que se trata de una iniciativa «demagógica» ya que, según explicó, «ya existen medidas para recuperar bienes de origen ilegal». «Hay que mirar muy bien el texto del proyecto porque lo que se trató oportunamente en el Congreso era inconstitucional», advirtió Bregman a través de una publicación en su cuenta de Twitter.
