El Consejo Federal de Ambiente sesionó en Asamblea Ordinaria, abordando un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la evaluación de impacto ambiental.
En representación de Jujuy participaron la ministra de Ambiente, María Inés Zigarán y el secretario de Calidad Ambiental, Pablo Bergese.
Jujuy en dicha asamblea solicitó la incorporación de excepciones puntuales para proyectos vinculados a emergencias sanitarias establecidas por normativas específicas, así como precisiones respecto a los procesos con pueblos indígenas, proponiendo Jujuy que ello opere cuando los proyectos estén asentados en territorios de comunidades indígenas. Asimismo propuso la inclusión dentro de los documentos del EIA, de informes interculturales que faciliten la compresión del instrumento a comunidades indígenas u otras comunidades culturales diferenciadas. Estos aportes, después de ser sometidos a votación, fueron incorporados al proyecto.
“El proyecto de ley representa un aporte sustancial para mejorar en todo el país la herramienta del EIA prevista en la legislación ambiental porque permitirá establecer criterios mínimos para los procedimientos que son de enorme relevancia para los proyectos de desarrollo” dijo Zigarán.
Una fuerte disidencia de Jujuy frente a un Intento de vulnerar competencias de las provincias Sin embargo, durante la asamblea la Provincia de Jujuy expresó una fuerte disidencia respecto a un artículo de ese proyecto que crea una Agencia Federal de Evaluación de Impacto Ambiental, a la que se adjudica la potestad de otorgar licencias ambientales a proyectos intejurisdiccionales e internacionales.
Jujuy, junto a las provincias de Mendoza, Corrientes y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires votaron en contra de esa propuesta y con abstenciones y solicitud de extender la discusión, se pronunciaron provincias como Buenos Aires, Neuquén, Chubut, San Juan y Catamarca. “Jujuy considera que los procedimientos que involucren proyectos interjurisdiccionales deben sustanciarse en los organismos de las provincias involucradas, ya que los impactos son sobre sus territorios y sobre sus recursos naturales que son dominio originario de las provincias.
Las provincias pueden sustanciar los acuerdos necesarios para analizar los ESIAS. Habilitar un mecanismo que le otorgue a un organismo nacional esa potestad implicaría una violación a los art. 121 y 124 de la Constitución Nacional y generaría condiciones para un proceso de litigiosidad que debemos evitar”, argumentó María Inés Zigarán en el COFEMA. Con relación a la creación de la Agencia Federal de Evaluación Ambiental, agregó que “sus funciones se superpondrían con las que ya tienen áreas del Ministerio de Ambiente de Nación. De crearse, la misma no podrá tener como función el otorgamiento de licencias a proyectos interjurisdiccionales por las razones antes expresadas, ni competencia alguna en la evaluación de proyectos en territorios provinciales”. “Jujuy –agregó- defiende el espacio del Consejo Federal de Ambiente como ámbito de concertación y de búsqueda de soluciones frente a diferendos y apuesta a la potencialidad del Consejo como ámbito para el análisis de proyectos interjurisdiccionales e internacionales”.
Al respecto la Ministra de Ambiente indicó que “de inmiscuirse Nación en las licencias ambientales de proyectos interjurisdiccionales, estaríamos frente a avasallamiento de las autonomías provinciales”. Consideró que en la base de este debate hubo presuposiciones que son lesivas de las provincias como “considerar que no cuentan con capacidad técnica para evaluar proyectos interjurisdiccionales o que las provincias no pueden establecer acuerdos para procedimientos de evaluación conjuntos”.
Claramente –agregó- este tipo de proyectos exige un esfuerzo de evaluación con una mirada integral, interdisciplinar y un acuerdo entre jurisdicciones para determinar el procedimiento, pero eso no implica que la Nación pueda asumir el rol de evaluador”. Interpretó Zigarán que esto pone en juego el federalismo y disposiciones constitucionales y normativas. Recordó que la Ley 25675, establece el sistema federal ambiental, “con el objeto de desarrollar la coordinación de la política ambiental, tendente al logro del desarrollo sustentable, entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la ciudad de Buenos Aires”. Ese sistema es instrumentado por el Consejo Federal de Ambiental (COFEMA).
Abundó la titular de la cartera ambiental que el Anexo I de esa ley incorpora el acta constitutiva de COFEMA, donde claramente se establece como uno de los objetivos de COFEMA “exigir y controlar la realización de estudios de impacto ambiental en emprendimientos de efectos interjurisdiccionales, nacionales e internacionales”. Es decir, es el COFEMA el espacio por excelencia para el abordaje de las cuestiones ambientales interjurisdiccionales y no un organismo nacional, cuyos integrantes son designados por el Poder Ejecutivo Nacional, como se pretende en el proyecto.
Finalmente indicó la Ministra que la función otorgada a la Agencia Federal de Impacto Ambiental propuesta por el oficialismo en el proyecto analizado, en particular en la función referida a las licencias ambientales sobre proyectos interjudisdiccionales, “confronta con el art. 124 que le otorga a las provincias la potestad de “establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines” y les reconoce “el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorios”. Zigarán anticipó que este debate ahora se trasladará al Congreso de la Nación para su tratamiento y abogó para que se evite una vulneración a las potestades de las provincias y se fortalezca el reconocimiento del COFEMA como el espacio de concertación ambiental.
