Mientras Cristina Kirchner cargaba a través de YouTube contra jueces, fiscales, opositores y periodistas por la causa Vialidad, una de las investigaciones registró un paso sustancial, 635 kilómetros al sudoeste del Senado de la Nación.
Por: Hugo Alconada Mon
El fiscal federal con asiento en Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, pidió el martes la elevación a juicio oral del grupo de empresarios que conformó una asociación ilícita abocada a evadir tributos y lavar activos, y permitió así que el presunto testaferro de los Kirchner defraudara al Estado nacional por más de $673 millones, según determinó un peritaje oficial.
Con el pedido del fiscal en sus manos, el juez federal Walter López da Silva evaluará ahora si eleva la investigación a un tribunal oral o si, por el contrario, considera que quedan medidas de prueba pendientes en primera instancia.
La pesquisa que se desarrolla en Bahía Blanca resulta clave para el entramado de expedientes que afrontan Báez y los Kirchner. Entre otros motivos, porque podría configurar el “delito precedente” para las condenas dispuestas en la causa por la ruta del dinero K, y vincularse con la comisión de otros ilícitos investigados en las causas Vialidad y Hotesur-Los Sauces.
El fiscal Martínez consideró que ya “se encuentra debidamente acreditado” que un puñado de empresarios locales –Franco, Enzo y Silvio Luis Ficcadenti, y José Antonio, Denis Ariel y Franco Nicolas Ferreyra, además del contador Rogelio Chanquia– formaban parte como “miembros, de una organización tendiente a generar un entramado societario para emitir facturación total o parcialmente apócrifa de la que se beneficiaba, como empresa ‘usuaria’ Austral Construcciones SA”, por lo que serían “autores” de una asociación ilícita fiscal.
De prosperar la petición de la Fiscalía, la investigación criminal podría, al fin, remitirse a la instancia oral, tras una instrucción que se extendió ocho años y pasó por las manos de varios jueces y fiscales, además de registrar todo tipo de turbulencias, como el viraje de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que dejaron de impulsar la pesquisa contra todos los sospechosos.
El giro de la AFIP, como también de la UIF, sorprendió en los tribunales bahienses. Entre otros motivos, porque sus abogados habían requerido a la Cámara Federal que confirmara todos los procesamientos, incluido el de Lázaro Báez. Pero luego volvió sobre sus pasos.
El propio Báez pasó así de quedar procesado en el expediente como presunto jefe de esa asociación ilícita fiscal –en la que también habría participado su hijo Martín– a ser tomado como su mero beneficiario, por lo que se revocó su procesamiento, aunque todavía afronta otra investigación por presunta evasión vinculada a facturas truchas. Tramita en Buenos Aires, ante el juez en lo penal económico, Javier López Biscayart.
En la misma línea, en Bahía Blanca también se cerró la investigación por los delitos que habrían cometido funcionarios y empleados de la Regional de la AFIP en esa ciudad durante la gestión de Ricardo Echegaray para proteger a Báez y la usina de facturas apócrifas. La Justicia bahiense concluyó que se trataba de “cosa juzgada” porque los acusados ya habían sido beneficiados por un cuestionado sobreseimiento que firmó el juez federal Norberto Oyarbide el 7 y 9 de diciembre de 2015. Es decir, cuando restaban horas para que Cristina Kirchner concluyera su mandato presidencial.
“Sin capacidad económica”
Desde su inicio en 2014, tras una investigación de LA NACION, la tramitación del expediente judicial afrontó múltiples dificultades en Bahía Blanca. Provocó incluso que Echegaray ordenara el cierre de la Regional del organismo en esa ciudad, algo que la Cámara Federal consideró que no logró probarse en el expediente. Y dejó en evidencia la pasividad para investigar de los fiscales federales Antonio Castaño y su superior, Alejandro Cantaro, luego procesado por la presunta protección que habría brindado a una banda narco.
Ahora, ya sin Báez ni el personal de la AFIP entre los acusados, el fiscal Martínez consideró que los responsables de los grupos Ficcadenti y Ferreyra, más el contador Chanquía, cometieron y ayudaron a Báez a evadir impuestos “al menos desde 2007 en adelante”, con el supuesto apoyo de la poderosa financiera local Crediba.
“Así –remarcó la Fiscalía–, en el orden de la maniobra delictual que es objeto de esta pesquisa, Austral Construcciones SA, surgiría como usuaria de las facturas emitidas por cuatro de las empresas involucradas y denominadas ‘sin capacidad económica’”. En otras palabras, que un grupo de empresas y sociedades simularon prestarle servicios a Austral Construcciones, por cientos de millones de pesos, para que pudiera extraer esos fondos de sus balances y disponer de ellos, sin restricciones, desde las sombras.
De ser hallados culpables, los Ferreyra, los Ficcadenti y el contador Chanquía afrontarían penas de tres años y seis meses a diez años de prisión efectiva. “Cada uno de los imputados ha tomado parte activa en beneficio de la asociación –destacó el fiscal Martínez–, configurándose así una comunidad de propósito delictivo, que se ha exteriorizado a través de la contribución de cada uno a la constitución de las sociedades, impresión de comprobantes, punto de contacto externo, la comercialización de las facturas, los tramites de ida y vuelta de cheques, cobros, etcétera, más allá del lucro efectivo que les retornaba a cada uno, participando así de la evasión fiscal agravada de los usuarios [por los Báez con Austral Construcciones] de dichos soportes apócrifos”.
Hugo Alconada Mon
