La medida, oficializada a través de la Resolución 982/2024, firmada por el director de ANSES, Mariano de los Heros, tiene como objetivo simplificar los trámites previsionales, eliminando la necesidad de recurrir a intermediarios registrados.
Según el Ejecutivo, esto busca remover «barreras innecesarias» que dificultaban a los ciudadanos.
Este registro, creado en 2014 durante la gestión kirchnerista, obligaba a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a ser representados por profesionales habilitados. En su momento, el objetivo era garantizar la profesionalización en los procesos. Sin embargo, el gobierno actual lo considera una traba para la libre elección de los ciudadanos sobre cómo gestionar sus trámites previsionales.
La eliminación del registro está alineada con el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, que declaró la emergencia pública en materia económica y administrativa, y con la Ley N° 27.742, conocida como la «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos». Esta política de desregulación tiene como fin reducir costos y tiempos en los trámites estatales.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, uno de los principales impulsores de la medida, destacó en redes sociales que la decisión elimina «cotos de caza» que, a su criterio, beneficiaban a sectores profesionales en perjuicio de los jubilados. “Cada trámite era una cabina de peaje a favor de la casta que todos terminábamos pagando”, expresó.
Además, Sturzenegger subrayó que la medida devuelve a los ciudadanos la libertad de elegir cómo gestionar sus trámites, sin la obligatoriedad de contratar intermediarios registrados por ANSES. Según él, esta es una de las restricciones a la libertad individual que el presidente Javier Milei se propuso eliminar.
Desde un punto de vista normativo, la Resolución 982/2024 sostiene que la obligación de recurrir a abogados o gestores para trámites previsionales era «una limitación injustificada» y que normativas anteriores, como la Ley N° 17.040 y el Código Civil y Comercial de la Nación, ya ofrecían un marco adecuado para la representación ante la ANSES, sin necesidad de crear un registro adicional.
La medida forma parte de un proceso más amplio de simplificación administrativa que ya había comenzado en 2023, cuando se implementaron medidas similares en la ANSES. Según las autoridades, el objetivo es mejorar la eficiencia del Estado, reducir el gasto público y permitir a los ciudadanos realizar sus gestiones de manera más ágil.
Sturzenegger también agradeció el apoyo de las autoridades de ANSES y mencionó que la decisión fue impulsada por comentarios de ciudadanos que se sentían limitados por la normativa anterior. Entre ellos, destacó el testimonio de Cristian Manuel Goncalvez, quien afirmó que el registro «coartaba su libertad para trabajar». Para el ministro, estos testimonios refuerzan la necesidad de seguir eliminando normativas que atentan contra la libertad individual y la eficiencia administrativa.
