El juez federal Julián Ercolini elevó a juicio oral y público el caso Los Sauces, que investiga una serie de negociados inmobiliarios a través de los cuales se habrían lavado activos probablemente provenientes de fondos de la obra pública.
Estarán sentados en el banquillo de los acusados la ex presidente Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia. También deberán defenderse de las acusaciones Lázaro Báez y sus hijos Martín, Leandro, Luciana, y los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. Esta es la primera vez que los hijos de la ex mandataria son enviados a juicio oral.
El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces Adriana Palliotti y Daniel Obligado y con una vacante. El tribunal fue sorteado hoy. El fiscal será Diego Velasco, el mismo que tiene el caso de dólar futuro en el que también será juzgada la ex presidente Cristina Kirchner.
Completan la nómina de los imputados Emilio Carlos Martín, Claudio Fernando Bustos, Martín Samuel Jacobs, Romina de los Ángeles Mercado, Carlos Alberto Sancho, Norma Beatriz Abuin, Jorge Marcelo Ludueña, Ricardo Leandro Albornoz, Víctor Alejandro Manzanares, Osvaldo Sanfelice, Oscar Alberto Leiva, Rolando Aníbal D’Avena, Marcelo Gustavo Mazú, Raúl Oscar Avarese, Lisandro Manuel Gauna y Mónica Liliana Romero.
Según describió Ercolini, a Cristina Kirchner se la acusa de haber liderado una asociación ilícita que diseñó, ejecutó y dirigió entre 2009 y 2016 «un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de Los Sauces S.A». Con esa operatoria, se lograba «legitimar una porción de dinero de procedencia ilegítima que era canalizado a través de empresas del grupo Báez y del grupo Indalo a través de la actividad inmobiliaria y hotelera desplegada por la sociedad comercial».
La hipótesis de los fiscales del caso apunta a que Néstor y Cristina Kirchner compraron varias propiedades a través de Los Sauces, que luego fueron dadas en locación a las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López con el propósito de que ese alquiler constituyera la causa jurídica que justificara el flujo de fondos millonarios a través del que se buscaba legitimar dinero de origen ilícito. Así, el matrimonio presidencial habría ingresado a su patrimonio millones de pesos provenientes de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz bajo una fachada legal aparentemente lícita.
El pedido de elevación a juicio de la causa fue pedido por la Fiscalía y por la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera -que actúan como querellantes-, mientras que varias defensas se opusieron pero el juez Ercolini rechazó esos planteos.
La causa tiene un detenido. Se trata de Manzanares, quien era el contador de la familia Kichner. Fue apresado el 17 de julio del año pasado por orden del juez federal Claudio Bonadio por el presunto entorpecimiento de la investigación. Desde entonces está preso en la cárcel de Marcos Paz.
Cristina Kirchner tendrá la agenda judicial completa en 2019. Es que a este juicio oral se suman otras causas en las que deberá sentarse en el banquillo de los acusados: la primera será a partir del 26 de febrero, por la concesión de la obra pública en Santa Cruz. En la misma instancia -aún sin fecha de inicio- se encuentran los casos por el dólar futuro y por la firma del memorándum con Irán.
Por otra parte hay dos procesamientos a la ex mandataria que están bajo revisión de la Cámara Federal. Uno es en la causa «Hotesur» y el segundo en el expediente de los cuadernos de la corrupción.
