El artículo 106º de la “ley ómnibus”, el que propone suspender la fórmula de movilidad actual y darle al Poder Ejecutivo todas las prerrogativas para actualizar discrecionalmente las jubilaciones, asoma como la gran batalla del debate legislativo de los próximos días.
Los bloques más proclives a apoyar la iniciativa de Javier Milei están muy firmes con la idea de modificar ese párrafo del proyecto. Quieren que se ponga por escrito que, si se pasa a un esquema sin fórmula, las prestaciones no perderán contra la inflación. La Casa Rosada y el Ministerio de Economía, sin embargo, se resisten fuertemente a introducir una indexación.
“Eso no se toca. Está prohibida la indexación”, soltó esta semana un estrecho colaborador presidencial cuando empezaba a aclarar el paisaje legislativo y asomaban los puntos críticos del proyecto.
De todo el paquete de reformas que hay en la ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” el de las jubilaciones es uno de los más sensibles porque impacta en la botonera fiscal que debe digitar Luis Caputo, que quiere terminar con el déficit. De hecho, cuando el ministro de Economía presentó sus primeras medidas, publicó un cuadro en donde se fijaba un ajuste del 0,4% del PBI en jubilaciones.
Tanto Pro, como la UCR y Hacemos Coalición Federal ya marcaron un límite con el capítulo de las jubilaciones. Están de acuerdo con que la fórmula actual (que rige desde fines de 2020) es perjudicial y dicen que hay que eliminarla, pero no quieren delegar las actualizaciones en el Poder Ejecutivo sin fijar límites. Al artículo lo pintaron de amarillo dentro del “semáforo” que utilizaron para clasificar qué artículos del proyecto pasan y cuáles no. Es decir, que para ellos es un aspecto a ser modificado para que sea votado afirmativamente.
“Esto de darle la discrecionalidad al Poder Ejecutivo debe tener un límite para que los jubilados no pierdan contra la inflación. Y si se está trabajando en una nueva fórmula (de movilidad) nos tenemos que comprometer a que venga al Congreso en un plazo determinado”, dijo la diputada por Santa Fe, Germana Figueroa Casas (Pro) durante el debate en el plenario de comisiones.
Un diputado de Pro que integra el grupo que responde a Patricia Bullrich -la pata más proclive a acompañar al Gobierno- advirtió: “No sé cómo va a quedar redactado el artículo, pero si quieren que la ley salga lo van a tener que modificar. Ellos están políticamente en contra de las indexaciones. No sé qué término van a usar pero lo tienen que cambiar”.
El bloque del radicalismo en Diputados, por su parte, el viernes por la noche emitió un comunicado en el que señaló: “Rechazamos la suspensión de la movilidad jubilatoria ya que esta medida perjudica a nuestros jubilados y pensionados que ya vienen siendo fuertemente castigados. Consideramos que es prioridad proteger sus ingresos contra la inflación”.
El proyecto de Milei fija la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria y pretende que se faculte al Poder Ejecutivo a establecer una nuevo cálculo teniendo en cu enta “criterios de equidad y sustentabilidad económica”. Hasta tanto se apruebe una nueva fórmula (no hay un plazo), la iniciativa dice que el Gobierno “podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”.
La postura de Economía
El Gobierno todavía no tiene en carpeta una nueva fórmula de movilidad. Es decir que se desconoce por cuánto tiempo el Poder Ejecutivo pretende actualizar los haberes sin un cálculo fijo. En la gestión de Milei se apalancan en lo perjudicial que viene resultando la fórmula actual y en que los bonos para compensar la caída de los ingresos que han otorgado también respondieron a una maniobra “discrecional”.
Así, aseguran que con el nuevo esquema se protegerá el poder adquisitivo de los jubilados sin precisar cómo. Y apuntan a que se cuidará “en particular” a los beneficiarios de menores ingresos, dejando entrever que las actualizaciones no serán iguales para todos.
Fuentes del Ministerio de Economía señalaron a LA NACION: “La propuesta del Gobierno es suspender esta fórmula que perjudica a los jubilados y, mientras se establece la nueva fórmula, realizar aumentos periódicos para proteger el poder adquisitivo de los jubilados priorizando a los beneficiarios de más bajos ingresos”. Y enfatizaron: “Durante el gobierno de Alberto Fernández utilizando la fórmula actual y el pago discrecional que hacía su gobierno, las jubilaciones perdieron entre el 15 y más de 30% contra la inflación”.
Caputo esta semana hizo una defensa del planteo durante la conferencia de prensa que brindó para anunciar el nuevo acuerdo con el FMI. “¿Se puede hacer una nueva fórmula? Sí, obvio, pero en principio hay que terminar con esta fórmula. El cuento de la discrecionalidad es sonso porque ya está la discrecionalidad cuando se compensa con bonos”, dijo. Y siguió, con el tono “a todo o nada”: “Nuestra intención es proteger a los jubilados y eso es lo que vamos a hacer este año, no vamos a dejar que les caiga el poder adquisitivo. Si la ley no pasa, tendríamos que seguir con la fórmula que hay”.
Hoy, las jubilaciones vienen perdiendo poder adquisitivo por el atraso de cálculo propio de la fórmula vigente, lo que genera una alta brecha entre el índice de movilidad y el nivel de inflación. Así, para la gestión de Milei podría ser sencillo demostrar que otorgará a los jubilados subas superiores que las que se percibirían con la aplicación del cálculo de movilidad actual. Aún así, el Gobierno podría ajustar el gasto para cumplir con la premisa del “déficit cero”.
Un importante colaborador de la Casa Rosada apuntó: “Indexar las jubilaciones no sirve.. Ya lo hicieron anteriores gobiernos y no lo cumplieron”.
El oficialismo le transmitió a los bloques aliados que quiere votar el proyecto de ley bases antes del paro de la CGT del 24 de enero.
Un diputado de un bloque aliado apuntó: “La ley con un cheque en blanco en materia jubilatoria no va. Si no quieren fijar una indexación mensual por inflación queremos saber por qué”.
Maia Jastreblansky
