Posición del Partido Justicialista con respecto a la situación económica, política, social e institucional del País, la Provincia y de los Municipios.
Considerando los principios y valores del Justicialismo en el reconocimiento de la democracia como única forma de gobierno posible, en donde deben respetarse tanto las mayorías como las minorías mediante del voto ciudadano, herramienta electoral esencial por representar la voluntad popular, el cual el peronismo siempre respetó.
Teniendo presente la penosa realidad que vive el País, el Justicialismo rechaza categóricamente las políticas antipopulares y neoliberales, que no solo empobrecen y quitan dignidad a nuestro pueblo trabajador y a los sectores más desprotegidos y vulnerables de la sociedad. En ese entendimiento, este Congreso manifiesta su desacuerdo con las políticas impulsadas por el gobierno macrista y sus socios radicales en lo atinente a la reforma laboral, a los aumentos tarifarios de los servicios públicos -nacionales, provinciales y municipales- el despido de trabajadores de organismos estatales relacionados a la ciencia, a la técnica, a la información pública, a los aspectos productivos y demás aéreas del Estado, el cual demuestra el intento de achicar el Estado como único órgano regulador de la igualdad y la equidad social.
Asimismo, el Peronismo rechaza enérgicamente la decisión del gobierno Nacional de acordar una ayuda monetaria con el Fondo Monetario Internacional, institución financiera que con su política de usura ha provocado la miseria no solo de nuestro país sino de otros países del orbe. Por el contrario, el Justicialismo reivindica al trabajo como la única forma posible de generar riqueza y dignidad para el ser humano, único eje de las políticas públicas. Queda demostrado así que, el Gobierno Nacional ha generado las condiciones económicas que nos llevaron al ahogo financiero, evidenciando su único objetivo de reendeudar al País con la comunidad internacional representada por el FMI, situación ésta que nos retrotrae a tiempos ya vividos en el año 2001 con la Alianza de De La Rua y Gerardo Morales.
Repudiamos la falta de readecuación de los salarios por medio de paritarias abiertas, libres y acordes a los parámetros de la inflación, ello en resguardo del poder adquisitivo de los trabajadores y de la especulación financiera impuesta por la depreciación de nuestra moneda frente al dólar. Por lo tanto, se observa con preocupación un programa económico tendiente a oprimir a las clases más vulnerables y desprotegidas beneficiando solamente a los sectores más acomodados de la sociedad.
En lo que respecta al Gobierno Provincial, Jujuy resulta ser un laboratorio donde se aplican las políticas coercitivas hacia las actividades gremiales menospreciando la organización que nuclea a los trabajadores que defienden sus derechos.
Advertimos con preocupación el deterioro de la calidad institucional de los poderes de la Provincia.
En primer lugar, en el Poder Judicial con el aumento de los jueces que integran el Superior Tribunal de Justicia identificados con el radicalismo, al solo efecto de manipular el órgano encargado de velar por la ley. Casos como la falta de resolución en la causa de Matías Puca y del Ministro Posadas son claros ejemplos de la connivencia de poderes. A su vez corresponde mencionar los desacuerdos legales en la creación del Ministerio Publico de la Acusación.
En segundo lugar, en el Poder Legislativo se denota una falta de dialogo con las minorías, convirtiéndose en un apéndice del Poder Ejecutivo, además del atropello hacia la oposición y la ley, como fue en la designación del Defensor del Pueblo.
El Ejecutivo no solo ha engrosado su salario y la planta de funcionarios sino que ha demostrado una falta de sensibilidad respecto del poder adquisitivo de los trabajadores estatales, ofreciendo una suba en los haberes que no condicen con la realidad.
En materia productiva y laboral, ha quedado demostrado que el principal eje de campaña del radicalismo, como la recuperación del Ingenio la Esperanza, no ha sido otra cosa que robar la esperanza a los trabajadores azucareros.
Al mismo tiempo, la falta de cumplimiento de los grandilocuentes anuncios referidos a la obra pública y construcción de viviendas, como el brutal endeudamiento llevado adelante en el inconcluso proyecto de aprovechamiento de energía solar y el frustrado anuncio del tren a la quebrada, son el reflejo de quienes utilizan un discurso falaz y mal intencionado.
En materia social, la Provincia de Jujuy atraviesa una situación delicada. El estado de los hospitales públicos y la falta de políticas sanitarias, no pueden continuar desarrollándose entre idas y vueltas. Sumado a ello, resulta alarmante el ajuste y desfinanciación que se lleva adelante en la principal obra social de los jujeños, el Instituto de Seguro de Jujuy.
Tema inquietante resulta ser el relacionado con la educación pública. La infraestructura de las escuelas jujeñas se encuentra en un estado crítico en la actual gestión, sin dejar de mencionar el cierre de los centros de estudio, lo cual contradice los principios enumerados en el pretendido y proclamado pacto educativo.
Finalmente el Congreso Partidario, hace un llamamiento y una amplia convocatoria a todos los actores de la sociedad jujeña que comparta el rechazo de las políticas antinacionales y neoliberales implementadas por el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, para construir un espacio opositor que permita a los jujeños y a los argentinos salir de la frustración instalada fruto del engaño y la mentira de la pos verdad. La unidad del campo popular como la de nuestro Partido no puede peligrar por la priorización de intereses particulares en detrimento de los intereses colectivos.
CONGRESO DEL PARTIDO JUSTICIALISTA 29 DE JUNIO DE 2018.
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