Desde la otra orilla del Río de la Plata, Marcos Galperin sigue de cerca y a diario lo que ocurre en la Argentina.
En febrero de 2020, antes de irse a vivir a Montevideo y de que irrumpa el coronavirus en la región, el dueño de Mercado Libre indagó en el Gobierno si es que había alguna animosidad en contra de su empresa, la de mayor valor bursátil del país. Una normativa del Banco Central dictada de manera sorpresiva había puesto unos días antes el ojo en la regulación de los proveedores de pago, como lo es Mercado Pago, al que obligó a informar sus montos y transacciones.
Seis meses antes, después del triunfo de Alberto Fernández en las primarias que lo dejó en las puertas de la Casa Rosada, Galperin tuvo su cara a cara con el por entonces casi presidente electo. Fue un encuentro furtivo en el búnker albertista de San Telmo gestionado por Wado De Pedro. El empresario planteó allí una preocupación casi corporativa: el poder de Hugo Moyano. El eje de la conversación también giró sobre el bancario Sergio Palazzo, otro sindicalista aliado del kirchnerismo.
Para el Presidente, Moyano “es el dirigente (gremial) ejemplar”. A Palazzo también lo suele endulzar con elogios y hace unos meses lo privilegió mostrando su paritaria como caso testigo con una foto intimista en su despacho de Olivos. Durante la campaña presidencial, Fernández visitó la Asociación Bancaria dos veces en una misma semana. No fue casual: Palazzo había ubicado en las listas del Frente de Todos a dos dirigentes propios que hoy son diputados nacionales: el tucumano Carlos Cisneros y la bonaerense Claudia Ormaechea. El gremio bancario habría sido uno de los financistas ocultos de la campaña del Frente de Todos, según deslizaron fuentes sindicales.
Presidencia
Desde que Fernández llegó a la Casa Rosada, Moyano y Palazzo insisten en facturar su alineamiento. Ambos apuntaron contra Mercado Libre, una de las pocas empresas de la región que ganó en medio de una crisis de consecuencias aún inimaginables. En un 2020 surcado por la pandemia, Mercado Libre aportó al fisco argentino 75.000 millones de pesos, registró 3000 nuevos empleos y tercerizó servicios con unas 10.000 pymes que estuvieron al borde de la desaparición, según contaron fuentes de la compañía.
“Será mañana o será cuando sea, pero los trabajadores de logística van a pertenecer a nuestra agrupación gremial”, insiste Pablo Moyano, el número dos de los camioneros. El es el fronting del conflicto callejero. A la negociación más diplomática, en los despachos oficiales, la llevan su medio hermano Huguito, Omar Pérez o Marcelo Aparicio.
Los Moyano presionan con bloqueos en centros de logística por una disputa de encuadramiento mientras avanzan en la justicia laboral para impugnar el convenio colectivo que Galperin anudó durante el macrismo con la Unión de Carga y Descarga por los trabajadores de los depósitos.
Palazzo, por otra vía, presentó en diciembre del año pasado en el Ministerio de Trabajo el expediente en el que muestra su vocación para afiliar a los empleados del sistema financiero tecnológico, conocido como fintech. El asunto está sin definirse en el departamento de Asociaciones Sindicales.
Los dos frentes sindicales abiertos por los duros avivaron una interna aún no resuelta dentro del Gobierno, sobre todo en la cartera laboral, que encabeza Claudio Moroni. Por un lado, hay funcionarios que creen que hay que devolverles el gesto a los aliados y habilitarlos a meter un pie en los depósitos de logística o en las fintech. Son minoría, aunque con influencia. Por el otro, están los que dicen que hay que ajustarse a las normas y que los pedidos de Moyano y Palazzo son hoy inviables. Moroni sería uno de los que opina así. El ministro de Trabajo suele argumentar que no puede ir en contra de una resolución de su antecesor, Dante Sica.
Ante esta excusa, Moyano acelera una definición del juzgado laboral N° 63 para que sentencie si fue nulo o válido el convenio sellado entre Galperin y Daniel Vila, de Carga y Descarga, y que fue avalado por el exministro macrista. El desenlace, al menos en primera estancia, estará a cargo de la jueza María Alejandra D´Agnillo, nombrada en 2012 por Cristina Kirchner y de quien dan buenas referencias dentro del fuero laboral.
“Hubo un pacto fraudulento y espurio entre el Ministerio de la Producción y Trabajo, una empresa fantasmática y un sindicato sin representación”, planteó el líder camionero en la denuncia. Fue una suerte de microreforma laboral en un gremio determinado: la letra chica de aquel acuerdo establecía modificaciones en lo relativo a la jornada laboral, la creación de un banco de horas, la polifuncionalidad de tareas, la eliminación de los delegados por turno, la limitación para ejercer el derecho a huelga y la garantía de guardias mínimas para garantizar el funcionamiento de la planta. Moyano, sin embargo, no mostró el mismo ímpetu y celeridad en la acusación personal contra Sica que hizo en Comodoro Py. El juez Daniel Rafecas lo citó dos veces a ratificar su denuncia y nunca asistió.
La negociación entre Mercado Libre y Camioneros se mantiene abierta y se desarrolla siempre en campo neutral, bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo. Surgió una suerte de pacto no escrito: de la puerta de los centros de logística de Mercado Libre hacia adentro, el gremio que seguirá mandando será el de Unión Carga y Descarga. Pero de la puerta hacia afuera, Moyano podrá avanzar con el encuadre sindical de cualquier trabajador que distribuya la mercancía. El acuerdo tambaleó el mes pasado, cuando la tropa de los Moyano bloqueó un centro de logística en Munro por el encuadramiento de 26 empleados de la empresa peruana Chazki.
Con los bancarios, la negociación se volvió tensa, aunque no hubo bloqueos ni manifestaciones callejeras. Palazzo argumenta que perdió 1200 puestos de trabajo, entre 2015 y 2019, antes de la pandemia. Las bajas se explican por los procesos de retiros voluntarios, la fusión del Banco Citi con el Santander y algunos despidos aislados. Lo que sí se impuso casi como regla en el sector es que no se repone más personal porque se cubre con el avance tecnológico. Esa es la raíz de la pulseada que pretende dar por la representación de unos 8000 trabajadores que se desempeñarían en el sistema financiero tecnológico y que considera que deberían estar encuadrados en su gremio. “El Ministerio de Trabajo reconoció nuestro derecho de afiliar a las fintech porque hacen tareas similares del de un empleado bancario”, celebran por estos días en el gremio bancario. Cerca de Moroni, en cambio, relativizan el trámite burocrático y sostienen que aún falta camino por recorrer para definir la disputa.
Mercado Libre distingue detrás de la embestida contra las fintech una maniobra orquestada en tándem por los bancos y el gremios. La reacción corporativa, dicen en el gigante del comercio on-line, surgió también cuando el Gobierno habilitó a las billeteras digitales como canales de pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el año pasado. La camporista Fernanda Raverta dispuso que el pago sea exclusivamente a través de los bancos, que reciben una bonificación por cada transacción realizada. A pesar de estas señales ambiguas, que pueden en ocasiones desalentar inversiones, Galperin no cree que el Gobierno les haya soltado la mano y avance hacia un campo de confrontación, como sí lo está haciendo con empresas de otros rubros, a partir de mayores controles de precios, ventas y stock.
Pandemia y empleo
Las ambigüedades oficiales en el vínculo del Gobierno con los empresarios quedan más en evidencia en la víspera a una inevitable segunda ola de coronavirus. La angustiante espera por el desembarco de vacunas genera desesperación y puso otra vez en alerta en a los sindicatos, cuyos jefes más longevos, a partir de privilegios e influencias, ya recibieron la segunda dosis de la Sputnik V.
Con dos millones de empleos destruidos durante la pandemia a pesar de las medidas que funcionaron como cepo laboral, como la prohibición de despidos o la doble indemnización, la CGT desplegó su poder de lobby por pasillos oficiales y empresariales para impedir que se produzca un aislamiento total, como sucedió entre marzo y abril del año pasado. “Sería un golpe de knock-out para algunas industrias”, advierten casi en bloque dirigentes de diferentes rubros. No fue casualidad entonces el mensaje de Alberto Fernández en cadena nacional, el jueves a la noche, reclamando “mayor concientización” para no tener que echar mano a medidas restrictivas que paralicen la economía.
Nicolás Balinotti
