A un día de iniciar el debate formal en la Cámara de Diputados sobre el extenso proyecto de ley ómnibus remitido por el Poder Ejecutivo, el presidente del cuerpo, el oficialista Martín Menem, precisó que tiene la autorización para entablar diálogos con los diferentes bloques y contemplar ajustes siempre y cuando no se desvíe la esencia de la normativa.
«El norte, los fundamentos esenciales, no están sujetos a negociación, pero estamos dispuestos a considerar sugerencias», expresó durante una entrevista con el periodista Marcelo Longobardi en radio Rivadavia. Además, agregó: «He recibido valiosas sugerencias de aquellos que desean respaldar el cambio y son conscientes de la crisis que enfrentamos».
Ayer, el presidente Javier Milei había declarado que no negociaría «nada» de la ley, aunque mostró disposición para escuchar «sugerencias». Menem, este lunes, delimitó los límites de esta apertura.
«No estamos dispuestos a negociar aspectos fundamentales que determinen el rumbo del proyecto, pero sí aceptamos sugerencias que puedan mejorar su contenido, dado que es sumamente ambicioso», puntualizó. Posteriormente, añadió en otra parte de la entrevista: «Estamos abiertos a recibir sugerencias; nuestro propósito es colaborar en conjunto sin comprometer la libertad de los argentinos».
En este contexto, adelantó que considerarán propuestas de otros partidos que puedan mejorar la calidad de vida de las personas o que fomenten una mayor liberalización económica. «Las ideas más innovadoras serán consideradas y acogidas», enfatizó. Y concluyó: «Estamos dispuestos a aceptar mejoras que, al final, redunden en el restablecimiento de la libertad para los argentinos».
En resumen, el oficialismo parece estar dispuesto a realizar ciertas concesiones sin alterar el núcleo esencial de las ideas, mientras que el debate público se centra en la manera de presentar este intercambio de ideas. El Gobierno evita el término «negociación» para no dar la impresión de ceder, comunicando que solo se aceptarán sugerencias.
Las sesiones informativas en las comisiones de la Cámara de Diputados comenzarán mañana. El Gobierno aspira a aprobar el proyecto para el 25 de enero sin extender las sesiones ordinarias, una meta que se vislumbra difícil de alcanzar.
«La ley es extensa, abarcativa y altamente ambiciosa. Cuando me preguntan por qué tantos artículos, respondo que nunca antes hemos enfrentado una crisis como esta. Debemos tomar medidas que no se han tomado en los últimos 100 años», explicó Menem, quien indicó que el objetivo del proyecto es fomentar la entrada de inversiones al país para contrarrestar la caída económica derivada del recorte del déficit.
A pesar de la narrativa de la Casa Rosada, la semana pasada ya hubo un proceso de negociación en el que el Gobierno terminó cediendo: el viernes, el ministro Guillermo Francos se reunió con el representante de Chubut, Ignacio Torres, y se comprometió a revisar los artículos vinculados a la actividad pesquera. Torres y otros líderes patagónicos se oponen a la apertura de la zona exclusiva argentina a empresas extranjeras.
El paquete, conocido como «Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», en honor a Juan Bautista Alberdi, comprende 664 artículos que anulan otras leyes y promueven modificaciones tanto en el ámbito público como en el privado.
Los puntos principales de la ley ómnibus de Milei son:
Emergencia pública: El Gobierno busca que el Congreso declare la emergencia pública en diversas áreas hasta el 31 de diciembre de 2025, otorgándole «facultades legislativas» en esos campos.
Privatización de empresas estatales: Busca generar mayor competencia y eficiencia económica mediante la privatización de empresas públicas, estableciendo sociedades anónimas donde el Gobierno pueda mantener un voto con derecho a veto en decisiones que involucren el cese de actividades.
Política de calidad regulatoria: Busca simplificar, digitalizar y desburocratizar la administración, promoviendo transparencia, proceso administrativo adecuado y reducción de cargas para lograr regulaciones eficientes.
Control interno de la administración: Permite operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y avales otorgados, ajustándose a las condiciones del mercado financiero.
Actividad política y función pública: Establece pautas para la publicidad institucional, evitando la promoción político-partidaria o personal.
Reorganización económica: Incluye la reventa de entradas deportivas sin límites.
Bioeconomía: Regula los establecimientos y procesos relacionados con la faena animal y productos derivados destinados al consumo o exportación.
Seguridad y Defensa: Penaliza con prisión a quienes obstruyan servicios públicos esenciales sin crear una situación de peligro común.
Juicios por jurado: Propone establecer el Régimen de Juicio por Jurados a nivel federal.
Sistema electoral: Elimina las PASO, modifica el sistema de elección de diputados y cambia las listas cerradas.
Niñez y familia: Busca fortalecer el cuidado integral de la salud materno-infantil.
Educación: Plantea evaluaciones finales para estudiantes de secundaria, divulgar resultados de evaluaciones por escuela y una mayor evaluación docente. También permite el arancelamiento universitario para extranjeros no residentes permanentes.
Además, el Gobierno pretende eliminar la fórmula de actualización de jubilaciones y pensiones, asumiendo la facultad de otorgar aumentos periódicos priorizando a los beneficiarios de menores ingresos, sin especificar la frecuencia ni los indicadores de referencia.
Uno de los aspectos que llamó la atención de los diputados opositores fue la inclusión, casi al final del proyecto, de un artículo que «ratifica» el mega decreto de necesidad y urgencia N°70, que igualmente será abordado en la comisión bicameral de Trámite Legislativo..
