La reforma judicial fue blanco de las principales críticas de la protesta de ayer. Pero el oficialismo avanza sin pausa en su tratamiento.
Como corolario de un fin de semana largo de frenético trabajo legislativo encabezado por el equipo de la presidenta de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos-Santa Fe), el oficialismo apuntó sus cañones a seducir a los diputados del bloque Consenso Federal, que responden nominalmente a Roberto Lavagna. Sus votos podrían ser claves para garantizar la sanción de la iniciativa una vez que pase a la Cámara Baja, en la última semana del mes.
La llave a la que apuesta el oficialismo es adecuar el controvertido sistema de subrogancias que establece el proyecto del Poder Ejecutivo para ocupar, hasta tanto se elijan a los magistrados titulares, los nuevos juzgados federales que se crean con la intención de licuar el poder de los jueces de Comodoro Py.
El régimen fue duramente cuestionado durante las cuatro audiencias celebradas en el Senado en las últimas dos semanas. Las voces de los especialistas (abogados, magistrados y fiscales) fueron unánimes: el sistema establecido por la iniciativa viola la actual ley de subrogancias que no contempla la posibilidad de designar un juez suplente donde no hubo un magistrado.
En otras palabras, no se puede subrogar un cargo que nunca nadie ocupó porque, simplemente, no hay un juez al que sustituir. Así también quedó establecido por la Corte Suprema de Justicia en varios fallos que dictó a lo largo de la historia.
Para superar este escollo, y la reticencia de Consenso Federal, el oficialismo busca alternativas que van desde la aplicación de un nuevo sistema de concursos abreviado, para ocupar los 23 nuevos juzgados federales porteños; hasta el «maquillaje» de evitar hablar de subrogancias para ocupar esos sitiales.
Concursos exprés
Así, fuentes judiciales aseguraron a LA NACION que el Frente de Todos trabaja en la posibilidad de establecer concursos exprés para seleccionar a los nuevos jueces federales que surgirán de la aplicación de la reforma que impulsa el Poder Ejecutivo. La idea sería abreviar los procesos de selección para poder designar a jueces nominados como efectivos o definitivos, y no suplentes, en esos nuevos juzgados. De esta manera, creen en el oficialismo, se saldaría uno de los cuestionamientos más fuertes.
Otra de las modificaciones que buscarían calmar las críticas que recibió el proyecto es la de los concursos para los nuevos jueces, tratando de equilibrar el peso en su resultado de los exámenes oral y escrito y dándoles, también, una nueva incidencia a los antecedentes en la carrera judicial, que en el proyecto del Gobierno habían sido dejados de lado.
Tal como anticipó LA NACION, entre los cambios que sufrirá el proyecto están la creación de más fiscalías y defensorías públicas, para adecuarlo al sistema acusatorio que establece el Código Procesal Penal Federal. Además, para asegurarse el voto peronista de todas las provincias, se incorporó al proyecto la creación de numerosos cargos judiciales acordados con los gobernadores. Al respecto, Sacnun dijo a LA NACION que la respuesta al pedido de las provincias no demandaría un mayor costo. «Está bastante bien equilibrado desde el punto de vista presupuestario», aseguró.
«Si fuera por el trabajo de las comisiones estaríamos en condiciones de firmarlo mañana (por hoy)», afirmó Sacnun a este diario sobre la posibilidad de que el dictamen pueda salir esta misma tarde.
Por lo pronto, el debate continuará hoy, a partir de las 13, con la exposición por videoconferencia de los últimos 15 invitados, entre los que se destacan el presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, Máximo Fonrouge, y el exjuez del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata Carlos Rozanski, quien renunció a su cargo en 2016 cuando el Consejo de la Magistratura reactivó una investigación por denuncias de maltrato laboral. También expondrá el constitucionalista Eduardo Barcesat, que fue su abogado.
Por: Gustavo Ybarra
