El juez Bonadio envió a juicio oral y público el Caso Cuadernos

El magistrado federal cerró la investigación. La ex presidente Cristina Kirchner está acusada de liderar una asociación ilícita que recaudaba coimas. También están imputados otros ex funcionarios de su gobierno y empresarios. Maximo Kirchner y otros dirigentes de La Cámpora fueron sobreseídos. Ya se sorteó cuál será el tribunal para llevar adelante el juicio.

El 31 de agosto de 2018, el juez Claudio Bonadio ordenó la detención de Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta quien era la mano derecha de Julio De Vido en el ministerio de Planificación durante el kirchnerismo. Aquel día se hizo público el encarcelamiento de Centeno y al día siguiente se produjeron detenciones de ex funcionarios y empresarios involucrados en uno de los casos de corrupción más relevantes de los últimos tiempos.

A esa investigación que había comenzado meses antes se la conoció como Caso Cuadernos, porque Centeno había anotado durante años dónde y cuándo se recogían bolsos con coimas que los empresarios le entregaban a Baratta.

Varios de los imputados se arrepintieron antes los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo. Hubo empresarios que admitieron el pago de coimas y ex funcionarios que aceptaron haberlas cobrado. El financista Ernesto Clarens reveló que fue el receptor de las coimas que pagaban los empresarios de obra pública. Aportó listados con números y dijo que el dinero se lo llevaba en bolsos Daniel Muñoz, quien durante años se desempeñó como secretario privado de Néstor Kirchner.

De aquel caso original que comenzó con las anotaciones de Centeno se desprendieron varias investigaciones. La primigenia y otras dos fueron enviadas hoy a juicio oral y público por el juez Bonadio.

El juez cerró la investigación en la que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner está procesada y con pedido de prisión preventiva por encabezar una asociación ilícita que se dedicaba a recaudar coimas que pagaban los empresarios que hacían negocios con el Estado. Entre los organizadores de esa asociación ilícita determinada por la Justicia se encuentran el ex ministro De Vido, Baratta (ambos detenidos), el financista Clarens y quien presidiera la Cámara de la Construcción Carlos Wagner. También la integran José López, ex secretario de Obras Públicas y arrepentido, Claudio Uberti, ex director del organismo que controló las autopistas por peaje y también arrepentido, entre otros. Centeno, quien se convirtió en arrepentido y debe ir a juicio oral y público.

Entre los empresarios hay quienes admitieron el pago de coimas y otros que lo negaron. Casi todos los hombres de negocios fueron procesados por la Cámara Federal solo por el delito de cohecho. Entre ellos están el primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Enrique Pescarmona, Juan Lascurain, Luis Betnaza, Gabriel Romero, y Néstor Otero, todos con intereses en compañías que históricamente hicieron negocios con el Estado. El dueño de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, está procesado por integrar la asociación ilícita y por el pago de coimas. El empresario se defendió con el argumento de que entregó dinero de manera voluntaria para sostener el proyecto político del kirchnerismo.

La derivación del Caso Cuadernos que involucra el esquema de lavado de dinero que organizó Daniel Muñoz, quien fuera secretario de Néstor Kirchner, también fue elevada a juicio oral y público.

Receptor primario de los bolsos con las coimas, Muñoz consiguió bienes de manera ilegal por una suma cercana a los 70 millones de dólares.; de esa dinero, cerca de 30 terminaron invertidos en Turks and Caicos. En ese marco, irán a juicio oral y público Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, y varios de sus testaferros e integrantes del círculo de negocios que ayudó con el lavado de dinero. Entre ellos se encuentra Víctor Manzanares, ex contador de la familia Kirchner, quien como arrepentido confesó haber armado sociedades y escondido dinero en efectivo para Muñoz. También serán enviados a juicio el abogado de Pochetti, Miguel Angel Plo, su hija y su yerno porque colaboraron en la operación de lavado que empezó en Estados Unidos y terminó en Turks and Caicos. El primo de Pochetti, Carlos Gellert, arrepentido, también irá a juicio junto con Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Municoy, quienes fueron testaferros de Muñoz-Pochetti.

Otro desprendimiento del Caso Cuadenos fue elevado hoy a juicio. Es el que se inició a partir de las confesiones de los empresarios Roggio y Romero, quienes además de admitir haber pagado coimas que cobraba Baratta, señalaron que pagaron sobornos por los subsidios a los ferrocarriles. Ambos empresarios explotaban subte y trenes. Los dos confesaron haber pagado sobornos a Ricardo Jaime, primer secretario de Transporte del kirchnerismo, y a Juan Pablo Schiavi, su sucesor. En ese caso también fueron procesados la ex presidente y De Vido.

En total, se manda a juicio a 53 personas por los cuadernos del remisero, 14 imputados por el dinero relacionado con Daniel Muñoz y seis por los subsidios al transporte ferroviario, según se desprende de la resolución de 154 paginas firmada hoy.

En el mismo escrito, se dictó el sobreseimiento de Maximo Kirchner, Eduardo «Wado» De Pedro, Andres «Cuervo» Larroque, José Ottavis y Julián Álvarez, que habían sido llamados a indagatoria el año pasado por el dinero que recibió La Cámpora para financiar campaña y que habrían estado relacionado con esta recaudación ilegal.En este capítulo de la investigación originada las anotaciones de Centeno, fueron sobreseídos también los ex intendentes Ricardo Ivoskus y Enrique García y el empresario Sergio Szpolski. La investigación por el uso en campañas electorales de dinero ilegal proveniente de los bolsos que recolectaba Baratta quedó a cargo de la jueza María Servini.

En tanto, el ex jefe de Gabinete kirchnerista Juan Manuel Abal Medina sí fue incluido en la nómina de los enviados a juicio por 18 hechos de cohecho pasivo por el uso del dinero ilegal para campañas electorales.

Otro de los sobreseídos en esta resolución son Oscar Parrilli, el ex secretario general de la Presidencia, y el empresario Marcelo Mindlin, de la firma Pampa Energía -que había recibido una falta de mérito en la instrucción-. Ambos habían sido indagados a partir de las anotaciones de Centeno.

Con la decisión de Bonadio de elevar el caso a juicio se cierran la investigación original del Caso Cuadernos y dos de sus derivadas. Los ex funcionarios que no se declararon culpables de recibir coimas negaron su participación en los hechos y caracterizaron a la investigación judicial como una persecución política contra el kirchnerismo.

Apenas unos minutos después de que Bonadio firmara la resolución por la que clausuró los tres casos, Casación hizo el sorteo y definió que sea el Tribunal Oral Federal 7 el encargado de llevar adelante el debates para determinar las responsabilidades en el caso de corrupción que en 2018 conmocionó las estructuras políticas y empresariales del país.