El Gobierno argentino difundió un informe detallado sobre los costos asociados a la custodia de Fabiola Yáñez en Madrid, luego de que la expareja del expresidente Alberto Fernández renunciara al servicio de protección para ella y su hijo Francisco.
Según el documento presentado por el Ministerio de Seguridad, desde agosto de 2024 hasta diciembre del mismo año, el Estado destinó un promedio de 23.000 euros mensuales en concepto de pasajes, viáticos y alojamiento de los agentes asignados.
La medida de reforzar la seguridad de Yáñez se adoptó tras denuncias de violencia de género contra Fernández. Durante el período, el Ministerio de Seguridad envió rotativamente a agentes de la Policía Federal. En total, se realizaron seis relevos, con dos agentes en cada período, cuyo costo individual osciló entre los 11.400 y los 11.700 euros por mes.
En el informe, se destaca que entre agosto y diciembre de 2024, el Estado desembolsó aproximadamente 135.411 euros. Este esquema incluía además gastos adicionales como seguros médicos y traslados internos.
El documento señala que, en repetidas ocasiones, Yáñez prescindió del acompañamiento de los custodios en sus salidas, lo que contradice la naturaleza del servicio de protección. Según fuentes oficiales, este comportamiento evidencia una falta de riesgo real y justifica el cuestionamiento sobre la necesidad de mantener el costoso dispositivo.
«Las custodias son permanentes, no electivas. La Sra. Yáñez acudió a diversos sitios sin la compañía de los agentes asignados, lo que genera riesgos y responsabilidades adicionales para el personal involucrado», señala el informe. Además, se mencionó que los agentes fueron requeridos en varias ocasiones para realizar tareas ajenas a su función, como trámites personales, algo que desde el Ministerio calificaron como un uso inapropiado del servicio.
El Ministerio de Seguridad comparó esta situación con la de María Estela Martínez de Perón, quien, a pesar de haber sido presidenta de la Nación, nunca contó con custodia oficial tras dejar el cargo.
Finalmente, Fabiola Yáñez presentó su renuncia a la custodia el sábado 4 de enero, a través de su representante legal, Mariana Lorena Gallego. En el escrito, justificó su decisión para evitar «un perjuicio económico o logístico» al Estado argentino.
La medida fue bien recibida por el presidente Javier Milei, quien previamente había calificado el esquema de protección como un «sin sentido». «Le pedí a la Ministra de Seguridad que informe a la justicia sobre la necesidad de terminar con este gasto injustificado», declaró Milei días antes de la renuncia.
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