Manuel Adorni, portavoz de la Presidencia, fue el primero en abordar el tema en una conferencia de prensa, donde calificó estos cargos como un “privilegio” y lo consideró “insólito” e “injusto”.
Adorni enfatizó que “nadie tiene sangre azul” y criticó a organismos que aplicaban esta práctica, como la AFIP (ahora conocida como ARCA), la Anses y el Banco Central. Además, señaló que esta normativa fue eliminada durante la presidencia de Mauricio Macri, pero reinstaurada por Alberto Fernández al asumir su mandato.
Durante su intervención, el vocero ilustró su argumento con ejemplos: “El Banco Provincia todavía sostiene esta normativa. Este despropósito es parte de la misma lógica que predominó en Argentina hasta el 10 de diciembre. Hemos visto casos de empleados en ropa interior preparando milanesas en las cocheras de los ministerios, o choferes que, tras cumplir su trabajo, se subían a vehículos que también tenían choferes”.
“Se ha terminado la lógica de tratar al Estado como un botín a repartir entre amigos y familiares de una pequeña minoría privilegiada. En la Argentina que defiende la libertad, los cargos públicos se asignan por mérito”, afirmó Adorni.
Este anuncio se enmarca en un esfuerzo más amplio por reducir los privilegios en la administración pública, que incluye la reubicación y disponibilidad de 3,100 puestos en la ex-AFIP, así como una intimación a 10,000 empleados en condiciones de jubilarse para que inicien los trámites pertinentes. Estas acciones se suman a la privatización, anunciada recientemente, del Belgrano Cargas, que afectará a más empleados estatales.
A continuación, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, tomó la palabra para ampliar sobre la medida de su cartera. En su discurso, citó la Revolución Francesa de 1789, señalando que su objetivo fue eliminar privilegios de sangre que obstaculizaban una sociedad libre. Relató que estas ideas llegaron rápidamente al Río de la Plata y que la Asamblea de 1813 incluyó la abolición de títulos nobiliarios, un principio que fue recogido por la Constitución de 1853.
Sturzenegger argumentó que “los resabios de privilegios medievales aún persisten en el sector público argentino”. Aportó ejemplos históricos sobre la implementación de cargos hereditarios en varios organismos, destacando que en Aduana y AFIP existen normas que priorizan a familiares en caso de fallecimiento de un agente. También mencionó que estas prácticas fueron instauradas durante gobiernos peronistas en diversas instituciones entre 1973 y 2015.
El ministro explicó que, cuando estuvo al frente del Banco Central durante el gobierno de Macri, eliminó estas cláusulas del estatuto, sustentándose en un dictamen jurídico que las consideraba anticonstitucionales. Sin embargo, lamentó que la administración de Alberto Fernández las reinstaurara.
Sturzenegger concluyó su intervención señalando que en Argentina coexisten dos visiones y que, bajo la gestión de Milei, se busca erradicar una sociedad de privilegios para construir una más libre y justa.
Cabe recordar que la eliminación de los cargos hereditarios en la administración pública ya había sido abordada durante la presidencia de Macri a través del decreto 732/2018. Este decreto, que estuvo vigente hasta 2019, argumentaba que el acceso a cargos públicos debía basarse en la idoneidad y no en preferencias discriminatorias.
Subasta de Inmuebles del Estado
Adorni también anunció que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) subastará más de 400 inmuebles y pondrá a la venta otras 800 propiedades con el objetivo de reducir gastos innecesarios del Estado, estimando que estos activos tienen un valor de 800 millones de dólares. Las primeras subastas se llevarán a cabo antes de fin de año y se publicarán progresivamente en la página web de la AABE.
Además, el Gobierno impulsará la venta de propiedades decomisadas por causas de corrupción y narcotráfico, buscando recuperar bienes que, según Adorni, fueron sustraídos por el crimen organizado y políticos corruptos.
Aclaraciones sobre Malvinas
Ante la controversia generada por el uso del término “Falklands” en un comunicado de la Cancillería, Adorni aclaró que el responsable de su difusión provino del Ministerio de Defensa. Explicó que se están llevando a cabo investigaciones para identificar al responsable, quien será despedido. “No permitiremos que se falte al respeto a los argentinos. Para nosotros, el único nombre que existe es Malvinas”, aseguró.
