El gobierno «popular» kirchnerista mete un nuevo impuesto en perjuicio del consumidor

Se trata de la Ley de envases y avanza con una nueva tasa de 3% a los alimentos.

 

La campaña electoral se robó las miradas y la atención en las últimas semanas. Sin embargo, la voracidad fiscal del Gobierno no se ha detenido. Mientras todos atendían los cruces políticos, en el Congreso se cocina a fuego lento una nueva tasa de 3% que se aplicará a todos los alimentos envasados. Semejante recaudación, cuya cifra nadie se anima a estimar, generará un fondo millonario que será manejado por el Ministerio de Ambiente que hoy dirige Juan Cabandié.

Formalmente, el asunto gira en torno de la llamada “ley de envases”, mediante la que se propicia establecer los “presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de envases y reciclado inclusivo”, tal como sostiene el proyecto de ley. El asunto ingresó al parlamento el 28 de octubre pasado, en plena campaña. Entonces Cabandié, Máximo Kirchner y la Federación de Cartoneros presentaron el proyecto de “Ley de envases con inclusión social”.

Según fuentes del sector alimenticio, varios lo interpretaron como una iniciativa que aportaba una promesa electoral al sector de las cooperativas de cartoneros. Pero no fue así. La norma inició un raid en el Congreso, y en medio de un trámite exprés, ya varios descuentan que está listo para ser aprobado en Diputados antes del 10 de diciembre. En el Senado, hasta entonces no tiene dificultades. La promesa es disfrutar de una millonaria caja en 2022.

Según los fundamentos de la norma, en la Argentina se computa una generación de aproximadamente 45.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. Por lo que atañe a este proyecto, de ese número se estima que un 21,2% son residuos de Envases Post Consumo. Estos datos de cantidad de residuos se enmarcan “en una sociedad de obsolescencia programada y precoz, de consumo desvinculado con los impactos dañinos que acarrea la generación de residuos y de tendencia al aumento de dicho consumo y descarte”, dice el proyecto.

Más allá de la enumeración de obligaciones para unos y otros, la ley crea el Sistema Nacional de Gestión de Envases (SINAGE), que tendrá, entre otras cosas, el monitoreo de los sistemas de gestión, la mayoría de ellos con cooperativas de reciclaje, que conformarán “las autoridades locales, consorcios regionales, u otras entidades que las reemplacen”, y que integrarán los “Sistemas Locales de Gestión Integral de Envases, optimizando sus servicios de gestión pública y/o pública-privada preexistentes, y observando los objetivos, principios y jerarquía de opciones indicados en la presente Ley”.

Aquí viene la polémica. Para financiar el sistema se creará, siempre de acuerdo con el proyecto, la Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida (TAREP) respecto de los envases alcanzados por esta ley, la que tendrá como objeto garantizar la protección mínima ambiental, evitar el impacto negativo que estos generan sobre el ambiente de no gestionarse de acuerdo con la jerarquía de opciones, y dar cumplimiento a los restantes objetivos del artículo 2° de la presente. Los productores responsables de la puesta en el mercado de los mismos deberán abonar la TAREP.

En el artículo siguiente, el 25, se fija el valor de la tasa. “El valor de la TAREP deberá ser expresado en pesos argentinos por kilogramos de materiales en los envases y no podrá ser superior al 3% del precio mayorista de venta del producto envasado”. Es decir, podría aplicarse hasta un 3% de tasa el precio mayorista de cada envasado en rubros como limpieza, medicamentos, alimentos o envíos, entre muchos otros. Miles de productos.

Ese dinero irá a parar a manos de otras de las creaciones de la norma: “Créase como Fideicomiso, en los términos que fije la reglamentación, el Fondo Nacional para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo (FONAGER), el cual tendrá por objeto el cumplimiento de las mandas establecidas en la presente Ley y será operado por la banca pública”.

Podría suceder que se aplique una tasa de 3% a cada producto envasado que se venda en la Argentina para solventar el sistema de reciclado que, mayoritariamente, está integrado por cooperativas. Ese dinero conformará un fideicomiso que manejará el ministro de Ambiente.

“La Autoridad de Aplicación determinará su valor [de la tasa], y tendrá competencia para actualizarlo, así como también los términos de la fórmula establecida que integra la presente, conforme a criterios técnicos que garanticen la correcta gestión de los envases y envases post consumo y mitiguen su impacto negativo sobre el ambiente”, concluye la norma.

En estas horas se habría firmado el dictamen en la primera comisión (Recursos Naturales) y la iniciativa, en un trámite veloz, ya camina rumbo al dictamen de la Comisión de Presupuesto que maneja el banquero cooperativista Carlos Heller. El objetivo es aprobarla en la última sesión de la Cámara de Diputados actual.

De esta manera, en la composición de precios de productos controlados como alimentos, bebidas o productos de limpieza, se cocina a fuego rápido una nueva tasa. En pocos meses se conformará una millonaria suma dentro de un fondo fiduciario. Y más allá de que el mundo avanza hacia sistemas de reciclaje modernos, todo parece indicar que en la Argentina, antes de aportar y diseñar soluciones, se empieza por proponer una tasa y generar un impresionante caja discrecional.

Diego Cabot (La Nación)