ATE y una fracción de UPCN tienen previsto ingresar a las sedes de las dependencias gubernamentales el próximo miércoles en respuesta a lo que consideran desvinculaciones arbitrarias e ilegales.
En este contexto, las autoridades nacionales están evaluando cómo abordar la situación en los edificios públicos, cuya seguridad está a cargo de la Policía Federal.
A pesar de las críticas de los gremios estatales y su anuncio de intensificar las medidas de protesta, el Gobierno no tiene la intención de retroceder en su decisión. Consideran que los despidos, además de generar ahorros en las cuentas públicas -sin especificar cuántos-, respaldan su narrativa central que identifica como enemiga a «la casta». Sin embargo, existe preocupación por el impacto que las medidas de fuerza puedan tener en la administración nacional y en la atención al público, especialmente en áreas sensibles como la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).
Desde el Gobierno señalan que están preparados para hacer frente a estas medidas de protesta. Se enorgullecen de la estrategia utilizada para implementar los despidos, comenzando con rumores y notificaciones selectivas antes de oficializarlos en masa. Por otro lado, representantes de ATE admiten haber sido tomados por sorpresa, pero afirman haber fortalecido su posición y advierten que las acciones del Gobierno, como el envío de notificaciones antes de un fin de semana largo, no detendrán su lucha.
Después del envío masivo de notificaciones de despido, ATE planea un nuevo paro nacional con ingresos masivos a los edificios públicos. La seguridad durante estas acciones recae en la Policía Federal, aunque en el Ministerio de Seguridad están alertas, a pesar de que su enfoque principal ha sido la lucha contra el narcotráfico.
Mientras tanto, en el Gobierno se discute cómo manejar la situación, con algunas voces internas advirtiendo sobre los riesgos de una confrontación violenta. Además de la conflictividad laboral, preocupa el impacto en la atención al público, especialmente en áreas como ANSES, donde ya se han observado largas filas debido al cierre de oficinas y problemas administrativos.
En conclusión, aunque el Gobierno se mantiene firme en su postura de despidos masivos, reconoce los desafíos y las posibles repercusiones de estas acciones tanto en la estabilidad laboral como en la atención a los ciudadanos.
