La protesta, convocada en principio en apoyo a los jubilados, derivó en disturbios en las inmediaciones del Congreso Nacional. Según el escrito presentado por el Director Nacional de Normativa del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, en la manifestación participaron barras bravas, dirigentes políticos y sindicales.
El documento menciona la presunta participación de miembros de clubes como Chacarita, River Plate, Boca Juniors e Independiente, y señala la supuesta adhesión del exjefe de Montoneros, Mario Firmenich, quien habría apoyado la protesta desde España mediante un video viralizado en redes sociales.
Daños y agresiones
Según la denuncia, los disturbios incluyeron agresiones con armas blancas, incendios y ataques a las fuerzas de seguridad, dejando daños en bienes públicos y al menos catorce policías heridos. Entre los afectados se encuentran un subcomisario con traumatismos y otros agentes con heridas de arma blanca y lesiones por proyectiles. También resultaron lesionados civiles y periodistas, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió un impacto en la cabeza mientras documentaba los hechos.
Críticas al accionar judicial
El Ministerio de Seguridad cuestionó la actuación de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de más de cien detenidos mediante un mensaje de WhatsApp, sin revisar pruebas ni antecedentes penales. Por ello, se pidió que el caso pase al ámbito federal y no se descartó una denuncia penal contra la magistrada por presunto prevaricato y violación de deberes de funcionario público.
Vinculación con sectores políticos y sindicales
La denuncia señala como presunto organizador de los hechos a Leandro Capriotti, vinculado al dirigente sindical Luis Barrionuevo. Se menciona que parte de los manifestantes se movilizaron desde municipios bonaerenses como La Matanza y Lomas de Zamora, con una presunta financiación de sectores políticos locales.
Asimismo, se acusa a grupos delictivos asociados a las barras bravas de actuar como «mano de obra» para intereses políticos y económicos, con el objetivo de desestabilizar al Gobierno.
Fundamentos legales de la denuncia
El Ministerio de Seguridad fundamenta su denuncia en el Código Penal, incluyendo las modificaciones de la Ley Antimafias (Ley 27.786), que agrava las penas por asociación ilícita y violencia premeditada. También invoca el artículo 213 bis, que sanciona a quienes integren grupos que promuevan la violencia como medio de acción política.
Según la denuncia, los organizadores planean repetir estas movilizaciones todos los miércoles, lo que representa un desafío al orden público. Por ello, se solicitó la apertura de una investigación federal para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
El Juzgado Federal deberá resolver sobre la competencia del caso y evaluar las pruebas aportadas por el Ministerio de Seguridad.
