Bajo la revisión minuciosa de los programas sociales al que está abocado el Gobierno con el fin de contribuir a su principal premisa, la del déficit fiscal, este sábado a la mañana desde la Casa Rosada anunciaron que darán de baja 27 mil planes sociales.
El justificativo que esgrimieron desde el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, es que los beneficiarios tenían irregularidades y no cumplían los requisitos para recibir estos aportes estatales.
El nuevo raleo de programas sociales derivó de una verificación de datos interna que hicieron en la cartera de Pettovello. En esa investigación se cruzaron los requisitos de cumplimiento con los titulares de los programas Potenciar Trabajo y Potenciar Empleo, y se detectaron que 27.208 personas no estaban aptas para recibir los ingresos, por lo tanto quedarán sin percibirlos.
“Inmediatamente se les suspendió el pago, evitando así la erogación incorrecta de 2 mil millones de pesos del Estado nacional”, informaron desde el Gobierno.
Asimismo detallaron algunas de las incompatibilidades, detectadas a través de este contraste de información entre Anses y el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social (Sinstys). Entre quienes cobraban planes, según indicaron, había beneficiarios de jubilación o pensión, de prestación por desempleo, monotributistas categoría C o superior, trabajadores autónomos, residentes en el extranjero, fallecidos y personas que poseían un auto con menos de diez años de antigüedad. A todos se les anuló el cobro.
Estas 27.208 personas que se quedan sin la ayuda social se suman a otras 4588 que fueron dadas de baja por Pettovello a fines de diciembre, por lo que el total de titulares de programas que terminaron sin prestaciones son hasta ahora 31.796 desde que la licenciada en Ciencias de la Familia asumió frente al megaministerio.
Esas más de 4 mil eliminadas el año pasado salían de una investigación sobre el tema que lleva adelante el fiscal Guillermo Marijuan. En ese entonces se entrecruzaron la base de datos de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo con la nómina de los empleados públicos de 14 provincias -Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz- y así emanaron las incompatibilidades.
Los titulares del Potenciar Trabajo cobraron este mes 78 mil pesos, ya que el plan corresponde a la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil, cuyo consejo para definir los aumentos -que impactan luego sobre prestaciones sociales y jubilaciones- todavía no fue convocado.
El Potenciar nació durante la administración de Alberto Fernández, cuando Daniel Arroyo era ministro de Desarrollo Social, y pide como contraprestación que los beneficiarios acrediten el cumplimiento de un máximo de 60 horas mensuales en una Unidad de Gestión o Certificación, con distintas ramas de actividades: desde tareas de cuidado, hasta reciclado y agricultura familiar, entre otras.
Cuando el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, anunció incrementos en las ayudas para los sectores vulnerables se enfocó en la Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo (AUH), pero no en el Potenciar Trabajo, que quedó congelado. Es que desde el Gobierno tienen identificado a este plan con la “intermediación” de las organizaciones sociales, una práctica que dicen querer desterrar.
Por su parte, desde las agrupaciones -que, tanto de izquierda como peronistas, se sumarán el miércoles al paro general de la CGT- consideran que la gestión de Javier Milei hace una “estigmatización” de sus filas y que busca evitar la protesta social con este tipo de medidas.
