La decisión de Martín Menem y Victoria Villarruel de revertir el aumento del 30% en las dietas de los legisladores desató un revuelo inesperado en el Congreso.
Los legisladores no ocultan su malestar porque, argumentan, se vieron obligados a compartir el costo político de una disposición, convertida en escándalo, que los presidentes de ambas cámaras tomaron sin consultar previamente a los bloques, y que podría haberse evitado si el oficialismo realmente tenía la intención de congelar las dietas.
Menem sostiene que se vio obligado de alguna manera a aumentar las dietas debido a una resolución de 2011 que vincula automáticamente los aumentos salariales de los empleados legislativos, que se establecen anualmente en paritarias, con las dietas que reciben los diputados y senadores. El presidente de la Cámara baja omite mencionar que, como máxima autoridad del cuerpo, tiene la facultad de «desvincular» estos incrementos y mantener invariable el monto de las dietas. La misma facultad le corresponde a Villarruel, quien curiosamente mantuvo un silencio total ante el escándalo.
El aumento en el Congreso provocó la ira del presidente Javier Milei, quien exigió dar marcha atrás. Menem anunció que presentará un proyecto para revertir el aumento.
¿Error, negligencia o dejar que las cosas fluyan? La pregunta queda abierta. Lo cierto es que hay numerosos antecedentes de expresidentes de ambas cámaras que, en ciertos momentos, optaron por «desvincular» los aumentos salariales de las dietas otorgadas a los empleados legislativos en las paritarias.
No es necesario retroceder mucho en el tiempo para encontrar estos antecedentes. Menem y Villarruel podrían haberlos investigado. De hecho, apenas hace dos años, en julio de 2022, Cristina Kirchner y Sergio Massa, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados respectivamente, decidieron que el aumento del 69% en los sueldos de los empleados legislativos acordado en la paritaria legislativa de ese año no se trasladaría a las dietas de los legisladores, a menos que estos así lo decidieran en el recinto.
Esta decisión se plasmó en la resolución 0003/2022. Los legisladores, que habían tenido sus dietas congeladas desde 2020, murmuraron en silencio ante esta disposición pero no la impugnaron: en medio de la recesión económica causada por la pandemia, un aumento del 69% en sus ingresos habría sido percibido como un golpe para el ciudadano común, que apenas podía mantener su poder adquisitivo.
Sin embargo, el premio de consolación llegó poco después. En noviembre de ese mismo año, Cristina Kirchner y Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara baja, emitieron la resolución 6/2022 mediante la cual se estableció que, a partir de ese mes, las dietas volverían a estar «vinculadas» a los aumentos salariales que recibieran los trabajadores por acuerdo paritario. A partir de esta resolución, los ingresos de los legisladores ya no estaban congelados.
Kirchner y Moreau tomaron precauciones y buscaron compartir el costo político de esta medida con los legisladores. Por eso, antes de emitir la resolución, solicitaron a los bloques que manifestaran por escrito su voluntad de desvincular las dietas de los legisladores. Los diferentes bloques respondieron afirmativamente.
También Emilio Monzó, como presidente de la Cámara de Diputados en el período 2015-2019, optó por esta desvinculación en ciertos momentos de su mandato. Siempre lo hizo después de consultar con los demás bloques, recordó. El problema surgió cuando los empleados legislativos de menor categoría comenzaron a ganar más que un legislador nacional.
«En ciertas ocasiones tuve que aumentar los salarios legislativos y no las dietas. Esto ocurrió cuando un conductor ganaba más que un diputado; cada vez que corregíamos estos desequilibrios, consultaba con los otros bloques», afirmó.
Estas resoluciones, la 0003/2022 y la 6/2022, son prueba fehaciente de que los presidentes de ambas cámaras tienen la facultad de «desvincular» los aumentos salariales del personal legislativo de las dietas cuando lo consideren apropiado. En cierta medida, desmienten el argumento al que ahora se aferran Menem y Villarruel para justificar una decisión inconsulta que hace que el resto de los legisladores paguen el precio político del escándalo.
Con el conflicto al descubierto, ahora el oficialismo busca revertir la situación y anuncia que propondrá un proyecto para anular el aumento. Habrá que ver la reacción de los bloques, que están irritados por la situación. No faltarán quienes insistan en que el congelamiento de los sueldos se extienda a los tres poderes del Estado. La caja de Pandora se ha abierto.
