El fiscal Ramiro González prepara un escrito para notificarle en las próximas 48 horas al presidente Alberto Fernández que está formalmente imputado en la causa judicial en la que se investiga la violación de la cuarentena.
Si es que el Presidente no se presenta antes en el expediente, le llegará un oficio que identificará quiénes tienen la calidad de imputado en el caso, cuáles son los derechos que les corresponden y la manera en que pueden declarar. Aludirá a los artículos 72, 73 y 279 del Código Procesal, que señalan que la persona a quien se le imputa la comisión de un delito tiene derecho, incluso cuando no hubiere sido indagada, a presentarse ante el tribunal, personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles.
Este es el paso que esperaba el abogado de Fernández, Gregorio Dalbón, para poner en marcha su estrategia judicial. Cuando sea notificado de la formación de la causa, se presentará para ofrecer una conciliación o reparación del daño, entregando parte de su sueldo de Presidente a cambio de extinguir la acción penal.
Dalbón explicó que esta medida no implica admitir culpa alguna ni responsabilidad, ni asumir la comisión de un delito. Si el fiscal acepta el acuerdo, se lo elevará al juez federal Sebastián Casanello para que lo homologue y el caso se cierre. Alberto Fernández cobra unos 250.000 pesos por mes.
Esta solución, explicada a LA NACION por el propio Dalbón, se basa en la utilización de un mecanismo de solución anticipada de conflictos penales, mediante la aplicación del artículo 59 inciso 6 del Código Penal, que prevé que la acción penal se extinguirá “por conciliación o reparación integral del perjuicio”. Dalbón dijo que Fernández quiere donar parte de su sueldo al Hospital Malbrán.
La defensa del Presidente espera la notificación del fiscal. Quiere proponer la reparación y que el asunto se resuelva la semana próxima, según dijo el abogado a LA NACION.
Estas medidas alternativas de solución de conflictos se aplicaron en otros casos de personas que violaron medidas de aislamiento en la cuarentena. La fiscal Alejandra Mángano, por ejemplo, hizo un acuerdo mediante el cual un viajero que llegó contagiado de Uruguay en Buquebus pagó 500.000 pesos, destinados al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y su causa se cerró. El juez que homologó el acuerdo fue Luis Rodríguez. Hubo decena de casos en 2020 en los que se aplicó la misma solución y se extinguió la causa penal.
Hernán Cappiello
