El juicio por fraude a la administración pública contra Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray inició la etapa de los alegatos finales.
La AFIP desistió de acusar a Cristóbal López después de concederle dos planes de pagos en el marco de la moratoria fiscal de 49 y 97 cuotas. El organismo que dirige Mercedes Marcó del Pont dijo que durante la gestión de Cambiemos hubo una «persecución» contra la empresa Oil Combustibles, acusada de defraudar al Estado tras no pagar 8.000 millones de pesos al fisco. Este jueves fue el turno del fiscal Juan García Elorrio quien dijo que se dieron por corroborados «los hechos para una sentencia condenatoria».
La AFIP informó hace dos semanas que ya no acusará a Cristóbal López, a Fabián de Sousa y al ex titular del fisco, Ricardo Echegaray. La desestimación firmada por Mercedes Marcó del Pont sostenía: «La matriz de los hechos acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tiene un rasgo común: la finalidad de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos”.
La decisión de la AFIP se sustentó en «la evidencia interna (auditorías y sumarios disciplinarios) y externa (denuncias administrativas y requerimientos judiciales) que dan cuenta de graves hechos de corrupción administrativa, basados en abusos de autoridad y desvíos de poder», explica la disposición.
La acusación de la fiscalía con la que se dio inicio al juicio sostuvo todo lo contrario a lo que ahora dice la AFIP: que existió «una maniobra de corrupción por la cual desde la AFIP, los funcionarios encargados de administrar las rentas de la Nación, encabezados por el titular del organismo Ricardo Echegaray, defraudaron a través del ITC de modo sistemático, deliberado y permanente al Estado Nacional, en beneficio de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, ocasionando un perjuicio a la administración pública superior a los 8 mil millones de pesos».
Este jueves iniciaron los alegatos de la fiscalía a cargo de Juan García Elorrio, quien dijo «tener por probado con el grado de certeza para un fallo condenatorio los hechos de este proceso, planteados en el requerimiento de elevación a juicio».
Al avanzar con su alegato, dijo que hay pruebas suficientes para que «se condene a los acusados», ya que entendió que hay «certeza objetiva sobre la materialidad de los hechos y la participación de los acusados».
Durante el debate oral la cifra estuvo en discusión durante el debate oral. Cristóbal López sostiene que esa deuda no superaba los 650 millones de pesos. La imputación se centró en otra ventana de tiempo y fijó otra cifra, igual multimillonaria.
Así, la Justicia determinó que los planes de facilidad de pago otorgados por la AFIP al empresario K le permitieron no pagar el impuesto mencionado para que lo “utilizaran indebidamente y en su propio beneficio”. Ese dinero, según la Justicia, se destinó a capitalizar a las demás sociedades del grupo Indalo. “Ello, en perjuicio de las arcas del Estado que dejó de percibir la suma de 5.144.538.391,07 pesos en concepto de capital”.
Hubo tres momentos claros en la causa: el primero de ellos en 2010, cuando se constituyó Oil Combustibles, a la que considera una “estructura societaria para el fraude”. Después, comenzó la instancia de “acumulación ilegítima de deuda» del ITC. Se sostuvo que, con el otorgamiento “irregular de planes de facilidades de pago”, López usó de forma «indebida el impuesto”para financiar y expandir al Grupo Indalo.
El juicio inició el 13 de junio de 2019. A cargo del TOF 3 -integrado por los jueces Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos-, el proceso está en la etapa de alegatos tras haber declarado unas cincuenta personas como testigos, más los descargos en instancia de indagatoria de los tres imputados.
