El desvelo por la inflación está cediendo espacio a otro drama: la pérdida del trabajo

La carrera de los precios se desacelera sobre el paisaje de una profunda recesión. Los márgenes de ganancia de las compañías se abrevian y los empresarios reducen costos. Entre otros, el de la planta de personal. El indicio de este proceso son las 275.000 cuentas sueldo que se cerraron durante los tres primeros meses del año.

Esta mutación en el ranking de prioridades del público induce a un cambio de música en el oficialismo. La reestructuración de la Jefatura de Gabinete, ahora bajo el mando de Guillermo Francos, y la perspectiva de que la Ley Bases, que anoche obtuvo dictamen, sea aprobada la próxima semana el Senado, pretenden ser la plataforma desde la cual el Gobierno se proyecte hacia una nueva etapa. La agenda de ese relanzamiento estará asociada a la atracción de inversiones. Una apuesta a mejorar el nivel de actividad y, por esa vía, a recuperar puestos de trabajo.

En el centro de esta operación estará el negocio de la energía, liderado por YPF y su actividad en la explotación y comercialización de hidrocarburos. El talismán seguirá siendo, como durante la administración de Alberto Fernández, la promesa de una apuesta de Petronas, la petrolera estatal malaya, para desarrollar una planta de licuefacción que permita la exportación de gas. Los anuncios aprovecharán el marco normativo que ofrece el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), establecido en el capítulo VII de la ley ómnibus que se está tratando en el Congreso.

Hay que prepararse para una gran puesta en escena. No sólo porque el presidente de YPF, Horacio Marín, está ansioso por desplegar su obsesión industrial. También porque será la primera aparición de un experto en exhibiciones de luz y sonido, Guillermo Garat, el socio de Santiago Caputo que controla la imagen y comunicación de la principal petrolera del país. Caputo, “el Mago del Kremlin”, está disfrutando de una gran expansión de poder. Al contribuir a la salida de Nicolás Posse, ahora tiene el camino más despejado para intervenir en las estrategias empresariales del Gobierno, en especial en los procesos de privatización.

En la jugada, además, capturó la AFI, que quedará en manos de Sergio Neiffert. Hasta ahora fue el representante del Estado nacional en la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo. Llegó allí designado por el ministro de Economía, Luis Caputo. Pero su padrino es Santiago Caputo. Ahora el joven Caputo y Neiffert deberán definir qué diseño adoptará la AFI. Por ejemplo, si será o no reemplazada por un organismo mucho más pequeño, responsable de la coordinación de las demás oficinas de Inteligencia radicadas en Seguridad y Defensa, que conserve para sí un equipo de Contrainteligencia y otro de lucha contra del terrorismo.

Técnico mecánico por formación, en la actividad privada, Neiffert se dedica al negocio de la publicidad vial. Y participa de una sociedad que lo inscribe ya en una tradición: representación e intervención en actividades de jugadores de fútbol. Un homenaje al polémico Gustavo Arribas.

¿Neiffert llega a la AFI porque su antecesor, Silvestre Sívori, investigó vinculaciones de figuras relevantes del Gobierno, sobre todo a Santiago Caputo, en sus relaciones con algunos dirigentes opositores? Es lo que sugieren en el entorno de Caputo. ¿O es como afirman los amigos de Sívori, que se retiró por resistirse a espiar a políticos y periodistas, como le pedían? ¿O son ciertas las dos cosas? La enemistad avanza.

Neiffert fue un colaborador muy estrecho del exintendente de Malvinas Argentinas Jesús Cariglino. Por ese vínculo conoció al escribano Claudio Caputo, padre de Santiago. Así llegó “el Mago” a intimar con Neiffert, un amigo heredado que le fue mostrando en los últimos años algunos secretos del conurbano bonaerense. Intimidades de la política y la vida judicial. Neiffert carece de experiencia en materia de espionaje. Pero cuenta con ese capital que, por razones misteriosas, parece ser un mérito indispensable para ocupar el cargo: discretos contactos cultivados en la embajada de los Estados Unidos. Como se ve, Santiago Caputo no sólo piensa en que se multipliquen los negocios del Estado. También está mirando el gran desafío del Gobierno: tener una visión ajustada de la vida bonaerense, que incluye la actividad de los movimientos sociales, que siempre inquietaron a Milei; la atracción de intendentes huérfanos de mando, y la necesidad de ganar las elecciones del año próximo.

El estímulo a la inversión, que estará en el centro del discurso oficial a partir de las próximas semanas, tendrá que superar algunas limitaciones. No se reducen a las que enumeran los macroeconomistas cuando señalan al cepo cambiario como un gran lastre para cualquier despegue. Tampoco que, como observan algunos especialistas desde otro nivel conceptual, es muy difícil encontrar experiencias de reactivación con un tipo de cambio real bajo, que desalienta las exportaciones. Estas son las condiciones generales del modelo actual, que pueden modificarse con el tiempo. Más allá de que Milei insiste, cada vez con mayor claridad, que su sueño es una gran apreciación del peso, aun pagando el costo de una deflación que él ve como virtuosa.

La mayor dificultad con la que se encontrará el empeño del oficialismo para seducir a grandes inversores tiene que ver con las contradicciones que él mismo introdujo en la escena. En especial, en el punto de apoyo que pretende utilizar para movilizar la vida material: la energía. El articulado sobre el RIGI, que está a punto de sancionarse en la Cámara alta, gracias a las pacientes gestiones de la vicepresidente Victoria Villarruel y del jefe de Gabinete Francos, y a la colaboración de los senadores Luis Juez y Juan Carlos Romero, está encabezado por una profesión de fe acerca de la seguridad jurídica. Allí se establece que cualquier norma que modifique las condiciones del nuevo régimen deberá ser declarada nula por la Justicia.

Sin embargo, el gobierno que escribe en piedra ese juramento es el mismo que, para liquidar la deuda del Estado con los generadores de electricidad, a través de la empresa que administra ese mercado, Cammesa, formuló este insólito criterio en la Resolución SE 58/2024: considerando “que en tiempos de graves trastornos económico-sociales, el mayor peligro que se cierne sobre la seguridad jurídica no es el que deriva de una transitoria postergación de las más estrictas formas de imputación de los pagos en el MEM establecidas en Los Procedimientos, sino el que sobrevendría si se lo mantuviera con absoluta rigidez, por cuanto ellos, que han sido fecundos para épocas de normalidad y sosiego suelen resultar ineficientes frente a la crisis que dan cuenta los Decretos Nros. 55/23 y 70/23″. Sintetizado: cuando aparecen inconvenientes económico-sociales, la seguridad jurídica es amenazada por la rigidez de las normas. Más claro: hay circunstancias en que la seguridad jurídica se ve afectada por la estabilidad jurídica; y quienes deciden cuáles son esas circunstancias son los funcionarios. Una confesión inesperada para un grupo humano que denuncia que los ciudadanos, sobre todo los empresarios, son víctimas de una asociación criminal llamada Estado.

Esa afirmación, destinada a ingresar a la historia de la psicodelia administrativa, fue la coartada para no cumplir con los contratos de Cammesa con los generadores eléctricos y con los productores de gas destinado a la generación. Cammesa, controlada por el Estado, mantenía con los dueños de usinas una deuda de alrededor de 1200 millones de dólares, acumulada en diciembre y enero, cuando Milei ya estaba en la Casa Rosada. Luis Caputo amenazó a los acreedores con no honrar los compromisos de febrero si no aceptaban un bono a pagar en 2038, que cotiza a la mitad de su valor nominal. Es decir, una quita fáctica del 50%.

Los que venden energía a Cammesa, además de verse dañados por el default, sufrieron una licuación por el salto cambiario. Cammesa reconoce el tipo de cambio del fin de cada mes. En diciembre, esos proveedores se vieron afectados por la devaluación. En cambio, los contratos con Enarsa, que fueron sometidos al mismo tratamiento, se fijan con el tipo de cambio del día de pago. Por eso en Economía alegan que se vieron beneficiados por la devaluación, lo que justificaría el pago con un bono. Pero ese razonamiento olvida que las mismas empresas pagan algunos insumos, las deudas financieras y los dividendos a los accionistas, en un dólar que a partir de diciembre fue más caro. Es decir, también se perjudicaron con la devaluación.

El tratamiento a los generadores de energía estuvo agravado por otros factores. Uno de ellos es que la mayoría de los distribuidores, que tienen una deuda gigantesca con Cammesa por la electricidad que le compran, fueron tratados como amigos: se les ofreció un plan de pagos de 48 cuotas con la tolerable tasa de interés del Banco Nación. Esta prerrogativa genera controversias porque uno de los inspiradores de la política energética del Gobierno, el prestigioso Carlos Bastos, ha prestado durante años servicios para José Luis Manzano, accionista de Edenor, un gigante de la distribución. Las distribuidoras reguladas por el Estado Nacional están de fiesta. Su participación en la boleta de la luz tuvo incrementos que van del 200 al 400% según el caso. Todo un drama para Luis Caputo, que ahora no tiene margen para aumentar los otros rubros de la tarifa. No hay que olvidar un antecedente: la Corte falló en tiempos de Mauricio Macri que los ajustes en esos precios no pueden superar las mejoras del salario.

Las distribuidoras gasíferas también tuvieron coronita: se les pagó la deuda por el subsidio a zonas frías sin recorte alguno. Bueno sería que los defaultearan: esos recursos fueron retenidos por el Ministerio de Economía de un fideicomiso, es decir, eran fondos que no pertenecían al Tesoro. Con un espíritu cooperativo encomiable, nadie formuló una denuncia penal.

Este conjunto de excepciones, que sacrifican las garantías de las leyes y contratos en el altar de la emergencia, tienen una razón última: alcanzar, como sea, el superávit fiscal del que se enorgullecen Milei y Luis Caputo. Ese objetivo es el que también impone algunos ahorros que degeneran en crisis de alta sensibilidad. Es muy probable que la decisión de no contratar un barco de gas natural licuado por parte de Enarsa, que produjo el colapso experimentado en las últimas 48 horas, haya estado inspirada en la draconiana imposición de no gastar.

Después de muchos tironeos, las compañías aceptaron el agresivo recorte de Caputo. Aun cuando el ministro se negó a atender a sus directivos. Él puede haberse regocijado en algún pliegue subjetivo, por una añeja antipatía hacia Marcelo Mindlin, titular de Pampa y gran afectado por este tratamiento. Como señaló el jocoso ejecutivo de una de las empresas: “Esto es massismo de malos modales”.

Más allá de la licuación de la deuda de Cammesa, sobre el mundo de la energía pesa una incógnita crucial: ¿el secretario Eduardo Rodríguez Chirillo y Bastos, su mentor, cumplirán su propósito de retirar al Estado del negocio? Ellos sueñan con que generadores y distribuidores celebren sus propios acuerdos eliminando a Cammesa. La pregunta siguiente es obvia: ¿qué pasaría si, como es muy probable, el Estado decide mantener el atraso de las tarifas por razones políticas, como viene haciendo desde hace 20 años? Este interrogante fue traducido de este modo por un generador: “¿Yo debería confiar en que, si no le dan un precio aceptable, Manzano igual me pagará la electricidad?. Enigmas metafísicos.

Conclusión: la actual gestión energética aspira una reforma que podría significar, en el mundo real, que los generadores, y los que les proveen el gas, se hagan cargo del subsidio político a los consumidores de electricidad. Sería un alteración de todo el negocio, con una modificación sustancial sobre el atractivo de Vaca Muerta. Consideraciones indispensables para evaluar el discurso del Gobierno a favor de la inversión.

¿Todas las generadores y productoras de gas se inclinaron ante las cuentas de Caputo? Todavía es un misterio, porque en el mercado se especula con que la francesa Total se resistió y podría demandar. No es el único rumor. También existen versiones de que la norteamericana AES, gran generadora del norte bonaerense, está buscando un banco para deshacerse del activo. La emblemática Exxon tomó la decisión desde hace tiempo y abandona la Argentina.

Entre las perjudicadas por el incumplimiento del contrato de Cammesa hay una compañía que se perdió una oportunidad: YPF. La petrolera con participación estatal podría haber litigado contra el Estado. De ese modo, tendría un argumento para demostrar que se trata de una Sociedad Anónima independiente. No el alter ego del Tesoro. Es un detalle de suma relevancia, porque la jueza de Nueva York, Loretta Preska, debe resolver si, además del Estado, YPF debe ser embargada para resarcir al fondo Burford y a la familia Eskenazi por la demanda de 16.000 millones de dólares por la estatización dispuesta por Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Si se inclina en ese sentido, YPF se verá ante una crisis grave, porque los acreedores podrían afectar toda su operación internacional. Una eventualidad que hoy están mirando todos los inversores relacionados con la compañía. Preska, en la línea de su antecesor Thomas Griesa, está tomando decisiones que privilegian los intereses del demandante privado por sobre la defensa de la República. Sigiloso, este es un gran peligro que se cierne sobre la administración Milei. Enorme desafío para los trucos de comunicación de Garat.

El furor estatizante de Axel Kicillof no se detiene a pesar de los castigos judiciales. El gobernador está por proponer a la Legislatura bonaerense tres proyectos: la creación de una fábrica de medicamentos, de una empresa de ambulancias y de una universidad de Salud, todas con participación mayoritaria del fisco bonaerense. Kicillof busca que en estas iniciativas lo acompañen los legisladores que responden al célebre médico Facundo Manes.

El cantar de gesta del oficialismo a favor de la inversión, que pronto se empezará a escuchar, presenta otro desafío. Esa seguridad jurídica que aparece sacralizada en la Ley Bases deberá ser garantizada por un sistema judicial en cuya última instancia hay una Corte que Milei quiere ver integrada por alguien tan controvertido como Ariel Lijo. Nada que deba sorprender: el 26 de agosto del año pasado, Damián Nabot ya había informado en LA NACION que entre los puentes de Milei y los tribunales estaban Santiago Viola, Guillermo Scarcella y, lo más relevante, Alfredo Lijo, lobista de Comodoro Py y hermano del juez.

La candidatura de Lijo ha quedado muy dañada. No sólo por sus pobres antecedentes académicos. Ni siquiera se podría tomar en serio el atenuante esgrimido por uno de sus apologetas, Miguel Licht, quien arguyó que los jueces tienen tanto trabajo que no tienen tiempo para la actividad intelectual. No sería el caso de Lijo, que pasa numerosísimas mañanas jugando al pádel en el Racket de Palermo, acompañado por los adorables “Nacho” Hakim y Luis “Fer” Segura, y por Lucas Nejamkis, secretario privado del tenebroso Antonio Stiuso y gran “puntero” del polémico juez. También participa otro promotor de Lijo, Julián Leunda, colaborador indispensable de los malhadados Fabián de Sousa y Cristóbal López, castigados por la Corte a raíz de una investigación de Hugo Alconada Mon. Una hora antes suele jugar allí también el vicerrector Emiliano Yacobitti, habitué de esas canchas como su socio político, Daniel Angelici. Stiuso y su colaborador Guillermo Coppola asisten de vez en cuando como hinchada. No juegan, pero da gusto verlos disfrutar.
Carlos Pagni