La decisión del Gobierno de suspender el registro de exportaciones de harina de soja y aceite de soja, lo que habitualmente es la antesala a una suba de retenciones, generó el rechazo de toda la cadena agroindustrial.
Tanto dirigentes como productores autoconvocados discuten en estos días la posibilidad de medidas de fuerza, con las bases presionando para que los líderes encabecen acciones contundentes cuanto antes. A 14 años de la masiva movilización nacional que en 2008 se opuso a las retenciones móviles, se levantan voces que piden volver a las rutas.
Una de las voces que más se destacó fue la de Iván Castellaro, un productor autoconvocado de Santa Fe que es muy activo en la organización de las movilizaciones ruralistas. Desde sus redes sociales, el productor aseguró que “¡el Gobierno hizo una declaración de guerra contra el sector productivo! ¡Nos quiere pobres e ignorantes! ¡No lo vamos a permitir! ¡A preparar los fierros viejos que llegó el momento de defender el presente y futuro del país!”. Y publicó una foto de un corte de ruta con tractores, los “fierros” en cuestión.
“Es imposible seguir así. A los anuncios de ayer los tomamos como una declaración de guerra. Entonces ahora que pase lo que tenga que pasar”, dijo el productor, quien habló de la compleja situación por la que atraviesa el sector productivo, con problemas climáticos, altos costos, y un Gobierno que impulsa una mayor presión impositiva.
Castellaro comentó que los productores en todo el país se van a ir reuniendo. Desde ayer se están organizando en diferentes grupos de WhatsApp. “Por el momento no hay definiciones sobre los pasos a seguir. Puede ser una marcha a Capital Federal, corte de rutas, cese de comercialización, o marcha en las capitales provinciales. Algo vamos a realizar. Estamos hartos y cansados de que el Gobierno nos asfixie cada vez más. Nosotros no somos culpables del mal manejo de los recursos del Estado. La política es culpable”, agregó el productor.
Además, recordó que la actual campaña agrícola está atravesada por la sequía, y si bien los precios internacionales acompañan, en el plano local los mismos sufren el impacto de las retenciones y el desdoblamiento cambiario. A todo esto, se suman los aumentos de los costos para producir. Al respecto, Castellaro comentó: “Muchísimos productores que van a quedar fuera de su actividad por no poder sembrar y por no poder pagar las deudas. El productor siempre cumple con sus compromisos, y este año no podrá hacerlo”.
Por otro lado, el productor autoconvocado sostuvo que el aporte que realizó el campo en los últimos 20 años, fue el equivalente al pago de la deuda externa. “Sin embargo hoy el 50% de la población está en la pobreza. Estamos hartos y cansados de que el Gobierno nos asfixie cada vez más. Nosotros no somos culpables del mal manejo de los recursos del Estado. La política es culpable”, señaló.
Por último, recordó que junto a otros productores presentaron un proyecto de retenciones 0. “Una iniciativa que va en el sentido de pensar un país sin retenciones. Hay que dejar trabajar en libertad al campo, que puede crecer y desarrollarse, porque eso genera empleo genuino. Llegamos a un punto límite. Si la Mesa de Enlace va a estar al frente del reclamo, bienvenido sea, sino los productores nos haremos cargo de la situación, como lo hicimos con los incendios en Corrientes donde ni el estado nacional y provincial se hicieron cargo. nosotros hemos enviado más de 100 camiones con rollos para ayudar a los productores”, concluyó.
El vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel de Raedemaeker, propuso desde su cuenta de Twitter un “camionetazo a Casa Rosada, urgente”. En diálogo con este medio, el dirigente sostuvo, que “la idea es manifestar la disconformidad que hay en todo el ambiente productivo, y como una forma de contener y canalizar un poco a los productores. La idea de ir a manifestarnos a donde se toman o donde uno cree que se toman las decisiones polacas y económicas, es el lugar adecuado”.
“Si bien hoy está caro el costo de movilización, podríamos hacer la movilización molestando lo menos posible al resto de la sociedad y haciéndolo a su vez muy visible en un lugar donde podemos comunicar la realidad que está viviendo el sector productivo y cuáles son las consecuencias que este tipo de medidas traen, y porque están tan equivocadas si es que realmente se pretende cuidar la mesa de los argentinos. Vamos a ver si prospera la idea, pero alguna movilización habrá para expresar el descontento”, agregó.
La Mesa de Enlace, expectante
Mientras tanto, desde las entidades del campo prefieren aguardar que se conozca el paquete completo de políticas para los derivados de la soja, para luego definir los pasos a seguir. Por ahora, no impulsan medidas de fuerza hasta tanto se conozca todo el detalle de los cambios.
También el rechazo llegó desde el sector gremial del agro. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, comentó que “el Gobierno sigue generando incertidumbre en la economía y enviando pésimas señales a los productores. Es verdad que la historia reciente marca que, después de un cierre de registro de exportaciones, viene un nuevo esquema de retenciones. Pero hoy, sin facultades delegadas, el Gobierno no puede tocar ninguna alícuota. Nosotros presentamos un amparo porque hoy se está cobrando un impuesto sin sustento legal”. El planteo del dirigente va en el sentido de que el pasado 31 de diciembre venció la facultad que tenía el Poder Ejecutivo de modificar las retenciones. Al no ser renovada dicha facultad, que estaba contemplada en el Proyecto de Presupuesto del presente año, el campo considera que las retenciones son 0%.
Por su parte, el titular de Coninagro, Carlos Iannizzotto, dijo que “no es el momento y la forma con una actitud unilateral del Gobierno”, de tomar la decisión de cerrar las exportaciones de aceite y harina de soja. Y agregó: “Al Gobierno no le interesa el bolsillo del consumidor y la situación del productor, sino sus problemas y sus situaciones fiscales. El conflicto bélico nos pone frente a la responsabilidad de producir más y con mayor valor agregado para atender esas demandas. Tenemos que redoblar los esfuerzos para incrementar la producción en un complejo contexto internacional, y garantizar el abastecimiento de alimentos saludables y sustentables”.
En sintonía con lo expresado por el titular de la Rural, el Director de la entidad por el Distrito Entre Ríos, Juan Diego Etchevehere, sostuvo que “mientras los entrerrianos estamos en Emergencia Agropecuaria producto de los incendios y la sequía, el Gobierno planifica aumentar impuestos. No solo demuestra insensibilidad, sino que no respeta la ley. Hoy sólo puede modificar retenciones el Congreso”, expresó en Twitter.
Rechazos formales
El repudio llegó más allá de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace y los productores autoconovocados. También cámaras del sector y hasta un Gobernador con llegada a Casa Rosada salieron a criticar la medida.
En primer lugar, la Cámara de la Industria Aceitera, mediante su cuenta de Twitter, expresó: “El Gobierno cerró el registro de exportación de aceite, harina de soja porque la decisión del ministro Guzmán es subir en dos puntos las retenciones al complejo agroindustrial. Es totalmente contrario al interés exportador de la Argentina. Además de ser ilegal, va a afectar el ingreso de divisas y el empleo en el cordón agroindustrial. Pone fin a los fideicomisos de maíz, trigo y aceite, puesto que cambia las condiciones de comercio exterior”.
Desde el Congreso de la Nación también se escucharon críticas a la medida. El diputado de Juntos por Formosa y además ex ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, manifestó que “uno ya no sabe que pensar y creer del Gobierno. Lo que si tengo en claro es con esta política ya fracasada muchas veces en todas las producciones, lo único que hacen es sacarle recursos a los que producen y a los que generan más del 70% de las divisas. Pareciera ser que no alcanza con los más de 4.000 millones de dólares que va a obtener el fisco por la suba del precio de cereales y oleaginosas, y ahora le vuelven a pegar un nuevo zarpazo al sector agropecuario”.
También el diputado planteó la cuestión de la “ilegalidad” de la decisión. Al respecto, sostuvo: “Esta inconsistencia que desde mi punto de vista no tiene legalidad porque no se encuentra facultado el Poder Ejecutivo para hacerlo, porque venció la ley de emergencia económica el 31 de diciembre pasado. Es por eso que la medida es ilegal y de nulidad absoluta”.
Una de las que picó en punta desde el sector privado fue la Cámara de la Industria Aceitera, que mediante su cuenta de Twitter, expresó que “el Gobierno cerró el registro de exportación de aceite, harina de soja porque la decisión del ministro Guzmán es subir en dos puntos las retenciones al complejo agroindustrial. Es totalmente contrario al interés exportador de la Argentina. Además de ser ilegal, va a afectar el ingreso de divisas y el empleo en el cordón agroindustrial. Pone fin a los fideicomisos de maíz, trigo y aceite, puesto que cambia las condiciones de comercio exterior”.
Desde otro sector de la cadena agroindustrial hubo un pronunciamiento de rechazo a la medida dispuesta por la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios. José Martins, Vocero del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), un espacio donde los exportadores tienen una fuerte presencia, comentó que el cierre de exportaciones “lo tomó por sorpresa”, y expresó su rechazo “a cualquier intento de incrementar la carga impositiva que ya tiene el sector, máxime en una campaña azotada por una severa sequía que redujo notablemente el volumen de la cosecha”, dijo.
“Cercenar exportaciones y subir impuestos es frenar la dinámica del principal sector que actualmente provee divisas y genera empleo, es ir a contramano de lo que debemos discutir para lograr abastecer a un mundo que requerirá un mayor aporte de nuestro país”, agregó.
