Diputados del Bloque Justicialista acompañaron la ampliación del presupuesto 2019 en 2.500 millones de pesos, y ratificaron con su voto el decreto de pase a planta permanente de alrededor de 5 mil empleados contratados en el Estado.
Lo hicieron luego de expresar algunas críticas contra el gobierno y el oficialismo parlamentario por los modos y los procedimientos utilizados para sacar a flote dos temas de enorme sensibilidad para las finanzas y los trabajadores, cuestionando puntualmente la urgencia con la que se enviaron las iniciativas y el tratamiento exprés que tuvieron las mismas.
En relación al blanqueo de los trabajadores estatales precarizados, la bancada del PJ dejó en claro que su apoyo al decreto del Ejecutivo se fundamenta en el derecho laboral que les asiste a los miles de empleados que vienen cumpliendo sus funciones en diferentes áreas de la Administración Pública provincial, aunque cuestionó la decisión del bloque oficialista y del propio gobierno de no habilitar el debate sobre esta cuestión ni dar lugar a la opinión de los gremios, que son los genuinos representantes de los trabajadores.
En tal sentido, el presidente del Bloque Justicialista, Pedro Belizan, lamentó que la Ley que se sancionó no haya sido más abarcativa, y que no diga nada de las funciones ni de la antiguedad de los trabajadores que deseen acogerse al beneficio de este decreto.
El legislador argumentó sus dichos señalando que el decreto habilita el ingreso a la categoría más baja de la planta permanente, pero nada dice de la antigüedad ni de las funciones que venía cumpliendo. “Esto implicará que perciba una remuneración mucho menor al de su situación de revista anterior”, alertó.
“Como legisladores de extracción gremial advertimos junto a otros compañeros de bancada que una vez que este instrumento legal sea puesto en vigencia no se va a cumplir lo que dice y manda la legislación laboral que indica que a igual trabajo igual remuneración”, subrayó, a la vez insistir con el pedido de su bancada de permitirle una mayor participación a los actores del mundo del trabajo para mejorar algunos aspectos de esta norma, antes de su respectiva reglamentación.
En este contexto, Belizan reiteró que el gobierno debería permitirles la participación a los trabajadores, sus gremios y a los legisladores de la oposición, “para que esta Ley no quede como fruto de los anuncios de campaña y sea beneficiosa para los destinatarios de la misma”. “Esperamos que el gobierno asuma el compromiso de convocar a los gremios y a la oposición para trabajar en la reglamentación de esta norma”, puntualizó.
Con respecto al endeudamiento que tomará la provincia ante Nación por 2.500 millones de pesos para ampliar las partidas presupuestarias del ejercicio en curso, señaló que en su proyecto el Ejecutivo expresó la necesidad de este nuevo financiamiento para poder hacer frente al pago de salarios y del aguinaldo hasta la finalización de 2019.
Por último, Belizan anheló que el destino de ese dinero sea volcado para la finalidad solicitada e hizo votos para que el Ejecutivo convoque a paritarias para discutir con los representantes de los trabajadores una pauta salarial que se ajuste a la realidad económica de la provincia, y “deje de lado las imposiciones que viene ejerciendo ante los estatales”.
