El Bloque Justicialista repudió la medida judicial que vivió en las últimas horas una diputada provincial «que vio vulnerada -afirma- su inmunidad parlamentaria a partir de un allanamiento que se produjo en su domicilio particular, en una clara violación a los procedimientos marcados por el Código Procesal Penal y la Constitución Provincial».
Se trata de la legisladora Débora Juárez, quien por esta medida planteó una cuestión de privilegio en contra del juez Osvaldo Samman y el fiscal Ernesto Resua, del Juzgado de Control 6 de San Pedro de Jujuy, y anticipó que pedirá además un jury de enjuiciamiento contra los funcionarios judiciales.
“Queremos expresar nuestra solidaridad con la diputada Juárez, porque ha sido avasallada en sus inmunidad parlamentaria, que está consagrada por la Constitución y que garantizar la libertad de acción, pensamiento y opinión”, manifestó el presidente del Bloque Justicialista, Juan Cardozo Traillou. Sus conceptos fueron vertidos durante el desarrollo de la segunda sesión extraordinaria, donde el tema sobresaliente era el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto 2019, el cual quedó eclipsado por el tenor de la denuncia de la legisladora en cuestión.
Cardozo recordó que “la inmunidad parlamentaria es un beneficio que ostenta todos los legisladores” y aclaró que de ningún modo se trata de un privilegio al señalar que “todos los ciudadanos, sean o no legisladores, son iguales ante la ley y deben rendir cuentas ante cualquier requerimiento de la Justicia”.
No obstante ello, dijo que en el caso de los legisladores tienen la obligación política de expresar todo lo que piensan y que esta regla permite establecer ciertos requisitos ante un requerimiento de la Justicia. “El código penal es bien claro en este tema. Hoy se violó el procedimiento penal sancionado por esta Cámara, la Constitución de la provincia. Lo peor del caso es que lo hicieron un juez y un fiscal que forman parte de un Poder del Estado en detrimento de otro Poder”.
“Acompañamos la cuestión de privilegio y pedimos que este planteo tenga resultados concretos dentro de la comisión de Asuntos Institucionales. Queremos que se tomen cartas en el asunto, porque no se pueden permitir estos atropellos. No solo acompañamos sino que vamos a seguir todas las acciones necesarias para que se den respuestas concretas. Vamos a tener siempre la misma postura frente a atropellos como estos”, puntualizó.
“Advertimos el peligro que implica el atropello a estas inmunidades, que venimos denunciando desde los primeros meses del año 2016. Hay un manejo discrecional de la Justicia que afecta la calidad institucional. Es un clásico que en todas las sesiones se cuestione uno u otro accionar judicial”, aseveró.
“Este ha sido un avasallamiento concreto, predeterminado y puntual contra una legisladora de esta Cámara. Por eso el deterioro del estado de derecho y la inseguridad jurídica se palpa en la calles de Jujuy. Porque quienes tienen que estar a la altura de las circunstancias no lo están y avasallan otro Poder del Estado”, opinó y remarcó que todo esto “muestra que el estado de derecho en la provincia de Jujuy está en juego”.
En idéntico sentido se pronunciaron los diputados justicialistas Javier Hinojo y Alberto Matuk, que expusieron la gravedad institucional por la que atraviesa la provincia a partir de los permanentes cuestionamientos que generan distintas medidas adoptadas por la Justicia provincial.-
