La normativa, que ahora será girada al Senado para su consideración, establece que las escuelas deben permanecer abiertas durante los días de paro, con una guardia mínima de personal que garantice la continuidad de la educación para niños y adolescentes.
El proyecto, que obtuvo 131 votos a favor, 95 en contra y 2 abstenciones, fue impulsado por el presidente de la Comisión de Educación y ex ministro del gobierno de Cambiemos, Alejandro Finocchiaro.
A lo largo del debate, se sumaron aportes de diputados radicales, como Carla Carrizo, y miembros de la Coalición Cívica e Innovación Federal, quienes coincidieron en la necesidad de encontrar un equilibrio entre el derecho a la huelga de los docentes y el derecho a la educación de los estudiantes.
Según lo estipulado en la iniciativa, durante los dos primeros días de una medida de fuerza, el 30% del personal de la escuela deberá permanecer en sus puestos para garantizar la continuidad de las clases. Si el paro se extiende más allá de este período, la presencia de personal se incrementará al 50%. Con esta medida, se busca permitir la realización de protestas sin interrumpir por completo el servicio educativo.
“Estamos regulando el derecho de huelga en la educación obligatoria, un tema que es competencia federal”, señaló Finocchiaro durante la presentación del proyecto. “Aquí se enfrentan dos derechos: el de los docentes a realizar medidas de fuerza y el de los niños a recibir educación. Debemos encontrar un equilibrio, porque ningún derecho es absoluto”.
Para asegurar el cumplimiento de la ley, se propone que cada año, los equipos directivos de las escuelas informen a las autoridades sobre la “nómina anual del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento” de esta normativa, permitiendo una planificación anticipada y evitando interrupciones totales del servicio educativo durante las huelgas.
El debate en la Cámara Baja también reflejó las profundas divisiones en torno al proyecto. Desde el bloque PRO, María Eugenia Vidal defendió la iniciativa, argumentando que no se trata de una ley contra los docentes, sino contra “los sindicatos que buscan extorsionar”. Por su parte, Silvia Lospennato destacó que considerar la educación como una actividad estratégica esencial refleja “una definición del modelo de sociedad en el que queremos vivir”.
Sin embargo, el proyecto recibió un rechazo contundente por parte de los diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, quienes lo ven como un ataque directo al derecho de huelga de los trabajadores. Itai Hagman, de Unión por la Patria, criticó el proyecto calificándolo como un “engaño semántico”, argumentando que la educación no se garantiza solo con evitar las huelgas, sino que requiere una inversión significativa en infraestructura y recursos.
Germán Martínez, jefe de la bancada de Unión por la Patria, aprovechó la ocasión para cuestionar el desfinanciamiento del sistema educativo y señaló que las guardias mínimas propuestas no garantizan la continuidad de la educación, sino que simplemente convierten a las escuelas en una especie de guardería temporal. Además, criticó a quienes minimizan la importancia de la inversión en educación, destacando la falta de presupuesto para programas esenciales.
El proyecto ahora deberá ser tratado en el Senado, donde se espera que continúe generando un acalorado debate sobre el equilibrio entre derechos laborales y la necesidad de garantizar el acceso a la educación en todo el país.
