El oficialismo avanzó, en apenas tres días y sin tener mayoría propia, en la media sanción del megaproyecto de emergencia, que recibió 134 votos a favor y 110 en contra, con más de una decena de facultades excepcionales al Poder Ejecutivo. Así, con esta ley, el Gobierno podrá ejecutar, durante un año, medidas impositivas, previsionales, financieras, administrativas, sociales y sanitarias sin una ley del Congreso.
Semejante avance del Frente de Todos -que se consumaría en el Senado, con la sanción de la ley- fue posible gracias al apoyo de los bloques que responden a Roberto Lavagna, al gobernador cordobés Juan Schiaretti y de otras bancadas provinciales después de 15 horas y media de debate.
El oficialismo no tuvo que ceder demasiado para ello; si bien accedió a una serie de modificaciones al proyecto, éstas no lograban afectar los tres pilares fundamentales de la iniciativa: la suspensión de la actualización de los haberes jubilatorios por 180 días; subas en más de media decena de impuestos -lo que le garantizaría una recaudación equivalente al 1,5% del PBI- y la posibilidad de renegociar el actual esquema tarifario.
«Es la suma del poder público», advirtieron, al unísono, los diputados de Juntos por el Cambio, quienes insistieron en que este megaproyecto tendrá un fuerte impacto impositivo sobre la clase media y productiva del país. El principal bloque opositor rechazó la iniciativa y tampoco dio quorum en el recinto, al igual que los diputados de izquierda. En el debate en particular sólo se disponían a votar a favor tres capítulos del proyecto: la prórroga de las emergencias social y sanitaria y la moratoria fiscal para las PyME.
Ante la intransigencia de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos concentró las negociaciones sobre eventuales cambios al proyecto con los interbloques Federal (que agrupa a los diputados lavagnistas y cordobeses) y Unidad Federal para el Desarrollo, un mosaico de 8 diputados provinciales. De todas maneras, el Frente de Todos no estaba tranquilo; si bien anoche contaba con los votos suficientes para votar en general la iniciativa, su preocupación pasaba por el debate en particular. En efecto, en minoría, en el peronismo temía no alcanzar el número suficiente para imponer, sin cambios, algunos artículos clave.
Uno de ellos es el polémico impuesto llamado País (Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria) que propone gravar con el 30%, por un lapso de 5 años, la compra de billetes y divisas en moneda extranjera: para votar este artículo el oficialismo requerirá una mayoría agravada de 129 votos. El Interbloque Federal tenían previsto insistir, durante el debate en particular del artículo, que este tributo pueda cobrarse a cuenta del impuesto a las ganancias. El bloque de Juntos por el Cambio deslizó que podía acompañar el planteo.
Otro interrogante eran las retenciones agropecuarias y cómo quedaría redactado el artículo final. El ministro de Agricultura, Luis Basterra, estuvo buena parte de la tarde de ayer en la Cámara baja para atender los reclamos de la oposición. De acuerdo al proyecto original, el Gobierno pretende subir las retenciones del 30 al 33% para la soja y del 12 al 15% para el trigo y el maíz, entre otros productos; ayer, tras lo planteos opositores, el presidente Fernández anticipó que la iniciativa incluirá un artículo que establecerá mecanismos de compensación para pequeños productores y cooperativas.
Asimismo, quedó establecido en el proyecto la rebaja del 12 al 8 por ciento de las retenciones al sector petrolero y minero.
Otro de los capítulos más polémicos de la iniciativa se refiere a la suspensión, por 180 días, de la aplicación de la movilidad jubilatoria. «Es, lisa y llanamente, un congelamiento de las jubilaciones», enfatizó el diputado y jefe del radicalismo, Alfredo Cornejo. Pese a los planteos unánimes de la oposición, el peronismo sólo concedió dos modificaciones al proyecto: en primer lugar, exime de la suspensión de la movilidad al régimen especial para docentes; al régimen reparatorio para hijos de víctimas de violencia de género y al régimen jubilatorio específico para docentes universitarios e investigadores científicos.
«Esta ley consagra jubilados de primera y jubilados de segunda», advirtió el diputado Luciano Laspina, expresidente de la Comisión de Presupuesto.
Otra modificación en este capítulo tiene que ver con la elaboración de la nueva fórmula de actualización de los haberes jubilatorios; el peronismo concedió que haya representantes del Congreso en la comisión adhoc y que, de haber un acuerdo, esta nueva fórmula sea traducida en un proyecto de ley a ser discutida por los legisladores.
La maratónica sesión se extendió durante toda la madrugada. Fue un debut tranquilo el de Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados; al menos en la primera parte del debate no hubo cruces entre oficialistas y opositores demasiado subidos de tono. La discusión giró, mayormente, entre la «tierra arrasada» que le achacaban los peronistas a Juntos por el Cambio, y la «suma del poder público» que advertían los ahora opositores con la sanción de esta ley.
En el momento de los cierres, poco antes de las 6, el jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, fue tajante. «La emergencia no se justifica; nos han dicho que no hacemos autocrítica, pero somos grandes, sabemos que se perdió la elección, entre otras cosas, por la política de shock en la salida de los subsidios que el kirchnerismo acumuló por 130.000 millones de dólares. Se nos disparó la inflación, pero también al kirchnerismo le pasó lo mismo, sólo que tenían un ministro que pedía que no le pregunten sobre ello».
Por otro lado, el diputado cordobés dedicó varios minutos al artículo que suspende por 180 días la fórmula de la ley de movilidad jubilatoria, aprobada en 2017. «Desde el fallo Badaro se exigió un índice de movilidad jubilatoria y ahora ustedes vienen por la suspensión, pero no traen otra fórmula. Cuando casi se incendiaba la ciudad, nos decían: «les roban un trimestre a los jubilados», pero ustedes se quedan con un semestre. Acá hay un impuestazo asentado sobre tres patas: el campo, la clase media y los jubilados».
El encargado de cerrar el debate fue Máximo Kirchner, del Frente de Todos. Con críticas fuertes hacia la gestión del expresidente Mauricio Macri, el hijo de la vicepresidenta destacó: «Fue una ‘quijoteada’ pagarle al FMI US$ 9800 millones. Fue una quijoteada cancelar la deuda con el FMI en dos años y medio. Habrá que ver qué nombre le ponemos al haber endeudado al país en solo dos años con el FMI en US$ 44.000».
«Muchos han sido precarizados, han perdido derechos y otros a pesar a tener trabajo formal están dentro de la línea de pobreza. Más ideológico que el gobierno que se fue a la hora de implementar políticas económicas no hubo», dijo.
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